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El PRI y el orgullo de su nepotismo

Aunque no está prohibido, el nepotismo ha arraigado como práctica en el sexenio calzadista

Por: Fernando Trejo Lugo

Aunque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro (LRSPEQ) no lo prohíbe, la práctica del nepotismo ha echado raíces en la administración estatal.

Destaca el caso de Ricardo López Portillo Alcántara, Secretario Particular de la Oficialía mayor, quien es hijo del Secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado.

 

Además de su hijo, su esposa Lourdes Alcántara de la Torre es directora del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) y su hermano Ricardo es Jefe del Departamento de Relaciones Laborales de USEBEQ.

 

“Es el orgullo de mi nepotismo” era la frase utilizada por el expresidente José López Portillo para referirse a su hijo José Ramón, quien se desempeñó como subsecretario de Estado; 37 años después otros López Portillo y demás políticos en el poder aplican en la práctica la célebre frase del ex mandatario.

Familiares de políticos y servidores públicos emanados del PRI han tomado puestos dentro de la nómina de Gobierno del Estado. Algunos de los apellidos que se ubican en los directorios de servidores públicos de las distintas dependencias son: López Portillo Tostado, Landeros, Foyo, Gudiño, Urquiza, Meré Alcocer y García Quiroz.

La remuneración de estos funcionarios oscila entre los 24 mil y los 92 mil pesos.

Dentro de los programas gubernamentales y dependencias también se encuentran familiares de Diego Foyo López, diputado priista que encabeza la Comisión de Participación Ciudadana en la LVII Legislatura.

Fausto Foyo Retana es coordinador del programa Soluciones y Jaime Foyo es funcionario de USEBEQ (supervisor). Los sueldos de los tres, incluido Diego, van entre los 37 mil y los 176 mil pesos mensuales.

El diputado local Diego Foyo admitió que Fausto y Jaime Foyo son familiares suyos. Sin embargo aseguró que cada quien está ahí por sus propios méritos, y que sus familiares están ahí desde antes de que él fuera diputado.

“No estoy aquí por mandato de nadie que no sean los ciudadanos. (Mis familiares) cumplen responsabilidades distintas, son poderes distintos y cada quien es responsable de sus propios actos”, aseveró Foyo López, quien tiene Maestría en Administración Pública por la UAQ.

Por su parte, Pablo y Jorge Meré Alcocer también son parte de la administración pública. El primero se ostenta como coordinador de la protección y promoción de los derechos humanos (en 2012 fue candidato a diputado local por el cuarto distrito) y el segundo es director administrativo de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“La política no ha transitado hacia la modernidad”: Aristóteles Ramírez

La LRSPEQ menciona en su artículo 41 que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, el funcionario debe “abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con las que tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado por afinidad o civil, que deban depender jerárquicamente de él”.

La palabra nepotismo, según la RAE es “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. En Querétaro está permitido.

“La política local no ha transitado lo suficiente hacia la modernidad”, manifestó Aristóteles Ramírez Martínez, coordinador de la Especialidad en procesos electorales y campañas políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El hecho de que familiares de políticos ocupen puestos dentro de la administración pública estatal y municipal requiere la revisión del perfil que tengan estos personajes para cubrir estos cargos, “porque si no, es doblemente injustificado: que sean familiares y que además no tengan el perfil idóneo para cubrir los puestos… Eso nos lleva a pensar en la posibilidad de que no exista un buen desempeño”.

De acuerdo con el especialista, en términos del desempeño, no necesariamente es negativo que haya familiares de funcionarios, pues pueden ser capaces, pero un problema adicional sería que, además de ser familiares, no cubran con el perfil, pues esto tendría consecuencias sociales ‘negativas’, dado que son funcionarios públicos.

Ramírez Martínez, catedrático de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, argumentó que se podría pensar estas acciones como un esquema de privilegios que se deriva del “cómo te apellidas, de quién eres amigo”.

Reconoció que si bien la administración pública “debe llenarse con los cuadros del partido político, esto es diferente a que haya prácticas de amiguismo, que haya compadrazgo”.

La modernidad es un tema que mucho le hace falta al país y a la administración pública, para esto es necesario, se necesita que la gente esté preparada y que tengan el suficiente mérito ya que no es la administración de una empresa familiar, “no es parte del patrimonio personal de los gobernantes”, expresó Aristóteles Ramírez.

Consideró que estas prácticas son una mala señal para los jóvenes que se están en preparación académicamente.

“Por ejemplo los que estudian Ciencia Política, piensan que la única manera de ascender es que tengas un buen apellido, que tengas un buen conecte y no con base en el mérito”, advirtió el académico, quien agregó que por esta razón es necesario el servicio civil de carrera.

‘Fundamental que los gobiernos no se reinventen cada seis años’: Foyo

Por su parte, el diputado Diego Foyo mencionó que “las estructuras de gobierno se forman a partir de hombres y mujeres que el titular del área considera los más adecuados para desempeñar esas funciones, independientemente de cómo se llamen, una persona por tener un nexo familiar con otra no es más ni menos valiosa”.

Quien ha sido integrante de la Mesa Directiva de la LVII Legislatura consideró que no es un grupo selecto los que ocupan los cargos, “creo que los gobiernos son responsabilidad de quienes los encabezan… en algunos casos los resultados no son los que la ciudadanía esperaría, pero esos son responsabilidad de quien los eligió”.

Por último, Foyo López reiteró la necesidad del servicio civil de carrera en la administración pública para lograr que los “estados no se reinventen cada seis años, sino que se de una continuidad a un trabajo de base”. Esto generaría una mayor profesionalización y experiencia para desempeñar un mejor trabajo, concluyó.

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