Funcionarios acosadores son reflejo de la violencia normalizada: Colectiva Juntas

Para la activista, no son situaciones aisladas, sino que responden al problema estructural de violencia que viven las mujeres.

Los funcionarios públicos que tengan alguna acusación sobre violencia de género, tienen que ser destituidos inmediatamente, sobre todo porque se vive en un país machista y misógino, aseveró Yuriria Pérez Viguera, activista por los derechos humanos e integrante de Colectiva Juntas.

“Es muy importante que se le señale como tal y que se hable de esta violencia que están ejerciendo estos servidores públicos porque justamente el abuso de poder hace que se sigan dando estas situaciones y que se mantenga en la impunidad. El mensaje que nos están dando es que nuestras vidas son desdeñables y que la violencia hacia nosotras es algo normal y algo permisible”.

Lo anterior tras las denuncias por acoso sexual y violencia de género hacia funcionarios públicos, como el presidente municipal de Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco, o Martín Díaz Pacheco, extitular de la secretaría de Desarrollo Sustentable de El Marqués, quien fue destituido.

Agregó que el hecho de que haya funcionarios agrediendo y acosando sexualmente a las mujeres es una señal de que en el estado se necesita trabajar en perspectiva de género, y que no son situaciones aisladas, sino que responden al problema estructural de violencia que viven las mujeres.

Para la activista, es importante seguir señalando estos casos y asegurarse de darle seguimiento para que no se queden en la impunidad, ya que la violencia hacia las mujeres se agrava cuando proviene de un funcionario público.

Cero tolerancia hacia la violencia

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera, refirió que no se tiene previsto emprender medidas por parte del PRI en contra del alcalde que representa a dicha organización en Pinal de Amoles. Isidro Garay Pacheco tiene una denuncia en su contra por violencia de género; el dirigente tricolor señaló que esperarán a que la Fiscalía General del Estado resuelva el caso.

Ante esto, Yuriria Pérez Viguera declaró que estas medidas “decepcionan, pero no sorprenden”, ya que no son capaces de tomar una postura política en favor de los derechos humanos de las mujeres, a menos que se trate de fines electorales. Insistió en la importancia de que los partidos políticos tengan cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.

Más allá de medidas punitivas

Sobre las acciones que deberían llevarse a acabo en las instituciones, para Pérez Viguera la reforma aprobada en el Estado de México es una acción “necesaria y contundente” que debería aplicarse también en Querétaro. Dicho proyecto estableció que no podrán ocupar cargos públicos quienes tengan antecedentes por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género y delitos contra la libertad sexual.

Aunque consideró que las medidas punitivas son necesarias ante la emergencia nacional de violencia de género que se vive en el país, también explicó la importancia de buscar otras medidas que no sean punitivas y que sigan una estrategia más integral con perspectiva de género.