Escasas recomendaciones en Derechos Humanos
Por: David A. Jiménez / Ana Karina Vázquez
*Dos de tres recomendaciones de 2016 corresponden a posible negligencia médica
PARA DESTACAR: La elección de Miguel Nava fue cuestionada porque era delegado de la PGR de Aguascalientes un año antes de encabezar Derechos Humanos.
Solamente tres recomendaciones habrían sido emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) en lo que va del año, según información publicada por su portal de internet, todas contra el gobernador Francisco Domínguez Servién. Desde que en 2012 inició el periodo de Miguel Nava Alvarado al frente de la Defensoría, solo 22 recomendaciones están consignadas en la página web del organismo.
Dicho portal, en la sección de recomendaciones, presenta solamente dos de estos llamados en 2012 cuando Nava Alvarado obtuvo el cargo; fueron ocho en 2013. Cuatro recomendaciones fueron emitidas en 2014 y cinco durante 2015. Resaltar que no todas las recomendaciones incluyen el expediente completo del caso, limitándose a presentar el asunto.
La primera recomendación del año, emitida el 26 enero, relata la historia de una mujer indígena de 25 años que dio a luz en el Hospital General de San Juan del Río, cuya “inadecuada atención médica así como violencia obstétrica” desembocó en la muerte de su hijo recién nacido. En febrero se presentó un caso similar, al presentarse “irregularidades de carácter administrativo, consistentes en una retardada atención médica, generando violencia obstétrica”, sin embargo el expediente no se presenta completo.
La recomendación del 26 de abril 2016 corresponde a un litigio por una concesión de taxi que le fue negada a la cónyuge del titular tras la muerte de este en 2014; en 2010, el hoy occiso dejó a su esposa como beneficiaria de las placas
Nava, cuestionado de origen
El actual ombudsman queretano, Miguel Nava Alvarado, fue cuestionado a su llegada a la actual Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro en 2013. Habría pasado menos de un año de su supuesta separación como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Aguascalientes. Al respecto, la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro contempla en su artículo 19 que el aspirante a la presidencia del organismo autónomo debió residir los últimos seis años en la entidad queretana.
En dicha elección le fue negada la candidatura a César Pérez Guzmán con el argumento de exceder en 11 años la edad de la convocatoria. Tras ampararse por el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, logró que la elección fuera repuesta, sin embargo se declaró una suspensión del procedimiento de elección y el asunto quedó descartado.
Dentro de las cuestiones más polémicas de su administración, se encuentra la incorporación a su equipo de trabajo a Norma Patricia Valdés Argüelles, exdelegada de la PGR cuando se acusó y encarceló a tres mujeres indigentes de secuestrar a agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones. El caso fue una clara violación a los derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González.
Nava Alvarado podría ocupar otro periodo de cinco años al frente de la Defensoría, siempre que dos terceras partes de la Legislatura Local lo avale el próximo año, 2017.
Mirreyes y cercanos al gobernador
Desde su fundación en 1992, como Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la actual Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro ha tenido cinco presidentes, conocidos también como ombudsman, mismos que según la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro pueden durar hasta cinco años en su cargo.
El que más controversia y desencantos causó a la sociedad civil, fue Adolfo Ortega Osorio, quien ingresó como Visitador Ejecutivo de la extinta CEDH, durante el periodo 2004-2007. Afrontó casos en los cuales no supo responder, de ahí que fuera calificado de forma negativa por asociaciones civiles. Sin embargo, su cercanía con los gobiernos del panista Francisco Garrido y el priista José Calzada, lo mantuvieron hasta 2012 como presidente de dicho organismo.
Ortega Osorio tampoco supo actuar ante el encarcelamiento en 2006 de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acuadadas del supuesto secuestro a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Al contrario, Adolfo Ortega, también conocido por su fama de “mirrey”, en 2007 trajo al presentador televisivo Yordi Rosado para hablar del “Antro Consentido”.
De no impedirse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la propuesta del diputado Eric Salas para fusionar la CEDH y la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), Ortega habría obtenido un organismo autónomo e “inconstitucional” según la misma SCJN.
El sonado caso de la BMW Negra, que dejó impune al posible asesino de Marco Antonio Hernández Galván, le tocó a Pablo Enrique Vargas Gómez. Rompió relación institucional por unos meses con la Procuraduría General de Justicia, encabezada entonces por el actual secretario de gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres, dada su inconformidad con el caso (Tribuna de Querétaro, 17 de junio de 2015).
Sin embargo, en la gestión de Enrique Vargas (2004-2007) existieron críticas, como la omisión a denuncias de agresión u homicidio contra homosexuales.
El 27 de septiembre de 2013, la CEDH pasó a llamarse Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, lo que según la propia ley “brinda un concepto de mayor cercanía de la institución con la sociedad y fomenta en sus trabajadores el valor de servir y defender los derechos fundamentales de las personas”.
