Gasto de Loyola podría violar Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos

El alcalde priista incrementó un 30% el gasto en publicidad respecto a lo gastado porel panista Francisco Domínguez

Por: Fernando Trejo Lugo

Existe responsabilidad administrativa por los 4.5 millones de más que ha gastado el gobierno municipal encabezado por Roberto Loyola en “servicios de comunicación social y publicidad” durante lo que va de 2013, manifestó César Tarello Leal, catedrático de la Facultad de Derecho y especialista en Derecho Constitucional y Defensa contra las autoridades.

“(Este hecho) viola la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del estado de Querétaro al excederse de un presupuesto previamente aprobado”, advirtió el abogado.

Es necesario conocer si existe una aprobación por parte de Cabildo y si la LVII Legislatura sabe sobre este sobre ejercicio, pero más importante es conocer la justificación de este incremento, cual fue la campaña publicitaria o que hechos se tenían que dar a conocer a la ciudadanía, porque si solo es para mostrar al alcalde Roberto Loyola ‘con cachucha, pegando carteles, se podría estar incurriendo en una responsabilidad administrativa, señaló.

“Si bien el señor tiene una protección para efecto de las cuestiones políticas, no queda exento de la responsabilidad administrativa”, afirmó el también catedrático de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía.

El gasto de “servicios de comunicación social y publicidad” de 2012 (último año de la gestión de Francisco Domínguez Servién) ascendió a 19 millones 765 mil 466 pesos por lo que el aumento para este nuevo periodo encabezado por Roberto Loyola Vera fue de un 30% por arriba del incremento que se ha destinado este año para obra pública que fue del 25%.

Tiene “mucho mayor peso” si un regidor presenta la acusación

Tarello Leal, quien tiene una Maestría en Derecho por la UAQ, recordó que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) tiene la responsabilidad de revisar todas las cuentas públicas para encontrar las anomalías en el ejercicio presupuestal.

Este organismo autónomo tiene facultades para iniciar un proceso administrativo y sancionar a quienes resulten responsables, reprendas como un reporte por escrito, una multa, la recesión del funcionario o  su destitución son algunas a las que se pudieran hacer acreedores de comprobarles la falta, cabe resaltar que para el presidente municipal el procedimiento es distinto ya que cuenta con cierta protección ante estos casos.

Un ciudadano puede realizar una denuncia dirigida a Cabildo. Sin embargo tiene “mucho mayor peso” si un regidor, al observar estas actitudes, sea quien presente la acusación, de esta forma la investigación podrá realizarse desde el interior del Ayuntamiento.

César Tarello afirmó que un juicio político si bien puede iniciarse por faltas graves al presupuesto sería muy difícil que procediera, por lo tanto es más factible la sanción administrativa además de que al ciudadano lo que le importa es la responsabilidad patrimonial, es decir que se devuelva lo que se ha malgastado.

‘La justificación que pudieran dar es que salió de un superávit en los aprovechamientos’

Una de las cuestiones que habría que analizar es de dónde surge un extra para gastar en “servicios de comunicación social y publicidad”, cuando uno de los ejes de gobierno es la presunta austeridad.

En este sentido el especialista en Derecho Constitucional y Amparo mencionó que pudo emanar de diferentes rubros así como de otras dependencias, la mejor justificación que pudieran dar es que salió de un superávit en los aprovechamientos, que son las multas, impuestos y otras recaudaciones, sin embargo la pregunta sería “¿por qué gastar de más en comunicación social si hay actividades mucho más importantes que trascienden al beneficio del ciudadano?”.

Otro mecanismo de control interno es el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, este organismo tiene facultades de sancionar, e incluso la ley para el manejo de los recursos públicos del estado de Querétaro menciona que es el responsable de vigilar y verificar el correcto y transparente uso del gasto público.

Pero la realidad es que es el mismo Ayuntamiento es quien lo instaura y se dedican más a supervisar el trato a las patrullas por parte de los policías y en casos más delicados como este no se involucran igual, advirtió el especialista.

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