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Escasa la legislación en materia de expresión y prensa

La primera reforma al artículo sexto se presentó apenas en 1977

David A. Jiménez

PARA DESTACAR: La reforma al artículo sexto, el 13 de noviembre del 2007, añadió el derecho de réplica como una garantía constitucional, sin embargo, su ley reglamentaria sería promulgada hasta noviembre de 2015, ocho años después. Mientras, el artículo 7, que trata de la libertad de prensa, apenas fue modificado por primera vez, en 2013.

En 100 años se han realizado seis modificaciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula la libertad de expresión en nuestro país. Mientras que el artículo 7, que trata de la libertad de prensa, apenas fue modificado por primera vez, desde 1917, en el año 2013.

Efraín Mendoza Zaragoza, sociólogo y maestro en Historia, destaca en su ensayo “La prensa en los debates del constituyente de Querétaro”, que la evolución de los artículos constitucionales referentes a la libertad de expresión, se presentaban con al avance tecnológico de los medios: “En los días del Constituyente de Querétaro las posibilidades de la comunicación se reducían al papel impreso” destaca.

El artículo sexto actualmente se divide en dos partes: una referente al derecho de acceso a la información y otra sobre el derecho a la información. Este último, apunta el académico, conformado “en virtud de las peculiaridades que la industria de las telecomunicaciones alcanzó, tanto en términos de poder político como de importancia económica y, por supuesto, su amplia influencia en la formación de las mentalidades contemporáneas”.

Por su parte, el artículo 7 constitucional también evolucionó, ya que pasó de prohibir secuestrar la imprenta como instrumento del delito, a referirse a “los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas”. Es decir, tanto computadoras o transmisores.

Por otra parte, la Ley sobre Delitos de Imprenta, promulgada en 1917, apenas fue modificada en un par de artículos durante el 2012, con la finalidad de crear la Ley en Materia del Derecho de Réplica, reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, la Ley de Imprenta, promulgada por Venustiano Carranza, estaría vigente hasta que el Congreso de la Unión legislara las leyes secundarias de los artículos 6 y 7, algo que no ha ocurrido, considera el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza en su investigación.

De la prensa a las audiencias

Desde su promulgación en 1917 y hasta 1977, durante la presidencia de José López Portillo, el artículo sexto permaneció intacto. El primer cambio se presentó con la reforma constitucional de diciembre de 1977, que incluyó en una oración el derecho a la información de todos los ciudadanos.

Después de otros 30 años, el 20 de julio de 2007, al artículo sexto se le agregaron siete párrafos, la mayoría relativos al derecho de acceso a la información pública, en los que se incluyeron mecanismos de acceso, obligaciones de los sujetos para preservarla, atribuciones del órgano garante, así como la exigencia de actualizar constantemente la información.

Sólo cuatro meses después el mismo artículo fue modificado. La reforma del 13 de noviembre del 2007 añadió el derecho de réplica como una garantía constitucional, sin embargo, su ley reglamentaria sería promulgada hasta noviembre de 2015, ocho años después.

Actualmente, el artículo sexto constitucional contempla distintas garantías: la libertad de expresión; el derecho a la privacidad; el derecho a la información, que incluye el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; el derecho de réplica; así como el derecho de acceso a la información pública.

Además de la Constitución Mexicana y de la Ley de Imprenta, otro texto que reguló el derecho a la información fue la Ley General de Radio y Televisión, promulgada en 1960, ante la aparición de nuevos medios audiovisuales y con la pretensión de regular las concesiones del espacio radioeléctrico, así como los contenidos difundidos.

Dicha Ley se abrogó en el 2014, para ser sustituida por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), dentro de la que se incluyó la telefonía celular y fija, los servicios de internet, además de que ya contempla a los usuarios como audiencias activas.

Monarquía o República. Libertad de expresión siempre presente

Las libertades de expresión y de imprenta están consagradas en documentos del siglo XVII, como la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de los franceses.

En México se adoptaron estos derechos desde la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz, en el año de 1812, que consideraba a España como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”.

Sin embargo, el primer documento del “México Independiente” que incluyó las libertades de prensa y expresión, fue el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, que establecía en su artículo 17: “El Gobierno debe proteger y protegerá sin excepción la libertad de pensar, escribir y expresar por la imprenta cualquier concepto o dictámenes, y empeña todo su poder y celo en alejar cuantos impedimentos puedan ofender este derecho”.

Los principios fueron retomados, como una obligación del Congreso General, en la conformación de la Constitución Federal de 1824. Inclusive, los derechos fueron incluidos en Las Siete Leyes (1835), en las Bases Orgánicas de la República Mexicana (1843) y en el Estatuto Provisional del [Segundo] Imperio Mexicano (1865).

Mendoza Zaragoza recuerda que en la Constitución de 1857 se incluyó la libertad de expresión, en su artículo sexto. Posteriormente, en la Constitución de 1917, el texto fue copiado sin ningún cambio y hasta la fecha, algunas oraciones mantienen su redacción original.

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