Fiscalía de Querétaro: ausencia de un titular, falta de verdadera autonomía y rezago de justicia

A partir de la renuncia del fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, y a la espera de la persona que lo sucederá, es pertinente hablar del detrás de cámaras de esta decisión, y de los resultados que han tenido las llamadas fiscalías “autónomas”.

Desde la tarde del 25 de julio de 2024, cuando Alejandro Echeverría Cornejo renunció de su cargo como fiscal general de Querétaro, mucho se ha especulado sobre las causas de su decisión. Sin embargo, para Juan Gildardo Ledesma Amaya, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el principal factor de tal decisión, fue la “presión política”; que, a su vez, se originó por “la crisis de gobernabilidad que tiene actualmente la administración estatal”.

Rumbo al inicio de la sexagésima primera Legislatura del estado, la cual contará con un 36 por ciento de diputaciones por Morena, y un 32 por ciento por el Partido Acción Nacional (PAN), es que la decisión de Echeverría Cornejo también cobra cierta relevancia. Ledesma Amaya señala que esta renuncia “sería obligada para garantizar un fiscal a fin del gobierno estatal”. Dado que Morena tendrá mayoría en la Legislatura, la administración en turno tratará de evitar que aquel le “termine volteando la jugada”, expresa el también Maestro en Administración Pública Estatal y Municipal.

Cabe recalcar que las fiscalías, como la de Querétaro, se denominan “autónomas” porque son organismos con personalidad jurídica y patrimonios independientes que se rigen bajo sus propias leyes. Es decir, que deben operar sin influencias externas, y que sus funciones no pueden depender de otro poder del Estado, aunque sus acciones sí pueden ser revisadas por otras instancias, como la ciudadanía y el poder ejecutivo.

Al abordar los errores en los que ha incurrido la fiscalía queretana, Ledesma Amaya externa tres en especial. El primero tiene que ver con el rezago de procuración de justicia; que si bien Querétaro se encuentra en la primera posición en el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, realizado por el World Justice Project, señala el Maestro Ledesma que “habría que irnos al día a día de la cantidad de problemas sociales de la entidad”; de los cuales, “muchos son derivados del ámbito de procuración y justicia”.

Otro error que señala, es el de seguir hablando de supuestas fiscalías autónomas; cuando, en realidad, se está recurriendo a “las dinámicas de los fiscales carnales”. Mientras que, como tercer error, recalca que no se respeta “el proceso legislativo correspondiente”, puesto que es atravesado por “el juego político”, por lo que la justicia queda “en un segundo, casi tercer plano”.

Para ilustrar este último caso, el politólogo explica que el fiscal Echeverría Cornejo no completó su gestión de nueve años, como lo indica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro en su artículo 30 bis, y cuando la gobernatura tiene una duración de seis años. Entonces, el error fue que, al término del periodo de Francisco Domínguez Servién como gobernador (2015-2021), llegó Mauricio Kuri González, y al fiscal general solo le faltaban tres años más, los cuales no completó. El hecho “queda en un limbo en el que no está muy claro la procuración de justicia”, insiste el experto.

Además de un titular, a la fiscalía le hace falta verdadera autonomía, y trabajar más estrechamente en el tema anticorrupción. Aunque se presume que Querétaro es un referente institucional en tener una fiscalía en ese rubro, “pareciera que está como mero ornato”, señala el también alumno del Doctorado en Ciencias Sociales por la UAQ.

Decisiones como la del ex fiscal Alejandro Echeverría Cornejo no se dan al azar ni por coincidencia. Aunque pareciera que actúan por el bien de la ciudadanía, los motivos del comportamiento institucional están anclados a algo más que tratan de ocultar. Sin embargo, al tener las “coincidencias” sobre la mesa, se podrá tener otra conclusión; y es al mismo tiempo que los procesos de justicia de deterioran.