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Exigen justicia en feminicidio en Amealco

El responsable del crimen está en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Juan del Río, procesado por “homicidio calificado”. Todavía no se dicta sentencia del caso, señaló el abogado defensor de la víctima, Ángel Sánchez Vicente.

Amealco de Bonfil, Qro.- Pese a tener elementos para considerarse como feminicidio, según el artículo 126 bis del Código Penal de Querétaro, la muerte de Araceli, niña indígena que tenía 12 años de edad, sigue sin reconocerse como tal. Han pasado más de dos años desde su asesinato, el 31 de julio de 2016, a manos de un hombre adulto.

Gloria y Plácida —madre y abuela de Araceli, respectivamente— viven bajo la sombra de la discriminación y el olvido de las autoridades, con los sentimientos de indignación y la sensación de impotencia por lo ocurrido contra la menor de edad, sin que hasta el momento puedan señalar que se ha hecho justicia en el caso.

El responsable del crimen está en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Juan del Río, procesado por “homicidio calificado”. Todavía no se dicta sentencia del caso, señaló el abogado defensor de la víctima, Ángel Sánchez Vicente.

“Era buena mi nieta”

A 40 minutos de la cabecera municipal de Amealco de Bonfil existe una comunidad donde viven casi 3 mil personas, en su mayoría mujeres de origen indígena: San Ildefonso Tultepec. Ahí, Gloria vive con Plácida Blas, su madre, y dos hijas menores de edad.

La casa que habitan está rodeada por milpas que hay que cruzar para llegar a ella; tiene una pequeña cocina en la que usan leña que recolectan, dos cuartos de concreto en construcción sin terminar. Adentro no hay más que una mesa, una cama y un colchón.

Las cuatro mujeres que habitan la casa viven en condiciones que no alcanzan para una vida digna, y padecen discriminación por pertenecer a un grupo indígena. Las dos, que son la cabeza de la familia, carecen de estudios, no tienen una fuente de ingresos fija y sobreviven económicamente de la elaboración de productos artesanales, tales como servilletas tejidas.

En 2014 la vida de Gloria y Plácida comenzó a cambiar; ese año el padre de Gloria falleció debido a consecuencia del alcoholismo. Un año después, su hermano también murió. Sin embargo, el año 2016 representó lo más difícil en sus vidas.

El 31 de julio, Araceli —hija de Gloria, de 12 años de edad— fue golpeada y abusada sexualmente por un hombre de aproximadamente 25 años de edad, que conocía a la menor de edad y cuya vida era “normal” a decir de los habitantes. Por este motivo, Gloria jamás pensó o imaginó que aquél hombre pudiera hacer algo así a su hija.

El cuerpo de Araceli fue encontrado en un arroyo que está a menos de 100 metros de su casa, oculto por plantas de maíz y árboles. Tan sólo unos días, antes Araceli había concluido sus estudios de primaria y tenía planes de entrar a la secundaria de su comunidad. Por las tardes, Araceli ayudaba en las labores del hogar: limpiaba trastes, lavaba su uniforme, ayudaba a cocinar y en ocasiones salía a jugar.

“Era buena mi nieta. Llegaba de la escuela tarde porque está lejos y tenía que caminar, pero nunca se quedaba por ahí —recuerda Plácida Blas— A veces jugaba con las niñas de aquel lado [sus vecinas]”.

Una falda gris, un suéter verde y una blusa blanca eran la ropa habitual de Araceli, cuando pasaba el día en un salón de clases junto a 25 niños de su edad. La señora Plácida acaricia la foto del rostro de su nieta; en la foto Araceli luce cabello suelto y sonríe con la cara en alto. Abajo se lee “Generación 2010-2016”.

El día de la agresión que le provocó la muerte, Gloria y su madre se dieron cuenta que Araceli no estaba. Pensaron que tal vez jugaba con sus vecinos.

Más tarde escucharon las sirenas de una ambulancia y patrullas en las inmediaciones del arroyo donde fue agredida; aunque en San Ildefonso Tultepec la presencia de estas no es extraña, Gloria comenzó a sentir preocupación por su hija, mientras observaba cómo los vehículos se alejaban en dirección hacia la cabecera municipal de Amealco.

