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El problema de los feminicidios inicia en las instituciones

“A pesar de que se conoce lo que está descrito en el Código Penal como feminicidio, no se nombra como tal porque la palabra genera un miedo en la población y el turismo”, expresó María José Sáenz, activista de Género en Comunidad A.C.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Centro de Justicia para Mujeres han sido omisas en sus labores pues las instituciones que atienden casos de violencia de género y feminicidios terminan revictimizando u omitiendo a las mujeres en sus diversas investigaciones, acusó Marlene Martín Rico, activista del grupo multidisciplinario Generando Igualdad.

El sustento se da en los números, ya que apenas el pasado mes de junio se logró la sentencia por el delito de feminicidio en el caso de Griselda N., ocurrido en el año 2017. Esto pese a que de enero de 2015 a abril de 2018 se tenían registrados más de 66 asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio, según compartió en su momento Maricruz Ocampo Guerrero, miembro del Comité Promotor de la Alerta de Género en Querétaro.

El Código Penal del Estado del Querétaro, en su artículo 126 Bis, enuncia siete circunstancias por las cuales una muerte puede tipificarse como un feminicidio: signos de violencia sexual; que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; que existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que la víctima haya sido incomunicada; que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en contra de la víctima; así como que existan evidencias de que la víctima sufrió violencia física.

Marlene Martín Rico afirmó que con que se cumpla una de estas características es suficiente para que se determine como feminicidio. Además considera que la propia legislación dice que se debe investigar como feminicidio cuando se trata del asesinato de una mujer, “no por homicidio calificado como lo están haciendo”.

Tal como lo enuncia uno de los párrafos del artículo 126 Bis: “en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”. Y, recalcó la activista: “tal pareciera que buscan todas la maneras de dejar la investigación en un mecanismo de solución alternativa, antes de llegar al juez del control. Es como un bloqueo en el ejercicio diario del derecho”.

Buscarlas, no juzgarlas

Por otra parte, insistió en que otro de los factores a analizar es la sentencia que se cumple cuando se trata de un feminicidio: “la pena mínima para el feminicida es mayor que para la pena mínima del homicidio calificado, que es de 15 a 50 años. El feminicidio marca que la pena mínima es de 20 años; entonces tampoco es una razón que digan que es más fuerte el delito de homicidio calificado, porque no es cierto”, aseveró.

Para la activista existe una tendencia al rechazo del seguimiento de los procesos penales: “los tipos de violencia son minimizados. Tal parece que si no hay una movilización real cuando hay una desaparecida las autoridades no activan la cédula de la Alerta Alba [cuando son mujeres mayores de 18 años]. Pero por otro lado, cuando las mujeres son encontradas con vida, que nos debería de dar gusto, salen y dicen que andaba con el novio, para inhibir la denuncia social. Hay que buscarlas, no juzgarlas”.

Difícil probar violencia de género

Una de los principales obstáculos para catalogar como feminicidio un asesinato tiene que ver con presentar las pruebas que demuestre plenamente que la privación de la vida se debe necesariamente a una violencia de género. Liduvina Pérez Olvera, abogada penalista y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recordó que la expresión de género se entiende como la manifestación externa de rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones propios de sociedad, “lo que nos sitúa en que el tipo penal de feminicidio requiere de un sujeto pasivo específico que en este caso lo es una mujer”, advirtió.

Asimismo, al cuestionarle sobre el porqué los operadores jurídicos se resisten a investigar los asesinatos como feminicidios y a acreditar las razones de género en el curso de las investigaciones, Pérez Olvera recalcó la condición ‘sui generis’ del fiscal y el juez para aportar y valorar la evidencia y lo ambiguo de la ley en materia: “lo que se traduce en una carga interpretativa poco precisa para la investigación fiscal y el ejercicio probatorio”.

Palabra genera miedo

Por su parte, María José Sáenz, activista de Género en Comunidad A.C. y colaboradora de He for She Querétaro, sentenció que el desinterés por parte de las autoridades en la tipificación de los feminicidios se debe un asunto de interés político: “tienen otras prioridades como sus intereses electorales, personales y de poder. Y dentro de esos intereses no estamos las mujeres”, consideró.

Además expresó que “a pesar de que se conoce lo que está descrito en el Código Penal [del Estado de Querétaro] que pudiera presumirse como feminicidio, no se nombra como tal porque la palabra feminicidio genera un miedo en la población, en el turismo, en muchas cosas que pueden afectar la inversión extranjera. Entonces, plantean a Querétaro como un lugar en donde no pasa nada”.

El Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género, emitido por la Fiscalía General del Estado de Querétaro infiere que “la falta de investigación y persecución envía mensajes de tolerancia e impunidad de este tipo de violencia y favorece la socialización del feminicidio”.

Se considera dentro del texto que investigar con perspectiva de género debe ser más que un discurso o una intención: “se traduce en acciones concretas que evidencien la forma y el contexto de discriminación, humillación, sometimiento, vejación, degradación, supremacía o crueldad en que el delito se haya cometido”.

Sin embargo, María José Sáenz aseveró que no se llevan a cabo estas recomendaciones: “aquí en Querétaro todavía no se ha activado la alerta de género. Hay ocho recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). Se supone que son obligaciones que cumplir y que se informen de temas de género y otras cosas de perspectiva de género”.

Finalmente, criticó el papel de los medios de comunicación: “me tocó estar en la investigación de feminicidios. Un estudio hemerográfico de feminicidios del 2014 al 2017 y lo que veíamos, era precisamente en los periódicos que estaban descritos todos los rasgos que cabían en el Código Penal para feminicidio, sin embargo en los medios de comunicación no se habla como tal, lo que habla de una cultura machista. No solamente omitían la palabra feminicidios, sino que además era sin perspectiva de derechos humanos. Era muy agresivos con sus notas”.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, de enero a junio de 2018, las mujeres víctimas de presunto homicidio doloso en el estado de Querétaro son 11, y por homicidio culposo 26. Mientras el número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer (que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer) fue de 1 mil 267.

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