Enviará UAQ posicionamiento sobre reforma educativa a Cámara de Diputados
El dictamen no explica estrategias presupuestales para alcanzar universalidad y gratuidad; tampoco señala corresponsabilidad entre Federación y estados en la asignación de recursos para las instituciones públicas de educación superior
El Consejo Universitario, máximo órgano de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), acordó enviar un posicionamiento formal a la Cámara de Diputados, en virtud de encontrar que el dictamen de reforma educativa aprobado en las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Educación este miércoles 27 de marzo, es ambiguo, incompleto y llega a trastocar la autonomía universitaria.
Teresa García Gasca, Rectora del Alma Máter queretana expresó que, en lo que refiere a la obligatoriedad, se establece que le corresponde al Estado el proporcionar las condiciones necesarias para que cualquier persona que lo desee pueda acceder a la educación superior; sin embargo, el documento falla en explicar cuáles serán las estrategias presupuestales para conseguir dicho objetivo.
De igual manera, señaló García Gasca, preocupa que, a fin de hacer cumplir el concepto de gratuidad, se pretenda impedir a las instituciones de educación superior que cobren los servicios académicos – administrativos; que, en el caso específico de la UAQ implicaría dejar de recibir aproximadamente 400 millones de pesos anuales de ingresos propios.
“En ese sentido, el dictamen no precisa cuáles serán los mecanismos para la asignación de estos recursos, suficientes, oportunos y creciente, sobre todo si el objetivo de estos cambios es que la matrícula aumente. De tal suerte entonces que, en términos de obligatoriedad, no se señalan cuáles serán los mecanismos de presupuesto que permitirán que se lleve a cabo la gratuidad; y en términos de universalidad, tampoco se señala cuáles son las instancias que van a tomar la decisión con respecto a la selección de aspirantes y a la aprobación de estudiantes a las diferentes carreras universitarias, algo que, además, trastoca la autonomía universitaria”, manifestó la Rectora.
La Dra. García Gasca apuntó también que es necesario que se establezca en el dictamen, de forma explícita y clara, la corresponsabilidad que debe haber entre la Federación y los estados, en lo que refiere a la asignación de presupuesto suficiente para las instituciones públicas de educación superior.
Ante lo expresado, el Máximo Órgano Universitario aprobó conformar una comisión redactora del pronunciamiento integrada por el Alberto Reyes, de la Facultad de Derecho (FD); Ángel Balderas, de la Facultad de Ingeniería; Marcela Ávila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS); Edgar Belmont, de la Facultad de Filosofía (FFi) y los consejeros estudiantes Perla Calva (FCPS), Luis Flores (FD), Karime Ortiz (FFi) y José Luis Ugalde (FCPS); mismos que serán convocados mañana viernes para hacer expedito el envío del posicionamiento de la UAQ a la Cámara de Diputados, antes de que se discuta el dictamen en el pleno.
Repudia FCPS violencia de género
En otros temas, la estudiante Perla Calva, consejera alumna de la FCPS, leyó un pronunciamiento firmado por 420 mujeres integrantes de la comunidad universitaria, para hacer patente su repudio a la violencia de género, entendida ésta en cualquier ámbito, y exigiendo a las autoridades de la UAQ que se salvaguarde el derecho a vivir una vida libre de violencia, apegándose al Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Violencia de Género, promulgado en agosto de 2018 por la Máxima Casa de Estudios del estado.
En este sentido, la Rectora de la institución invitó a estudiantes, trabajadoras y docentes que hayan sido objeto de algún tipo de violencia de género, a que se acerquen a la Unidad de Atención de Violencia de Género (UAVIG) o a los enlaces que de ella hay en cada unidad académica, para levantar una denuncia formal; a fin de que se pueda iniciar un procedimiento de investigación adecuado.
De agosto a la fecha, la UAVIG ha ingresado 22 quejas, de las cuales 13 derivaron a proceso; y 9 fueron desechadas por no constituir violencia de género.
