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En riesgo pobladores por granja avícola en Huimilpan

El reclamo: que la empresa Avícola Gala no cumple con los requerimientos y normativas impuestas por las autoridades ambientales

Foto: Ricardo Lugo

Por: Lourdes Durán Peñaloza

Las tierras una vez habitadas por teotihuacanos, tarascos y otomíes en el municipio de Huimilpan se han convertido en el escenario de una disputa entre la empresa Avícola Gala S.P.R. de R.L. y habitantes de las comunidades de Carranza, Apapátaro, Nuevo Apapátaro, Puerta del Tepozán, El Garruñal y El Zorrillo.

Lo que para algunos representa una fuente de empleo, para otros de traduce en un foco de infección, un caso de impunidad, y un problema de salud pública que autoridades locales, estatales y federales se niegan a reconocer.

La instalación de las primeras granjas en el kilómetro 1.5 del camino a Los Carranza fue el principio de una serie de inconformidades por la falta de permisos de impacto ambiental, el manejo irregular de residuos, la contaminación del aire y subsuelo, los olores fétidos y más aún, el tráfico de influencias, según demuestran documentos en poder de este medio.

A unos días de que se resuelva el caso en los tribunales, parece ser que el conflicto iniciado hace un par de años apenas comienza, lo que cierra con broche de oro la insípida administración del priista Saúl Ayala Cabrera.

El origen del problema

Las inconformidades por el establecimiento de las granjas avícolas se remontan al 2007, año en que empezaron a ser instaladas.

Sin embargo, no fue sino hasta febrero del 2011 cuando se presentó una denuncia de manera formal en la que se exige la aplicación de las normas ambientales.

Cansados de los saludos cordiales, los “quedo de usted” y las promesas de una solución al problema que se han quedado en sólo eso, los pobladores optaron por recurrir a los servicios de un abogado para poner fin al problema por la vía legal.

El reclamo: que la empresa Avícola Gala no cumple con los requerimientos y normativas impuestas por las autoridades ambientales, que establecen la ubicación de este tipo de granjas a una distancia mínima de cinco kilómetros entre cualquier explotación avícola, porcina o ganadera y asentamientos humanos.

Las explotaciones a que se hace referencia incluyen granjas de aves progenitoras y de reemplazo, reproductoras, pollos y pavos de engorda, postura comercial, incubadoras, fábricas de alimentos y aves libres de patógenos específicos, así como rastros y plantas procesadoras de alimentos u otros subproductos.

En Huimilpan, la distancia que separa las casas de Nuevo Apapátaro que colindan con las naves de pollos de engorda apenas y alcanza los 10 metros, mientras los poblados aledaños se ubican a menos de dos.

El temor, la instalación de más naves –el proyecto incluye 42, de las cuales ya hay 24; sobre todo ahora que el tema de las granjas y los huevos se ha puesto de moda por la gripe aviar.

“La gente anda caldeada, enojada”

“Ellos dicen que está clausurada la Norma Oficial Mexicana, que no huele feo, que es pleito entre particulares, que ya se sabía del proyecto y que la gente no está inconforme, cuando nada de eso es cierto”, relató Ricardo Vargas, representante legal de la asociación civil de Nuevo Apapátaro.

Ricardo atestiguó la llegada de los inversionistas a la comunidad de Carranza en el año 2007 –aunque quieran hacer creer a las autoridades que llegaron en el 2000, dijo– y la quema del pastizal para “chamuscar” los árboles.

Fue en ese entonces cuando empezaron a enviar oficios a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) –de los cuales Tribuna de Querétaro posee copias– para manifestar su inconformidad, tanto por la instalación de las granjas, como por la devastación que hicieron al entorno y a la flora silvestre.

Vargas recordó que la delegación de la Profepa, en ese tiempo a cargo de Arturo Eulogio Ortiz Montes, los infraccionó con 10 mil pesos y luego de una clausura de cuatro días continuaron con la construcción de las casetas.

Foto: Ricardo LugoÉse sería solamente el inicio de una larga lista de escritos enviados a diferentes dependencias, a los que le siguió otra lista de respuestas negativas. De inmediato, los inversionistas se ampararon y demandaron al Municipio.

“El 16 de octubre del 2011 nos llaman del Municipio diciéndonos que ya la compañía Avícola Gala cumplía con todos los permisos habidos y por haber y que no tendrían empacho en otorgar las licencias de funcionamiento, construcción y de cambio de uso de suelo para poder operar las granjas”, dijo.

Lo que remató la situación fue que en febrero de 2012 dependencias federales y estatales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Profepa, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) contestaron sus solicitudes, con la novedad de que la empresa Avícola Gala no contaba con ningún permiso: “de nada”.

