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Entre cifras inciertas y búsquedas ciudadanas: la deuda con las familias de personas desaparecidas en Querétaro

En Querétaro, no existe una cifra única sobre personas desaparecidas, los registros varían entre autoridades y colectivos, y hasta ahora no hay un dato consolidado que permita dimensionar con precisión el problema.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, durante la primera mitad del 2026 se reportaron 91 personas desaparecidas en la entidad, de las cuales 30 son mujeres, siendo 19 de ellas menores de edad y 11 adultas; y 61 hombres, de los cuales 13 son menores y 48 adultos. La mayoría de los casos se concentra en el municipio de Querétaro, con registros adicionales en San Juan del Río, Amealco y Jalpan: sin embargo, estas cifras no coinciden necesariamente con los registros de colectivos ciudadanos de búsqueda de personas.

Datos fragmentados

Actualmente, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía y los colectivos de familiares cuentan con bases de datos propias, sin un mecanismo unificado de actualización o cruce de información. Ante esta situación, el nuevo Consejo Estatal Ciudadano, que tomó protesta formalmente en mayo de 2026, solicitó una auditoría a las autoridades estatales con el objetivo de revisar y contrastar los registros existentes.

Hay varias cifras que maneja cada uno de los colectivos, sin embargo, ninguna de ellas es oficial. Justamente por eso queremos hacer un cruce de todos los colectivos junto con los que tiene la comisión y los de la fiscalía para poder tener un dato real en Querétaro”, señaló César Rangel Ortiz, coordinador del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

Desde los colectivos, también se identifica esta variación en los datos. Brenda Rangel Ortiz, fundadora de Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro, aseveró que las cifras que manejan dentro del colectivo ciudadano sobre las personas desaparecidas en el estado de Querétaro no coinciden con los datos presentados por las autoridades estatales.

Tenemos un número de registro, pero este se mueve porque hemos localizado personas con vida y sin vida…desafortunadamente no hay una relación entre los números que llevamos documentos desde 2009 a la fecha, de las cuales yo creo que se debería pedir a las autoridades y colectivos muestren sus datos y hagamos un cruce para así tener un número real”, declaró Brenda Rangel.

Riesgos en el campo: buscar en condiciones adversas

Paralelo a las acciones institucionales, los familiares que conforman los colectivos ciudadanos realizan labores de búsqueda de las personas desaparecidas en la entidad y denuncian la falta de una investigación eficiente realizada por parte de las autoridades estatales.

A estas condiciones se suman factores sociales y de seguridad; “Lo difícil es desde la difusión de nuestros seres queridos seguimos con la estigmatización de que en algo estaban por eso desaparecieron. Más que amenazas es hostigamiento es social e institucional”, afirmó Brenda Rangel.

Por su parte, desde el Consejo Estatal Ciudadano, el consejero César Rangel reconoció que las condiciones en campo implican riesgos para los buscadores. “La dificultad con la que podemos de repente salir a buscar, la inseguridad… siempre lo hemos vivido, que hay gente que nos está siguiendo. Hay gente que nada más con la presencia física y con la mirada o con el seguimiento pues nos intimida. Entonces, el principal reto que tenemos ahí es la seguridad y también la opacidad por parte de la autoridad para podernos acompañar o simplemente darnos una certeza en ese sentido, de la búsqueda”, manifestó el consejero.

Rezago forense e identificación

Uno de los principales señalamientos de los colectivos se relaciona con la identificación de los restos encontrados en las labores de búsqueda, a lo cual la dirigente del colectivo expresó que es urgente la creación de un verdadero banco forense y la identificación de los más de 72 mil cuerpos que siguen sin ser reconocidos. “Porque seguros estamos ahí están muchos que buscamos”, denunció Brenda Rangel.

De acuerdo con su testimonio, el rezago en identificación impacta directamente en los procesos de búsqueda. “De nada sirve seguir encontrando si no se les está dando una entrega digna ni un seguimiento. ¡Pasarán más de 40 años para que puedan dar claridad de quién son esos restos y cuerpos!”, manifestó la activista.

Desapariciones forzadas

En el estado de Querétaro, de acuerdo con los testimonios recabados, existe un caso documentado de desaparición forzada.

Nosotros solo tenemos documentación de una sola desaparición forzada en Querétaro es el caso de Arturo Rangel y los policías están sentenciados. En las demás desapariciones no hay agentes o autoridades involucradas”, indicó Brenda Rangel.

Sobre este tipo de delito, el coordinador del Consejo explicó que “la desaparición forzada es cuando interviene la autoridad, es decir, que un representante de la fuerza pública ya sea del municipio o del estado, haya privado de la libertad a la persona de manera ilegal y que la hayan puesto a manos del crimen organizado”.

Consejo Estatal Ciudadano

El Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda inició funciones en junio de 2026, tras un proceso legal de nueve años que dio como resultado su integración; entre sus funciones se encuentra el acompañamiento a familiares, así como el seguimiento a las acciones institucionales.

Nuestro enfoque es realmente presionar a la Comisión Estatal de Búsqueda para que realice su trabajo, a la Fiscalía”, explicó César Rangel, y señaló que el consejo ha iniciado trabajos de vinculación con los colectivos de búsqueda presentes en el estado de Querétaro.

El Consejo también planteó la revisión del marco jurídico en materia de desaparición, a lo que César Rangel afirmó que expertos en derechos humanos se encuentran analizando las herramientas legales con las que cuenta la entidad de Querétaro, para poder adecuarlas a las necesidades que presenta la entidad.

Así mismo aseguró que el consejo identificó áreas de revisión en las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que según expresó, una de las principales fallas en el sistema de búsqueda a nivel nacional, es la corrupción institucional.

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