Minutos después, una vecina llegó a su domicilio y le preguntó: “¿A poco no es tu hija a la que se llevaron? Trae un pantalón así”, recordó la señora Plácida mientras comienza a llorar. Araceli llegó a una clínica en Amealco de Bonfil, pero no recibió atención médica en ese momento porque las heridas eran de más gravedad en comparación a lo que esperaban, por lo que fue trasladada a un hospital de la capital, donde falleció días después.

Fiscalía no acusa feminicidio

Araceli estuvo internada en el hospital durante ocho días. No obstante, ya le era imposible hablar. Ni Plácida ni Gloria recibieron respuesta a la mayoría de sus preguntas, incluso recordaron que fue un vecino quien les explicó que la menor había recibido un golpe en la cabeza con una piedra, lo que provocó que la menor quedara inconsciente.

Las condiciones en las que Araceli García perdió la vida son las que establece el artículo 126 bis del Código Penal de Querétaro para que deba ser tipificado como feminicidio.

De acuerdo con las últimas reformas de 2013, se establece que se considerará feminicidio si la víctima presenta “signos de violencia sexual de cualquier tipo” o cuando “el cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o paraje despoblado o exhibido por cualquier medio”.

Sin embargo, el hombre que cometió el crimen solamente fue detenido y acusado de “homicidio calificado”. Por ese delito está en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Juan del Río. Ninguna de las dos mujeres sabe con detalle sobre procesos legales. Han tenido que realizar sacrificios para ser escuchadas ante la impunidad que prevalece en el crimen de Araceli.

Han transcurrido más de 800 días. Gloria y su madre se encuentran en su casa, no es un día “normal” para ellas. Dejaron de serlo desde el 31 de julio de 2016. Casi no sonríen y les cuesta hablar sobre lo que sucedió ese día. En sus mentes hay impotencia y frustración.

Gloria y Plácida no se rinden. Mantienen y visibilizan las fotografías de Araceli: sus imágenes permanecen en los cuartos y la casa junto a las fotos de sus hermanas para recordar el hueco. Sus fotografías están allí a la vista de todo el que llega a su casa, porque la familia García Blas no olvida y exige justicia por el asesinato.

Gobierno no quiere perjudicar su imagen

Los dos factores que han impedido catalogar como feminicidio la muerte de Araceli son la ausencia de división de Poderes y que Gobierno del Estado no quiere afectar su “buena imagen”, porque a Francisco Domínguez Servién “no le conviene activar la alerta de género”, señaló Ángel Sánchez Vicente, abogado defensor de las familiares.

“Si hubiera una división de Poderes, el caso de ‘homicidio calificado’ hubiera sido ya clasificado por feminicidio. Pero siempre el poder Judicial recibe órdenes del Ejecutivo y no existe una división de Poderes”, enfatizó el litigante que ha insistido en que el crimen sea catalogado como feminicidio.

Sánchez Vicente señaló que aun cuando hay casos de agresiones y crímenes contra mujeres y presión de organizaciones para activar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), esto no ocurrirá porque las autoridades tratan de mantener una imagen. Un aspecto que también habría que considerar, añadió el abogado, es que en el caso de feminicidio el Estado tiene la obligación de reparar “el daño a las víctimas”.

Durante la entrevista, Ángel Sánchez Vicente señaló que el aumento de la delincuencia también tiene como causa u origen la pobreza, además de que pidió a las autoridades (Fiscalía, ministerios públicos) cumplir su labor: averiguar, integrar “bien” las carpetas y dar seguimiento a las denuncias que llegan de la población.

“La gente casi no tiene la costumbre de denunciar porque la misma autoridad se ha encargado de hacer a un lado al pueblo. Todos sabemos quiénes son las personas golpeadoras, los delincuentes, menos el Estado”, aseveró.

El crimen fue “una atrocidad”: CDI

Por su parte, el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Querétaro, Aurelio Sigala Páez, calificó el asesinato de la menor indígena como “una atrocidad” y un acto que se realizó “con saña”, en 2016.

Entrevistado respecto al tema, manifestó que la Comisión se acercó con la familia de la víctima. Prueba de lo anterior, dijo, es que han apoyado con tratamiento médico a la madre y la construcción de una nueva vivienda para ellas en la comunidad.

“Todavía seguimos apoyando a la mamá porque también requiere tratamiento médico ella (…) Además nos dimos cuenta de las condiciones en las que vivía: una casa prácticamente en condiciones desfavorables y le dimos una vivienda nueva, se construyó el año pasado”.

 

*Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI)

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