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Exigen queretanos juicio a Calderón

Por David Eduardo Martínez

 

En el marco del Congreso Estatal Ciudadano de Derecho Humanos aproximadamente 100 firmantes –ya fuera a título personal o de organizaciones sociales– se adhirieron a la denuncia en la Corte Penal Internacional en La Haya en contra Felipe Calderón.

Como parte del congreso por la conmemoración del 63 aniversario de la Declaratoria de los Derechos Humanos, se leyó un manifiesto, en donde el último punto apoyaba dicha denuncia contra el Presidente constitucional y que refleja “el ánimo generalizado del pueblo para luchar contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales, contra la violación sistemática de los derechos que se señalan en la Constitución mexicana, contra la riqueza que se acumula criminalmente en pocas manos y contra la apatía del Estado mexicano para investigar y castigar los actos con que se agrede día con día a la población”.

El documento, leído al final del evento –realizado en el Teatro de la República– por el académico de la Facultad de Filosofía de la UAQ, Gonzalo Guajardo, destaca que en las últimas décadas se han abandonado proyectos heredados de la Revolución Mexicana.

“En su mayoría, los gobiernos federal y estatales, responsables de realizar aquellos ideales, los han ido haciendo a un lado progresivamente, lo que ha generado mayor marginación, pobreza extrema, ignorancia creciente, formas nuevas de esclavización tácita, estructuras de injusticia e inhumanidad para la mayoría de las clases y los grupos sociales de este país”, sentencia el manifiesto leído por Gonzalo Guajardo.

Entre los 14 puntos que exige el manifiesto, destacan el retirar de las calles a las fuerzas armadas y mejorar las condiciones de vida de la población, para que ésta no se vea obligada a buscar alternativas de supervivencia en el crimen organizado.

Además, se pide que “el Estado mexicano recupere la vocación social y de servicio que la dignidad, los esfuerzos y las aspiraciones de los mexicanos merecen; que sean eliminadas de inmediato las instituciones forjadas por el poder o bajo su amparo para beneficiar a particulares”.

También, se exige un mejor sistema hacendario que vele “porque cada quien entregue a la vida pública lo que tiene que dar según sus recursos, a la vez que cada quien recupere lo que necesite para su vida (‘de cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades’)”.

Advierte que la pobreza y la desigualdad generan problemas sociales y “profundizan las distancias que separan radicalmente a quienes viven la opulencia de aquellos que carecen hasta de lo indispensable. El reparto injusto y desigual de las riquezas nacionales y sociales es una de las claves para entender –y resolver– la situación dramática en que vivimos”.

El documento expresa que no será posible establecer un marco de derechos humanos mientras el Estado siga extralimitándose en sus funciones y los mexicanos no desarrollemos una cultura “incluyente y abierta al diálogo”. Afirma, además, que la lucha por los derechos es un “deber ineludible del ser humano”.

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