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Encubren autoridades venta de droga en Ceresos

“Hay varias personas que trabajan para el director y venden droga adentro”, confesó una familiar de un reo

Por: Lourdes Durán Peñaloza

Familiares de internos recluidos en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de San José El Alto y San Juan del Río denunciaron que “el problema” que las autoridades del Gobierno Estatal no quieren admitir es la venta de droga al interior de las cárceles hecha por personas que trabajan para el Director del Cereso de San José El Alto, Rigoberto Quintanar Guerrero.

Consultadas por este medio, dos mujeres que son familiares de reos de ambos centros penitenciarios desmintieron la versión oficial, la cual señala que la inconformidad va más allá de un par de botas, un uniforme, o una revisión durante las visitas.

“Hay varias personas que trabajan para el director y venden droga adentro. Si no les pagan la droga golpean a los internos. Ése fue el problema”.

Es la madre de un interno (que otorgó la entrevista a cambio de preservar su nombre en el anonimato, por temor a represalias) quien acusó al director y subdirector de seguridad del centro de San José El Alto, Rigoberto Quintanar Guerrero y José Antonio Munitiz Alamilla –respectivamente–, de obligarlos a vender droga, por lo que exige una investigación más a fondo.

“No sé quién está tapando a estas personas, quién las está protegiendo, porque desde que entró gobierno, ahorita éste, y más cuando entró el licenciado Loyola (actual presidente municipal de Querétaro), esas personas tienen más protección. Hacen todo lo que quieren”.

“No hicieron la huelga por una botas o por una revisión; es imposible que no te hagan revisión. Es algo que tienen que hacer ellos por seguridad, tanto adentro como afuera (…) Las botas nunca se pidieron. Estamos pidiendo trabajo y una buena rehabilitación para los internos (…) Uniforme no usan. No sé cómo se basan a decir esas cosas. Aquí el problema es otro”, manifestó la otra mujer entrevistada por este medio, y a quien se tiene plenamente identificada.

 

“Cambian a los reos antes de que llegue Derechos Humanos”

El sábado 12 de enero, la Secretaría de Gobierno estatal informó que 25 internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto iniciaron una huelga de hambre.

De acuerdo con la dependencia, los reos demandaban que se les permitiera usar botas al interior del penal, utilizar el uniforme voluntariamente, y que no se revisara a sus familiares durante las visitas, cosas que no podrían concederse por ser contrarias a las normas de seguridad del penal.

Dos días después del anuncio, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Miguel Nava Alvarado, declaró que, tras haber dialogado con los internos, el organismo llegó a la conclusión de que “no es cierto esto de la huelga de hambre”.

Además de avalar el proceder de las autoridades, el ombudsman aseguró que los derechos humanos de los internos no fueron violentados: “las autoridades del centro lo que hicieron fue poner orden. Hubo una especie de riña entre internos que ponía en riesgo la seguridad”.

Miguel Nava señaló que el organismo tuvo conocimiento de los hechos por una queja que familiares de los reclusos interpusieron ante la CEDH y agregó que lo que generó la molestia de los internos recluidos en el módulo MO-2 fueron las restricciones que las autoridades impusieron una vez establecido el orden.

Visiblemente molesta por las declaraciones del titular de la CEDH, una de las familiares consultadas por este medio aseguró que durante la visita a los internos les informaron que el sábado en la noche apagaron las luces del módulo MO-2 y sacaron a personas que trasladaron al Cereso de San Juan del Río, pero antes de eso las golpearon.

“Esos señores cuando vienen aquí a ver que no pase nada, o sea, Derechos Humanos, entran, pero antes de que entren cambian a los que fueron golpeados, los bajan de la celda, los meten a otra y meten unos nuevos que no tienen nada. Lógico, llega Derechos Humanos y no ve a los golpeados (…) Encontraron a dos en enfermería, cuando le dijeron a Derechos Humanos que no había ninguno (…) En San Juan del Río hay personas que están muy graves”.

Ángeles, familiar de otro interno, manifestó: “A nosotros se nos ha criticado mucho, incluso al principio se nos decía que lo que intentábamos era vulnerar la seguridad, y no es así, porque estamos conscientes del lugar en el que estamos, pero creemos que si de alguna manera nuestros internos están pagando, que no se violen sus derechos y sus garantías”.

“Es una situación compleja para la sociedad. No hay que olvidar que para la sociedad son los malos los que están arriba. Creo que sólo los que estamos inmersos en una situación así podemos entender un poquito lo que está pasando”, expresó.

Ambas conceden la entrevista y acceden a ser grabadas a cambio de mantener el anonimato, por temor a que sus familiares sufran represalias.

 

Pudiese haber una “escuela de criminales” al interior del Cereso: Alejandro Cano

Otro que fijó su postura fue el diputado Alejandro Cano Alcalá, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la LVII Legislatura, quien anunció que realizaría una visita al Cereso de San José El Alto para verificar las condiciones en que se encuentran los internos y conocer “de viva voz” la versión de los mismos.

El legislador anticipó que buscará dialogar con los directivos del centro penitenciario para que se hagan las aclaraciones correspondientes y buscar que tanto las condiciones en que viven los reclusos, como el respeto a sus derechos fundamentales, estén garantizados.

“Si los propios directivos están obligándolos a cometer delitos, entonces estaríamos en presencia de una escuela de criminales, en vez de buscar la readaptación de los internos para que se reintegren a la vida cotidiana (…) Tenemos que ver que no sucedan este tipo de cosas”.

El diputado reconoció que “hay versiones encontradas” en torno al tema, ya que mientras la CEDH dice no haber encontrado ninguna irregularidad, los internos aseguran lo contrario en cartas que envían a través de sus familiares.

Dijo que hará extensiva la invitación a Miguel Nava Alvarado y que espera le acompañen el resto de los diputados que integran la comisión que preside, además de los legisladores de los partidos Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

 

Las quejas han sido una constante

La denuncia de irregularidades al interior de los centros penitenciarios de San José El Alto y San Juan del Río se ha vuelto una constante de las direcciones encabezadas por Rigoberto Quintanar Guerrero y Ramón Fernando García García.

El asunto ha devenido en una serie de cartas –algunas de las cuales Tribuna de Querétaro posee copias– que los internos han dirigido al titular de la CEDH, al Gobierno Estatal y a diversos medios de comunicación, en las que narran las condiciones e irregularidades que se viven al interior de ambos Ceresos.

A los abusos denunciados por familiares de los internos se suma la falta de espacios en los centros penitenciarios.

En septiembre del año pasado, el Subsecretario de Gobierno, Alfonso Jiménez Campos, señaló que solamente había espacio para albergar a 30 ó 35 reos más en el Cereso de San Juan del Río, cuya población supera los 500.

En diciembre, el Secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, anunció ampliaciones y mejoras en los penales de San Juan del Río y San José El Alto, tras reconocer que la ocupación en los centros penitenciarios rebasa el 90 por ciento de su capacidad total.

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