Gobiernos de PAN y PRI, indiferentes ante caso BMW

Desde la madrugada del 27 de noviembre del 2004 y hasta que el gobernador Francisco Garrido Patrón —del PAN—dejó el poder, transcurrieron cuatro años y ocho meses, sin que el caso del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván fuera resuelto.

El padre de la víctima, José Luis Hernández Guerrero, afirmó que el responsable de la muerte de Marco Antonio Hernández Galván era Federico Ruiz Lomelí y sostuvo que el asesino está libre gracias a la “influencia” que tiene su familia sobre los gobernantes.

Hernández Guerrero advirtió que el caso estuvo “muy manipulado” por gentes del poder desde el inicio. Añadió que en varias ocasiones intentó hablar con el gobernador Francisco Garrido Patrón, con el entonces secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, y con el procurador de justicia, Juan Martín Granados Torres, pero nunca obtuvo una entrevista con ellos.

“En una ocasión, me dice el fiscal Vicente Pérez Hierro: “¿sabes qué?, te pusiste contra un león muy fuerte”. Le digo: “yo no me puse con nadie, a mi hijo me lo mataron, mi hijo no conocía a nadie ni tenía pleito ni nada”.

“No sé por qué me dices que me puse con un león muy fuerte. Yo no tengo que ver con nadie, ni soy un asesino, ni me estoy escondiendo de nada”.

Incluso, el padre de la víctima recordó que en el tiempo en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra el Gobierno del Estado, recibió advertencias por parte del entonces mandatario, quien le mandó a decir que se calmara y abandonara el caso, porque estaba haciendo “mucho ruido”.

Por su parte, el escritor Julio Figueroa Medina, quien ha apoyado a la familia de la víctima y ha exigido justicia en el caso, consideró que las autoridades encargadas de investigar el caso durante la administración de Garrido Patrón se dedicaron a evadir e ignorar el tema, aun cuando la sociedad exigió que se esclareciera el homicidio, mediante cartas públicas y protestas.

Añadió que su objetivo al involucrarse en el caso de la BMW era romper el silencio y mantener un hecho de impunidad en la memoria colectiva, lo cual logró en varias ocasiones mediante protestas y acciones que fueron retomadas en medios de comunicación nacionales.

Una de las manifestaciones de Julio Figueroa fue en el último informe de gobierno de Francisco Garrido Patrón. Durante el discurso, el escritor sacó una pancarta para exigir que se esclareciera el caso del asesinato de la BMW, lo que le costó ser sacado del lugar por el cuerpo de seguridad del mandatario.

“Los golpecitos que recibí, yo entiendo que es parte del trabajo del protestón, del crítico. Por fortuna no pasó a mayores, fueron unos golpes sin consecuencia”, señaló al respecto.

El escritor reconoció que no tiene ningún elemento para acusar a Federico Ruiz Lomelí y que quien señala a éste como responsable es un testigo del homicidio. Explicó que su crítica va dirigida a las autoridades, quienes por incompetencia o encubrimiento no consignaron al responsable de asesinar a Marco Antonio Hernández Galván.

“Acusaría al aparato de justicia, al Ministerio Público número uno, que responde a las órdenes del entonces procurador, Juan Martín Granados Torres, que a su vez responde directamente al Poder Ejecutivo, al gobernador Francisco Garrido Patrón y al secretario de Gobierno, Alfredo Botello, así como hoy al también procurador Arsenio Durán, que tampoco ha hecho nada, absolutamente nada en cinco años, y que también responde a las órdenes del Ejecutivo”, denunció.

La nueva administración 

En el 2009, con la alternancia política en la entidad, el caso quedó en manos del gobierno de José Calzada Rovirosa, quien en el primer día de su administración prometió que en su gestión no habría impunidad y atendería el caso del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván. Sin embargo, el domingo 27 de julio del 2014, justamente el día que el priista rindió su Quinto Informe de Gobierno, se cumplieron otros 4 años y 8 meses sin que el caso sea resuelto.

El padre de la víctima, José Luis Hernández Guerrero, señaló que al inicio del actual sexenio se reunió con José Calzada quien le prometió revisar el caso y hacer justicia; sin embargo, a la fecha el expediente de la investigación no presenta ningún avance y el actual procurador de justicia, Arsenio Durán Becerra, se desentendió del tema.

“Cuando entra el gobernador Calzada, tengo una entrevista personal con él. Me dice que él sabe del caso, que en su gobierno no va a haber impunidad, ni injusticia, que le dé un tiempo para que él vea y hagan un comisionado especial. Voy a ver inclusive al procurador de justicia (…) me dice que lo disculpe, que él no conoce el caso para nada, que si quiero que me ayude, tengo que alimentarlo de información y todo porque el caso lo desconoce totalmente” explicó. 

Sin embargo, señaló José Luis Hernández Guerrero, el actual procurador de justicia mentía, ya que en una etapa de la investigación, defendió legalmente a Juan Vázquez, quien fue señalado por las autoridades como sospechoso y después fue deslindado del caso al comprobarse que su camioneta era de color gris y no negra y que había estado enfermo el día del incidente.

“Le digo (…) en el caso aboga por una persona de nombre Juan Vázquez y el abogado se llama Arsenio Durán Becerra. Solamente que usted no sea, estoy de acuerdo. Como que se molestó, se hizo para atrás. Dijo “sí soy”. Entonces, le digo, sí conoce el caso”.

Por otra parte, el padre de la víctima recordó que cuando se entrevistó con el actual gobernador, al inicio de su administración, éste le prometió darle algunos apoyos, como una beca para que su hijo menor continuara sus estudios, así como una exención en los cobros del servicio de agua potable, dichos que finalmente no cumplió.

“Me comenta que voy a tener el apoyo por ellos, nada más que nunca me da un papel escrito. Estaba pagándome la escuela de uno de mis hijos, estaba estudiando Derecho, pero lo saqué porque me retiraron la beca (…) al final de cuentas, me quitaron la beca. Nunca me llegó el recibo de agua, después de cinco años, me llega un recibo, que les debo 80 y tantos mil pesos”. 

El 27 de junio del 2014, el padre de la víctima se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde entregó una carta. En ella preguntaba en qué punto se encontraba la investigación del caso, cuál era el trabajo hecho por la Procuraduría en el último sexenio y por qué no se había avanzado en la investigación en varios años. Nunca obtuvo respuesta.

José Luis Hernández Guerrero acusó que la administración del priista José Calzada Rovirosa nunca atendió su caso y está esperando a que se cumplan los diez años del homicidio de su hijo para dar “carpetazo” y declarar la prescripción de la pretensión punitiva contra el responsable del homicidio de Marco Antonio Hernández Galván.