Entre pólvora y crucifijos: la maquinaria cristera de los Urquiza

Como una fotografía de periódico o un recorte conservado de un álbum familiar, la Guerra Cristera suele evocarnos una imagen poderosa y representativa: la del campesino que, con sombrero de palma y ropa cuidadosamente arreglada, porta carrilleras cruzadas sobre el pecho mientras sostiene su fusil. Y como si se tratara de una procesión, avanza detrás de un estandarte que proclama, en letras grandes y llamativas: “¡Viva Cristo Rey y La Virgen de Guadlupe!”. Sin embargo, más allá de las batallas libradas y las balas disparadas, existieron otras formas de participación que resultaron igualmente fundamentales para el sostenimiento del movimiento cristero.

Entre quienes hicieron posible esta resistencia no sólo se encontraban los hombres que combatían en los cerros, también estaban aquéllos que, lejos del frente de batalla, aportaban recursos y poseían los contactos y las influencias. Uno de ellos fue Manuel María Urquiza Figueroa. De origen queretano y profunda tradición católica, difícilmente encajaba en la imagen del cristero popular. No vestía sombrero de palma ni cargaba un fusil al hombro; por el contrario, acostumbraba el traje formal y los zapatos lustrosos. A sus 50 años, de cabello entrecano y complexión robusta, podía encontrársele en los despachos y círculos sociales de la capital queretana. Era un miembro más de las élites regionales, un hombre que a simple vista podía confundirse con cualquier profesionista o notable de su tiempo. No obstante, detrás de aquella apariencia se encontraba alguien que tenía muy claro de qué lado estaba y que no dudaba en responder: “¡Viva Cristo Rey!”, allí donde escuchara la consigna.

Lo que pocos imaginaban era que el campo de batalla de Manuel Urquiza no se encontraba en los cerros ni detrás de un estandarte; estaba dentro de su propio domicilio, ubicado en la calle 16 de Septiembre número 57, en el pleno corazón del Centro Histórico de la capital queretana. Fue ahí donde las autoridades encontraron la maquinaria para reformar municiones y cartuchos de distintos calibres; desde el fusil Mauser empleado por las fuerzas federales hasta aquellos rifles modestos que solían acompañar la vida cotidiana del campesino.

La acusación fue grave y no recaía únicamente sobre él, también alcanzaba a su hermano Francisco, con quien administraba la hacienda de Obrajuelo en Apaseo el Grande, Guanajuato. Ante el Ministerio Público, la denuncia y las pruebas parecían no dejar lugar a dudas: los hermanos Urquiza no sólo habrían incurrido en el delito de rebelión, sino que, además, figuraban como proveedores de municiones y recursos para los grupos cristeros que operaban en la región. Las sospechas se alimentaban también de diversos testimonios. Un militar declaró haber perdido el rastro de los “rebeldes fanáticos” en las inmediaciones de la hacienda Obrajuelo. Otro afirmó que al lograr ingresar a la propiedad, encontró en el comedor un estandarte con la leyenda “¡Viva Cristo Rey y La Virgen de Guadalupe!”, consigna estrechamente asociada a la Guerra Cristera. Para las autoridades, aquellos hallazgos no hacían más que conducir a una misma conclusión: la hacienda no era únicamente una propiedad rural, sino un posible punto de apoyo para la insurgencia.

La respuesta del señor Manuel Urquiza fue tan pronta como una centella. De su puño y letra redactó el oficio donde confirmaba su identidad y defendía su inocencia, exigiendo que le fueran otorgadas todas las garantías necesarias para su justa defensa. Estaba dentro del tablero, uno muy distinto al de los campos y las carrilleras ceñidas al pecho.

La resolución llegó con la misma solemnidad con la que había aparecido su nombre en el expediente. Sin estruendos, sin discusión y casi sin advertencia. Se desiste, decía el oficio, se abandona la acción penal en contra de Manuel Urquiza.

La razón parecía una ironía del destino, aquella maquinaria jurídica que había movilizado a militares y peritos tropezaba con la ausencia de un dato fundamental: los elementos necesarios para hacer efectiva la orden de aprehensión simplemente no aparecían en el expediente. El juzgado encargado de la ejecución parecía haberse desvanecido entre los papeles, como si alguien hubiera arrancado una pieza indispensable de un mecanismo que hasta entonces se presentaba como una evidencia inquebrantable.

La guerra terminó, los acuerdos entre el Estado y la Iglesia finalmente quedaron sellados en 1929. Pero la semilla no había caído lejos del árbol. Aquella causa que alguna vez recorrió los caminos de México entre estandartes y fusiles, encontró nuevas formas de mantenerse viva. Así, los frutos de la Cristiada maduraron en movimientos, asociaciones y organizaciones que recogieron parte de su legado. Entre ellas se encontraría la Unión Nacional Sinarquista, donde el apellido Urquiza volvería a hacerse presente en la persona de uno de sus fundadores: José Antonio Urquiza Septién. Sin embargo, esa es otra historia; una que merece ser contada en sus propias páginas.