El propio gobierno de Calzada violenta sus leyes

Entre las leyes no respetadas por el ejecutivo, se encuentran la de Movilidad y Acceso a la Información

Por: Eduardo Sánchez

A pesar de que durante su sexenio ha exhortado constantemente a “respetar la ley”, el gobernador José Calzada Rovirosa ha violentado al menos tres leyes estatales –de Responsabilidad de los Servidores Públicos, de Movilidad y de Acceso a la Información- y ha tenido omisiones en al menos otras dos, por retrasar su promulgación o publicación pese a que la Legislatura las aprobó.

La más reciente de estas violaciones la dio a conocer el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Aguilera Ortiz, quien el martes 24 de febrero denunció al gobernador y al secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Contraloría del Poder Ejecutivo y la LVII Legislatura local.

La falta en la que incurrieron los servidores públicos, señaló Aguilera Ortiz, fue violentar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, toda vez que ésta no fue refrendada a tiempo y en 2013 los ciudadanos se podían amparar ante ella para así exigir se les devolviera el impuesto sobre el traslado de dominio.

Este hecho habría ocasionado pérdidas económicas en los municipios de San Juan del Río, El Marqués, Corregidora y la capital del estado, por hasta 200 millones de pesos.

Además de esta ley, Calzada Rovirosa también ha violentado la de Movilidad –y su antecesora, Ley de Transporte Público del Estado de Querétaro-, al no expedir un programa anual de transporte, pese a que esta acción está entre sus facultades.

En 2009 José Calzada Rovirosa, en su cargo de mandatario estatal, debió expedir el “Programa Anual de Transporte”, cosa que no hizo en tiempo y forma, de tal manera que agravó lo dispuesto por la Ley de Transporte Público del Estado de Querétaro (hoy, Ley de Movilidad).

Una investigación realizada por este semanario con base en solicitudes a la Unidad de Acceso a la Información Gubernamental (Tribuna de Querétaro 691), advirtió que el mandatario estatal ha incumplido con su labor, puesto que ningún documento en posesión de Gobierno del Estado pudo acreditar la existencia de tal Programa, pese a que la Ley del Transporte Público del estado así lo solicita en su artículo 8°.

“Corresponden al Gobernador del Estado las siguientes facultades:

IV: Expedir el Programa Estatal de Transporte Público que le proponga la Secretaría de Seguridad Ciudadana (…)”.

El gobernador también ha violentado la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro, al no proporcionar la información sobre los gastos que con recurso público ha realizado para difundir las actividades del Poder Ejecutivo en medios de comunicación, pese a que Tribuna de Querétaro ha solicitado en más de 20 ocasiones, vía acceso a la información, la distribución del recurso erogado para publicidad oficial en los distintos medios.

Incluso, su gobierno ha desafiado resoluciones y determinaciones de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), que ante el trámite de recursos de revisión, ha ordenado entregar la información a los solicitantes. Pese a ello el gobierno sólo ha entregado una parte de la información pública que se ha solicitado.

Fallas con Ley de Participación Ciudadana

En enero del 2014, los 25 diputados de la LVII Legislatura aprobaron de manera unánime la Ley de Espacios Cien por Ciento Libres de Humo de Tabaco (que mandaron al Ejecutivo, quien  tenía un plazo de solamente 15 días para realizar alguna observación o de 30 para publicarla).

Ha pasado más de un año desde que los legisladores aprobaron la nueva reglamentación; sin embargo, la nueva disposición sigue sin publicarse en el periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’, y por ello, no ha entrado en vigor.

Líderes de diferentes asociaciones civiles, como es el caso de Gisela Sánchez Díaz de León –quien lidera la Asociación Salud y Género–, así como Enrique Correa Sada, presidente de la Comisión de Salud y Población en la LVII Legislatura, han manifestado su inconformidad por la omisión del mandatario.

“No  hemos tenido avances, aun cuando es una ley por la que hemos luchado durante cinco años las organizaciones de la sociedad civil y quienes participamos para la construcción de la misma”, refirió Sánchez de León.

Otro caso fue el de la Ley de Participación Ciudadana, aprobada por el pleno de la LV Legislatura local durante el periodo 2006-2009 (y cuyo gobierno estatal estaba al mando de Francisco Garrido Patrón), la cual se turnó al Ejecutivo aunque éste nunca la promulgó.

El 20 de marzo de 2012 –y tras un proceso de aprobación, encabezado por los diputados panistas– se creó una nueva Ley de Participación Ciudadana y se mandó también al gobernador en turno.

Transcurrieron los meses, se volvió a violar el plazo para que esta fuera publicada, y el 17 de agosto de ese mismo año, se publicó en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” la Ley de Participación Ciudadana, pero la versión de 2009.

Dos días después, el 19 de agosto, la ley diseñada ese mismo año fue publicada también, situación que provocó la abrogación de la primera.

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