“Los únicos que aceptan el acto es el Municipio”, exclamó, al tiempo que sobresale a la vista el subrayado con plumón fluorescente en una de las muchas hojas que invaden su escritorio: “NOM-044-200-1955 Campaña Nacional contra la Influenza Aviar”, “NOM-013-200-1994 Campaña Nacional contra la enfermedad de NewCastle en su presentación velogénica” y “NOM-005-200-1993 Campaña Nacional sobre la salmonelosis aviar”.

No obstante, anunció, ninguna autoridad hace algo y todas las dependencias se excusan tras el resolutivo del juez para poder actuar.

La audiencia, programada en un inicio para fines de agosto, se pospuso para fines de septiembre. En lo que eso sucede, el juez del distrito 4 giró una orden en la que se solicita la suspensión definitiva de las construcciones llevadas a cabo en las granjas, aunque habitantes del lugar aseguraron que todavía operan e incluso continúan en construcción.

Ante la pregunta a Ricardo Vargas sobre si no hay posibilidad de que negocien con el Municipio respondió: “la salud de nuestros hijos, de nuestros ancianos y de nosotros mismos no está en posibilidades de que negociemos”.

Agregó: “nosotros ya se lo dijimos a todas las autoridades: si ellos nos dan la respuesta de cómo se negocia una norma oficial mexicana y cómo se negocia una ley, hay negocio.”

 

Desidia de las autoridades, más fuerte que la peste

Inmerso en su mundo de papeles, entre los que se encuentran citatorios, avisos, solicitudes, quejas, fotografías, copias fotostáticas y notificaciones, Vargas espera con ansia la resolución del juez.

Entre la torre de documentos destaca una agenda negra en la que el hombre anota el monto de las cooperaciones que los vecinos hacen para pagar los servicios de la abogada. Las cifras varían desde los miles de pesos, hasta los 50.

En el papel fotográfico se aprecia un paisaje verde. En la vida real, tiras metálicas sobrepuestas en una superficie plana. Ahí, la desesperación supera la peste. La indiferencia de las autoridades locales, así como la inactividad de las estatales y federales es mucho más fuerte que el olor que impera en el lugar.

“Efectivamente, apesta a demonios”: Grupos ambientalistas

Manuel de Anda Garduño, miembro del Consejo Ciudadano de Medio Ambiente del municipio de Querétaro y ex candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura, atribuyó la contaminación y peste que padecen los lugareños a la falta de un plan de manejo de los residuos, cosa con la que aseguró, no cuenta la empresa Avícola Gala.

“La irregularidad que se encontró aquí es que el Municipio sí autorizó, sin que estuviera o se hubiera hecho todo el procedimiento que se debió de haber hecho”, sostuvo.

Añadió que “el estiércol de los pollos está clasificado como un residuo de manejo especial, y como un residuo de manejo especial tienes que tener un procedimiento para su tratamiento”.

Al ambientalista, quien a raíz de una invitación hecha por los habitantes para conocer la zona corroboró que efectivamente se ocasiona una contaminación en cuanto a olores, concluyó que 1) es necesaria la intervención del Estado, 2) el Municipio no puede hacer lo que se le pegue la gana y 3) que tiene que haber un respeto a la normatividad estatal y federal.

Foto: Ricardo LugoEl también abogado consideró que de acuerdo a ciertos fundamentos de la ley podría proceder la demolición, suspensión o clausura definitiva de las granjas, sobre todo si la empresa no cuenta con los permisos de impacto ambiental e hidrológico para el uso de suelo o si fue instalada cuando ya había casas en los terrenos vecinos.

A su parecer, el crecimiento y desarrollo de una empresa no está peleado con la preservación del medio ambiente, siempre y cuando éste se lleve a cabo de forma ordenada sin afectar a terceras personas.

“Si estas construcciones se hicieron ilegalmente, irregulares, y siguen haciendo más, y siguen operando de manera irregular, pues pobre comunidad (…) yo tampoco estaría contento de vivir ahí, junto a esa contaminación y a esa peste”, concluyó.

No es la primera vez que grupos ambientalistas denuncian y exigen que se investiguen las acciones de funcionarios por las afectaciones al medio ambiente debido a la tala de árboles y arbustos sin la aprobación de construcción, o bien, el cambio de uso de suelo.

Al caso del cerro que colinda con las casetas de pollos instaladas en el municipio de Huimilpan se suman los desmontes en el ejido Jurica y el cambio de uso de suelo en la ex hacienda La Solana.

En enero de este año, el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente del municipio de Querétaro acusó a autoridades de la Semarnat, así como de la Profepa, de llevar a cabo acuerdos ilícitos con inversionistas para facilitarles la instalación de negocios en terrenos naturales.

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