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Feminismo: Acecha criminalización a mujeres manifestantes

Con 10 carpetas de investigación por las manifestaciones feministas del 8 de marzo, así como otras más en camino por los hechos del 28 de septiembre, el movimiento feminista se enfrenta a la criminalización de las autoridades que buscan sancionarlas por haber dañado la maqueta de la Alameda Hidalgo y más recientemente el Palacio de Gobierno.

A pesar de las declaraciones del entonces gobernador Francisco Domínguez en el sentido que no habría represalias en contra de las manifestantes, los procesos penales en contra de las acusadas han seguido su curso.

El pasado 6 de octubre se realizó la segunda parte de la audiencia de Ariana, una de las mujeres con carpeta de investigación por los daños acontecidos en la marcha de marzo. Ahí se determinó que no sería vinculada a proceso por daños dolosos a la propiedad pública; sin embargo, el caso no ha terminado.

A raíz de la criminalización de la protesta, colectivas feministas se han replanteado las maneras en las que las manifestaciones se llevan a cabo, así como las formas en las que se pueden proteger para evitar ser perseguidas y acusadas por asistir a concentraciones feministas.

Diana Arlette Chávez, integrante de la colectiva Feminismo Para Todas Mx, señaló que en la administración de Mauricio Kuri la situación no parece cambiar, pues el nuevo gobernador asentó en su primera rueda de prensa que continuarían con las denuncias correspondientes ya que las mujeres dañaron propiedad de “todos los queretanos”.

Sobre esto, agregó que es lamentable que “un gobernador que ganó con el voto de las mujeres” legitime que se criminalice al sector que lo llevó a la gubernatura. Enfatizó que a pesar de vivir en un contexto que se esmera en criminalizar la lucha feminista, eso no impedirá que las manifestaciones sigan. “Las protestas seguirán así cómo sigue la violencia hacia las niñas y mujeres, así como la impunidad para violadores y feminicidas”.

Una persecución no sólo política

Al recordar cómo empezó todo, el pasado 8 de marzo, indicó que no se esperaba una asistencia tan grande, ya que fue la primera marcha realizada desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y que fue sorprendente observar que miles de mujeres acudieron para exigir una vida libre de violencia machista.

“El 9 de marzo a nosotras se nos advierte que se estaba pidiendo información por parte de Fiscalía para señalar a quienes salimos a manifestarnos, pero no lo creímos porque confiamos en las palabras del gobernador” contó la activista al recordar el comunicado que Francisco Domínguez – gobernador en ese momento – emitió con la promesa de que no se levantarían demandas por los daños ocasionados en la protesta.

Fue el 7 de abril cuando en una audiencia privada se giraron las órdenes de aprehensión en contra de diversas mujeres y comenzaron las detenciones basadas en engaños hacia las acusadas. A partir de entonces comenzaron las detenciones arbitrarias e irregulares en contra de varias asistentes a la marcha, lo que llevó a una reflexión colectiva acerca de cómo lidiar con un contexto que reprime la libertad de expresión y el derecho a la manifestación.

La entrevistada contó que como parte de los procesos en contra de algunas de las manifestantes del 8 de marzo se realizó una audiencia el 22 de julio a la que se les advirtió como colectiva que no debían asistir; a pesar de esto, ellas decidieron acudir para apoyar a las acusadas. Sin embargo, la mañana del 22 de julio ocurrió un presunto atentado en contra de Diana en su negocio, donde se reunirían antes de acudir a la audiencia. El sitio fue incendiado.

Se está legitimando la violencia por parte del Estado en contra de aquellas que salimos a manifestarnos y aun así decidimos seguir caminando, seguir articulándonos y seguir manifestándonos” argumentó la entrevistada al expresar que esta criminalización detonó un miedo colectivo entre varias de las compañeras que suelen salir a manifestarse. Destacó que algunas de ellas sufren crisis de ansiedad y tuvieron que generar métodos para volver a perder el miedo de protestar.

Como parte de las estrategias generadas ante este contexto, la colectiva Feminismo para Todas Mx ofrece acompañamiento psicológico y legal en caso de que nuevas órdenes de aprehensión sean giradas ya que a partir de lo sucedido buscaron una representación jurídica que pudiera ser de ayuda contra la criminalización que no sólo es legal sino también social.

Sobre este último punto, Diana menciona que desde siempre la señalización y el acoso moral a las feministas por parte de la sociedad queretana ha sido constante y que no es algo que haya iniciado con la pasada marcha del 8 de marzo. “La criminalización social es una muestra representativa de la violencia que vivimos niñas y mujeres. Nos prefieren muertas que gritando… indigna más una pared, un ladrillo, un vidrio roto, que una niña o mujer violentada. Ninguna violencia contra nosotras ha causado más opiniones de indignación y exigencia de castigo” expresó.

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