Estudio de Qrobús no tomó en cuenta economía de usuarios

“No tendríamos que estar generando una tarifa a partir de costos, sino de indicadores como la necesidad de moverse, desplazamiento, crecimiento de ciudad; otros más importantes que costos de operación”, consideró el especialista

La tarifa de Qrobús sólo consideró los costos del servicio para los concesionarios y olvidó a los usuarios y su condición socioeconómica, subrayó Enrique Kato Vidal, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y experto en temas económico-administrativos. Al analizar el estudio técnico que avaló el aumento a la tarifa del transporte público, detalló que no se pensó en el impacto a las familias queretanas.

Por lo anterior, el catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración recalcó que al ser un servicio público no debería tener lucro; de ahí que el estudio debió priorizar las necesidades de la ciudadanía: “No tendríamos que estar generando una tarifa a partir de costos, sino de indicadores como la necesidad de moverse, desplazamiento, crecimiento de ciudad; otros más importantes que costos de operación”.

Cabe recordar que el documento que Tribuna de Querétaro presentó la pasada edición arrojó una tarifa técnica de 9.91 pesos y que el excedente era para asegurar una “rentabilidad adicional” en el servicio. Dicho cálculo sólo contempló costos operativos por kilómetro en rubros como trabajadores, refacciones y combustibles, entre otros.

El artículo 162 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro señala que en el estudio técnico debe incluirse un estudio socioeconómico de la población usuaria del servicio y, aunque el documento de 2018 incluye un apartado, “el estudio se queda a mitades para la población usuaria (…) Aunque aparece en el documento no se da impacto sobre la población usuaria, unos pagarán más o menos, y no se desglosa conforme a la ley”.

Por estos números y datos que quedan incompletos, el profesor universitario le puso una calificación de 3 sobre 10 al documento elaborado por el Instituto Queretano del Transporte (IQT) para pasar la tarifa general de 8 a 11 pesos desde el 26 de diciembre pasado.

A la baja los usuarios

Kato Vidal, también doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó además que el documento tampoco presentó los ingresos; lo cual resulta extraño dado que el sistema de prepago —implementado el sexenio pasado— debería facilitar conocer la cifra, inclusive desglosada por tipo de usuarios: “Es momento de solicitar que se dé la información del sistema (…) para determinar cuál es el déficit que tenemos y poder cruzar las rutas de origen y destino”.

Es una parte fundamental conocer los ingresos, ya que, desde su perspectiva, la necesidad real de incrementar el pasaje es porque menos personas utilizan el autobús: “El dinero que reciben los propietarios es directamente el desembolso de familias para tomar el transporte público; el cual no satisface criterios de los usuarios”, remarcó.

Según estimaciones del especialista —con base en estudios técnicos de 2009, 2015 y 2018—, cada año hay un 5 por ciento menos de usuarios del transporte público colectivo. Ejemplificó que en 2009 había 710 mil viajes diarios, mientras que para 2018 hubo un estimado de 453 mil 513; por lo que un punto para regular la tarifa son los usuarios.

La necesidad de incrementar la tarifa abundó, no tiene que ver con los costos, sino que está relacionada con menos ingresos; por lo cual debe incrementar el número de usuarios de tal manera que se puedan distribuir los gastos operativos entre más personas. “En algún momento se dijo que necesitábamos menos autobuses; al parecer ese resultado tiene los efectos que observamos, los costos aumentan. Parece una contradicción”, manifestó Kato Vidal.

Los rostros de Qrobús

También es necesario conocer cuántas personas se hacen cargo de los gastos de Qrobús, pues en un primer momento pareciera que las ganancias —estimadas en 4.3 millones de pesos, según cálculos de Tribuna de Querétaro— se reparten entre los mil 45 camiones; cuando lo cierto es que un grupo reducido de personas poseen dichas unidades: “Sabemos que son pocas personas propietarias y entonces tienen ganancias sumamente elevadas”, apuntó.

Enrique Kato también planteó la duda sobre qué tan fidedigna es la información presentada en el estudio técnico, pues hay algunos rubros que no cuadran con la realidad y otros que no pueden comprobarse: “La tarifa es de 9.91 suponiendo que los costos que están reportados son verdaderos. Dice que todos los operadores son derechohabientes al seguro social, pero sabemos por notas que no es así. Hay otros datos que dicen cuál es el salario de los operadores, que los buses son de ciertos costos. No sabemos si es verdadero”.

Para finalizar, en cuanto a los subsidios, Kato advirtió que el Gobierno del Estado no garantizará los mismos derechos para todos los usuarios preferentes, pues ahora para mantener una tarifa de 4 pesos se debe hacer un cuestionario socioeconómico y esperar si se es beneficiario o no del programa.

“Es un modelo que está a prueba, vinculado con datos directamente domiciliados, hay dudas. Lo que sabemos es que no se tiene que estar financiado a personas en lo individual, sino que tendrían que hacerse derechos generalizados”, finalizó.