Gobierno ‘simula’ interés en derechos humanos
“Por más que se cambie de nombre (de la comisión a defensoría), el problema radica en la ética del funcionario”, expresa encargado del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano
Por: Miguel Tierrafría
Juan Adolfo Arellano Hernández, uno de los dos encargados del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, afirmó que en lo que va del sexenio del gobernador José Calzada Rovirosa, el tema ha sido ‘muy opaco’ en el sentido de que no hay un interés real en atender la violación a los derechos humanos, sino más bien una “simulación” de interés por lo que sucede, no sólo a nivel local sino a nivel nacional.
“Es algo que no les interesa, hay una aparente dedicación al asunto pero realmente no les interesa, no les compromete nada. Si no pasa nada, perfecto, si ocurre algo, bueno hay que atenderlo pero no existe una materia prioritaria en ese sentido. Considero que no es una cuestión propiamente estatal, sino que tiene que ver incluso con materia federal (…)
“Desde las campañas ninguno de los candidatos, específicamente menos Enrique Peña Nieto, tenía definido qué iba hacer en materia de derechos humanos: nadie se pronunció por esta situación a pesar de que era urgente a nivel nacional, porque la descomposición en materia de derechos humanos es realmente latente y muy grave”, advirtió el activista.
Como ejemplo, Arellano Hernández señaló la forma y el tratamiento que se ha dado en los medios de comunicación con respecto a las mujeres desaparecidas, en donde se niega la problemática y posteriormente se tipifica de forma distinta al término jurídico acotado a la situación real sobre las mujeres y los familiares de estas.
“Se han documentado casos en donde hay, evidentemente, una sustracción de las mujeres (por no llamarlo secuestro). Está documentado a partir no solamente de este periódico sino de medios nacionales incluso, cómo ha sido sistemáticamente: primero negar el asunto, después hacer como que se trabaja en el sentido de que ‘bueno, aquí están, pero no son bajo la calidad de lo que ustedes están diciendo, las tenemos etiquetadas de otra manera o no encajan directamente en este delito específico de la sustracción.
“No hay una tipificación específica, entonces las tenemos bajo otro esquema, que nos decían al principio, es que son mujeres que se van con sus novios o de repente les da la ‘calentura’ y bueno, son cuestiones que así nos han manejado”, expresó.
Defensoría de los Derechos Humanos del Estado deberá transformar ética de sus funcionarios
Entrevistado con motivo de la reforma en el artículo 33 de la Constitución local en materia de derechos humanos en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pasará ahora a ser Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, Juan Adolfo Arellano planteó que bajo este contexto no cambiará la situación en este tema con solo cambiar la nomenclatura.
Sin embargo, señaló, en otros países como Colombia y España esta figura de Defensoría ya funciona incorporando los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“La reforma, o como quedó escrito ya el párrafo contenido de esa modificación, nos habla de que en el estado de Querétaro ya se va a atener básicamente a los tratados internacionales por ley respecto de que van hacer precisamente ley dentro de la jurisdicción estatal, es decir, entonces todo lo que se haya asignado por el Estado mexicano en materia de derechos humanos.
“Va a tener peso legal específico tanto nacional como estatal para poder ser aplicado y que ningún juez o ninguna autoridad se sienta rebasada en sus funciones y vuelva a rehuir a esa aplicación”.
Arellano comentó que tenemos un sistema en el que la Comisión fue creada bajo un esquema ‘tropicalizado’ podríamos llamarlo así, existe una figura escandinava que era el ombudsman que trató de modificarse y adecuarse al sistema mexicano, pero en otro sistema jurídico más afín a nosotros se encontraba la figura de la Defensoría del pueblo.
“Es una figura que existe ya de bastante tiempo en España y algunos lugares de Latinoamérica, el caso emblemático sería Colombia y el caso particular de España, donde sí funcionan realmente como defensorías y tienen una larga tradición de trabajo en cuanto a esas cuestiones”, explicó.
Arellano Hernández consideró que por más que se cambie de nombre (de la comisión a defensoría o viceversa), el problema radica en la ética del funcionario en el sentido de asumir las recomendaciones y observaciones con la responsabilidad del acto cometido en contra del ciudadano, ya que si esta cuestión no cambia, podrán agregarle más facultades a la defensoría y la situación será la misma.
“El asunto fuerte no es que cambie de nombre, o que se le den o remuevan ciertas facultades, o se le otorgue más dinero, lo realmente grave es que ninguna comisión, procuraduría, defensoría de derechos humanos va a servir en ningún estado mientras el servidor público no se someta al escrutinio de la misma.
“Es decir, el asunto realmente grave es que pueden emitirse infinidad de recomendaciones por parte de las comisiones, de las defensorías, de las procuradurías, pero si el servidor público tiene la piel dura para decir ‘no me importa’, es ahí donde realmente está el problema, en la ética del funcionario público”, finalizó.
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