Elecciones 2018

Deben IEEQ e INE sancionar al gobernador por proselitismo: experto

Francisco Domínguez Servién, en horario laboral, ha mostrado en reiteradas ocasiones un favoritismo hacia el candidato presidencial por la coalición Por México al Frente.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, al pronunciarse en eventos públicos a favor de Ricardo Anaya Cortés incurriría en infracciones legales y en una clara irresponsabilidad, expuso César Tarello Leal, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En su opinión no es un delito, pero sí está tipificado como una conducta de infracción a la ley electoral. “De acuerdo con el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) tendría que aplicarle una sanción administrativa; o bien, como hizo proselitismo para una campaña federal, tendría que ser directamente el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Unidad Técnica Jurídica, que admitiría un proceso especial sancionador”, explicó el especialista.

El artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al que hace referencia Tarello Leal, estipula los servidores públicos incurren en una infracción cuando difunden, por cualquier medio, propaganda gubernamental dentro del periodo campañas electorales. Más adelante, dicha ley establece que la “utilización de programas sociales y de sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato”.

Asimismo y a través de su cuenta oficial de Twitter (@PanchDominguez), Domínguez Servién, en horario laboral, ha mostrado en reiteradas ocasiones un favoritismo hacia el candidato presidencial por la coalición Por México al Frente; por ejemplo, el 15 de mayo, escribió: “Hoy comí con mi candidato y próximo Presidente de México, @RicardoAnayaC, previo a su evento aquí en #Querétaro. El destino nos mira de frente y nos convoca a tomar decisiones con firmeza, rumbo y responsabilidad, #AnayaPresidente #PorMéxicoAlFrente”.

Cesar Tarello enfatizó en que, aunque el favoritismo se exprese mediante su cuenta personal de Twitter, ello no lo exime de las conductas prohibitivas para funcionarios y servidores públicos que dicta la ley electoral una vez iniciado el proceso electoral.

El investigador indicó que estas medidas provienen de una reforma al artículo 134 constitucional que data del año 2007: “precisamente al año siguiente de una controversial elección. Vimos a un presidente Vicente Fox metiéndose a la cargada en contra de Andrés Manuel López Obrador y a favor del candidato del PAN. Vimos a un sector empresarial publicando desplegados y anuncios en la televisión, diciendo que el señor (AMLO) era un peligro para México y que el otro era una salvación; entonces, este tipo de cosas -que estuvieron tan turbias dentro de ese proceso en el 2006- generaron una gran modificación al año siguiente en la Constitución; se promulgó una reforma al artículo 41, al 134 y a otros artículos, precisamente para limitar el uso en radio y televisión; para limitar ciertas actividades o actitudes que tenían los servidores públicos. Existieron tres reformas entre 2007 y 2016 a propósito de estos artículos para ir afinando cada vez más la oportunidad de que las contiendas fueran equitativas y de que no se usaran los recursos públicos, el peso del Estado o el poder de la economía de ciertos sectores, para favorecer a candidatos en las contiendas electorales, y así acreditar paridad en la contienda”.

Acotó que las obligaciones antes mencionadas comienzan una vez iniciadas las campañas políticas: “se establece por el INE y por los institutos electorales de cada estado el calendario electoral; es decir, se establecen los plazos en que este proceso electoral se disciplinan ciertas actividades”.

En el caso de lo federal, el proceso de las campañas empezó el 30 de marzo de este año. En el caso local, las campañas empezaron el 14 de mayo. A partir de que empieza la época de campañas, entran estos preceptos legales, como el artículo 449, que determina lo que puede y no hacerse.

“Ya no se puede anunciar obra pública, ya no puede hablar a favor y -menos en contra- de un candidato. Empieza esta limitante o restricción de los servidores públicos, en todos los niveles, especialmente en gobernación. Los servidores públicos no pueden hacer actos de proselitismo político”.

Incita a la delincuencia electoral

Por su parte, el expresidente del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), Efraín Mendoza Zaragoza dijo que esto es una incitación a la delincuencia electoral: “El gobernador de Querétaro incita a la delincuencia electoral cuando promueve que los gobernadores emanados del PRI, PAN y PRD articulen su capacidad de operación política para frenar al disidente Andrés Manuel López Obrador”.

El también sociólogo e investigador de la UAQ advirtió que “el gobernador actúa con irresponsabilidad al ocuparse de operaciones electorales. Está confesando lo que desde una gubernatura puede hacerse, o se hace, para atentar contra la equidad de la contienda”, lo que estaría, también, violando el artículo sexto de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que dice: “Los servidores públicos de la Federación, del estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y los candidatos independientes”.

Tarello Leal consideró que es deber del INE y, sobretodo, de los mismos partidos políticos hacer una denuncia por la conducta de Francisco Domínguez Servién: “Me parce que en este momento, en el proceso electoral, es muy difícil que el INE por sí mismo, de oficio, se ponga a actuar, que haga las investigaciones. El INE también funciona con un principio de petición de partes. Son las partes las que lo tienen que pedir y quienes tendrían que estar presentando las denuncias administrativas tendrían que ser los partidos políticos. A los actores políticos, a los contendientes, no les interesa porque le tienen mucho miedo al señor gobernador, a pesar de que está violando la ley. Me parece que el IEEQ, como órgano público, es muy complaciente de los gobiernos”.

Sin embargo, acotó que la ciudadanía también puede denunciar estos actos de proselitismo: “Presentar una denuncia para iniciar un procedimiento especial sancionador ante la Unidad Técnica Jurídica del INE e, incluso, no necesariamente tengo que ir hasta la Ciudad de México, podría presentarla aquí, a través del IEEQ, y ellos se encargarían de turnarla a la Ciudad de México”. Consideró que, si la ciudadanía está inconforme con esto, se debería hacer la denuncia correspondiente.

Finalmente, criticó la conducta por parte de los medios de comunicación al promover actos anticipados de campaña: “Aquí en Querétaro y, eso lo tengo que decir, ya en lo local, los medios de comunicación han favorecido este enrarecimiento. Incluso en Radio Universidad he escuchado programas en donde le hacían entrevista al actual candidato a presidente municipal por el PRI; en Radio Universidad escuchaba a los candidatos del PAN hablando supuestamente de análisis, pero no estaban haciendo análisis, terminaban hablando de propuestas, no muy específicas, pero sí de ejes rectores de una campaña política. Hay que tener mucho cuidado, porque la responsabilidad de mantener un proceso electoral equitativo es de todas y todos”.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba