Fin de huelga en Cadereyta: entre intereses políticos y control del agua
Luego de 49 días de paro laboral, el municipio de Cadereyta de Montes y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio alcanzaron un acuerdo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para poner fin a la huelga a través del pago de adeudos históricos, un aumento salarial del 4.5 por ciento y la normalización de actividades municipales.
Como parte del convenio, que permitió que a las 10 de la noche del viernes 28 de marzo, la administración encabezada por la presidenta municipal morenista Astrid Ortega Vázquez recibiera las instalaciones hasta entonces ocupadas por el Sindicato y retirara las banderas rojinegras que indicaron el cese de actividades, Cadereyta cubrirá 8.5 millones de pesos de las deudas heredadas con los trabajadores por las gestiones anteriores.
Asimismo, el municipio hará un pago adicional de 2.5 millones de pesos por concepto de salarios caídos, así como de los gastos derivados de la huelga y honorarios legales, un rubro que representa 64 mil pesos, equivalentes a dos meses de sueldo del área jurídica.
El acuerdo también establece un incremento salarial del 4.5%, retroactivo al 1 de enero, cifra que, de acuerdo con la alcaldesa, es superior al promedio estatal.
Además, la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro aportará 2 millones de pesos, que serán entregados directamente al sindicato, y por única ocasión, se distribuirá una bolsa extraordinaria de 250 mil pesos para eventos conmemorativos como el aniversario sindical, Navidad, y celebraciones del Día del Niño, la Madre, el Padre, entre otros.
“Hoy podemos decir con orgullo que logramos un acuerdo sin traicionar los principios de nuestro gobierno, sin hipotecar el futuro de nuestra gente y sin doblegarnos ante quienes han querido frenar la transformación”, declaró Ortega Vázquez al cierre del acuerdo, al que calificó como «histórico».
Una lucha de voluntades políticas que alcanzó la capital
Previo a lograr esta resolución, la presidenta municipal encabezó una movilización a pie desde Cadereyta hacia la capital queretana, que se extendió durante dos días, entre el jueves 27 y el viernes 28 de marzo. La marcha tuvo como objetivo exigir la intervención directa de la Secretaría del Trabajo estatal en la resolución y demandar acceso al pliego petitorio del Sindicato, que —según Ortega— se había negado a dialogar con ella.
Durante la marcha, Ortega fue acompañada por el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, el regidor capitalino Fernando Flores, así como centenares de militantes y simpatizantes de Morena. La caravana culminó en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, en que solicitaron una audiencia con la titular de la dependencia estatal.
En el discurso que pronunció la edil, acusó que el gobernador del estado, Mauricio Kuri, intentó frustrar el trabajo de su administración por temor a que la autodenominada «Cuarta Transformación» de Morena se extienda en las próximas elecciones. Por lo que hizo un llamado a que las autoridades cumplieran su rol de mediación, porque incluso si la huelga hubiera seguido los tres años de su gestión, “antes ardería Querétaro” a que doblegaran a Cadereyta.
Asimismo, acusó una desigualdad histórica en la asignación de recursos y atención de la población de su municipio, así como de otras localidades queretanas fuera de la Zona Metropolitana, en que la gente no tiene el mismo acceso a educación, salud, servicios públicos o necesidades esenciales como el agua.
En ese sentido, Ortega hizo un señalamiento de que, en medio de las tensiones laborales, de fondo se encontraban intereses políticos y económicos sobre el control del agua, puesto que tras veinte años estaba por terminar el acuerdo de gestión hídrica que permite comercializar el agua hacia la capital. Por lo que la alcaldesa morenista ha expresado una intención de plantear una consulta para la municipalización del servicio, del que, hasta ahora, se encarga la Comisión Estatal del Agua.
A pesar de que el acuerdo permitió reanudar labores como la recolección de basura a partir del lunes 7 de abril y la operación con normalidad de la gestión local, la presidenta municipal Astrid Ortega asumió el compromiso de investigar y proceder legalmente contra los daños generados por las administraciones previas, que ocasionaron la deuda de la que devino la huelga.
