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El “salinato” enterró a la reforma agraria: Académicos

Los ganadores usualmente son empresas inmobiliarias que compran las tierras a precios módicos

Cristo Alejandro Recéndiz

PARA DESTACAR: El principal interés del “salinato” no era privatizar las tierras ejidales, sino preparar el camino para la reforma energética de 2013, para que las empresas mineras y petroleras pudieran entrar en tierras ejidales y explotar los recursos. Carlos Salinas de Gortari privatizó el ejido y a partir de 1992, los dueños comenzaron a vender su patrimonio.

La reforma agraria, como una de las principales demandas de la Revolución mexicana, ha quedado olvidada, sentenció el doctor en Historia por el Colegio de México y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Francisco Javier Meyer Cosío.

Recordó que el expresidente Carlos Salinas de Gortari privatizó el ejido y a partir de 1992, los dueños comenzaron a vender o a rentar su patrimonio. «Tarde o temprano se va hacer latifundio. El latifundio es muy eficaz en términos de producción, pero muy injusto en término sociales», explicó Meyer Cosío.

Añadió que las políticas y los intereses salinistas se basaron en postulados liberales, en los que todo se convierte en mercancía: “creen en la ley de la oferta y la demanda y en la mayor libertad del mercado”.

«Querían deprimir la siembra del maíz, eso lo querían dejar para las llanuras estadounidenses, para que en México sembraran verduras y frutas más rentables. Pero para el campesino tradicional la cosecha del maíz es esencial para la subsistencia”, señaló el investigador.

En 2015, la agricultura generó sólo el 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero en el consumo doméstico, los mexicanos comen 23 kilos de maíz al año en promedio, una cantidad alta, si se toma en cuenta que otros países consumen un kilo o kilo y medio al año, comentó Meyer Cosío.

El historiador añadió que “el mercado extranjero presiona para cosechar otro tipo de cultivos más rentables. Eso fue lo que sucedió con los zapatistas a finales del Porfiriato, cuando las haciendas se enriquecieron con la cosecha de caña. Los hicieron dejar de cultivar maíz y de caña de azúcar no se pueden alimentar”.

Hay que recordar que en Querétaro se dio una reforma muy modesta. El gran impulso de la reforma agraria vino con el gobierno de Saturnino Osornio, entre 1931 a 1935.

 

Reforma del 92, preparó el terreno para privatizar recursos

Por su parte, José Luis Plata, antropólogo y especialista en asuntos agrarios, coincidió en que la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, implicó una contrarreforma agraria.

“La idea es disolver las haciendas y repartir las tierras para miles de campesinos. Después de esto se establece una protección para el campesino y el indígena en donde no se puede vender ni empeñar la tierra, pero en 1992 esta medida se suspende y ahora pueden venderse”, recordó el investigador.

Añadió que el principal interés del “salinato” no era tanto privatizar las tierras ejidales, sino preparar el camino para la reforma energética de 2013, para que las empresas mineras y petroleras pudieran entrar en tierras ejidales y explotar los recursos.

José Luis Plata explicó que actualmente el campesino puede tratar con los empresarios libremente, sin necesidad de acudir con el Estado: «Ahora se pueden explotar los recursos, ya no hay obstáculos», advirtió el académico.

Indicó que en la compra y venta de tierras entre dos ejidatarios ya no interviene el Estado, sólo hay que acudir al Registro Agrario Nacional (RAN). Lo mismo sucede cuando hay contratos de ocupación previa avalados por el gobierno. A corto plazo, existe una iniciativa de reforma al artículo 27, que se podrá ver para el 2017 o 2018.

 

Ejidatarios defienden sus tierras

De acuerdo con Olivo Escamilla, analista de proyectos desde hace ocho años en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), el 80 por ciento de los recursos que se otorgan al campo, provienen del gobierno federal y el otro 20 por ciento, del estatal.

En la actualidad, los criterios para otorgar recursos a los municipios dependen de la eficacia de producción y de los proyectos del campo; «es como una competencia y esto ocurre desde hace cuatro años, hay que recordar que antes cada municipio tenía establecido un presupuesto”, dijo Olivo Escamilla.

Los recursos se entregan a un comité, ya sea estatal o municipal, que está integrado por representantes de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), funcionarios de la Sedea, así como representantes del área agrícola y del área ganadera, aunque cada propietario maneja el dinero de manera independiente.

Además, Olivo Escamilla, apuntó que el crecimiento de las ciudades están absorbiendo las tierras. Los beneficiados son los que compran y regularmente son constructoras de fraccionamientos. Ante el fenómeno, los ejidatarios se han encargado de conservar sus tierras.

El funcionario recordó que el Estado no interviene en la compra y venta de tierras ejidales, a menos que tengan recursos o zonas protegidas. “Sólo es un trato entre el propietario, el comprador y el notario”, señaló.

Por otra parte, también está Agroasemex, una institución que funciona como “una especie de seguro para los ejidatarios”, mediante el cual pueden proteger sus cosechas, aunque la herramienta es poco utilizada, apuntó Olivo Escamilla.

«Casi no hay aseguramientos, los que aseguran son los que tienen cultivos costosos y que exportan hortalizas como chile, zanahoria, jitomate, brócoli. El seguro es más bien para alguien que siembra de manera empresarial, porque el ejidatario sólo siembra maíz o frijol».

 

No podemos competir, reconoce ejidatario

Arturo Luna González pertenece al Ejido de Santa María Begoña y es presidente de la Unión Ejidos “Graciano Sánchez” de El Marqués, organización que representa a 34 ejidos, que se dividen entre tres delegaciones: Chichimequillas, La Griega y El Colorado.

Comentó que con cada aumento del dólar, el precio de los productos del campo se devalúa: “Los pequeños productores no podemos competir con los exportadores. Lo que más siembran en El Marqués es el maíz y el frijol. Nos enfrentamos a problemas económicos, por lo que hacemos tratos con Sagarpa, para mantener un precio estable de nuestros productos”

Luna González explicó que el gobierno no se entromete en la compra y venta de ejidos. Los tratos son individuales y dependen de los propietarios y el comprador. Esa es la razón de que no exista una cifra establecida de lo que vale la tierra.

Añadió que desde hace diez años los ejidos se han visto reducidos debido a la construcción de fraccionamientos y de parques industriales”, aunque muchas personas se niegan a deshacerse de sus tierras

«Las personas no venden sus tierras por el valor que tienen, son muy mal valoradas, la gente las vende por necesidad, pero después ya no hay dinero, se malbarata la tierra, los evaluadores de tierra, cuando hay evaluadores, no son justos», finalizó.

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