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GPS demuestra contradicciones de policías en Caso Lanka-Dellonce

Por Hilda Mariela Barbosa Suárez

A casi dos años de su detención por presuntamente vender droga, Dellonce Miles Pérez González y Lanka Ixchel Juárez Escobedo aseguraron que van a realizar todo lo que esté a su alcance, incluso llegar a instituciones internacionales para que se dé la resolución a la demanda que interpusieron en contra de quien los agredió la noche del 26 de agosto de 2009.

Al respecto Dellonce Pérez advirtió que para la resolución de su denuncia van a recurrir hasta la última instancia internacional disponible.

“Lo que sea que se tenga que hacer, porque ahí están las pruebas, porque no es de que me crean a mí o le crean a los policías, créanle a las pruebas, a la tecnología y ahí solita se cuenta la historia”, explicó Pérez González.

“Contamos con testigos, con testimoniales públicas, con la recomendación de la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos) y con estudios de asociaciones civiles que son patrocinadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de que contamos con pruebas técnicas del GPS, que es el Sistema de Posicionamiento Global”, aseveró.

Al hablar del GPS, Dellonce Pérez entregó a Tribuna de Querétaro las imágenes que les proporcionaron del recorrido de cada una de las patrullas que están involucradas en su caso, la M-821 es en la que los policías dijeron arrestaron a Dellonce y a Lanka, y dicha patrulla –según el GPS– nunca estuvo en el lugar en el que los detuvieron.

La unidad K9 con la que afirman que los detuvieron, según el GPS estuvo estacionada por un tiempo afuera de la casa de los papás de Dellonce y al no ver su carro se movieron al segundo domicilio de los padres de Dellonce en el municipio de Corregidora, lugar en el que estaba la pareja, esperaron a que salieran y fue entonces que los interceptaron.

Por lo anterior, Dellonce lamentó que las acciones que realizaron los policías de la Guardia Municipal no eran de su competencia ya que no están preparados para un operativo como ése y además estuvieron en el municipio de Corregidora, donde ellos ya no tienen autoridad (por ser otra demarcación).

Los policías de Guardia Municipal sostuvieron en sus declaraciones que no tenían una camioneta como en la que refirieron Dellonce y Lanka los habían detenido. No obstante, tiempo después y con la información que obtuvieron los demandantes, la camioneta apareció entre los vehículos de la institución.

Los asesora Colectivo contra la Tortura y la Impunidad

Amnistía Internacional canalizó a Dellonce y a su familia con el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, donde se les realizó el primer Protocolo de Estambul, estudio que demuestra si una persona quedó con daño psicológico después de alguna experiencia. El estudio que se le practicó a Dellonce salió positivo.

Pérez González manifestó que en el colectivo “me ayudaron en terapias y ellos nos ayudarán a llegar a las instancias más altas porque están certificados a nivel nacional e internacional para hacer este tipo de protocolos o estudios y salió positivo”.

Informó que hasta la fecha le han realizado tres veces el Protocolo de Estambul: el primero, la CEDH: salió positivo; el segundo, el colectivo: también salió positivo; el último estudio se lo realizó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a más de un año del acontecimiento, cuando ya había tomado terapias, y salió negativo.

Expresó que insistirán en el tema de la tortura porque tienen las pruebas y “las autoridades no lo quieren aceptar. No se ha resuelto porque están inmiscuidas personas de la procuraduría, de la Guardia Municipal y es pedirle justicia a quien cometió la injusticia”.

PGJ archivó su expediente

Dellonce Pérez indicó que hasta ahora sólo ha buscado en una ocasión el apoyo del gobernador José Calzada Rovirosa, le pidió que le otorgara una cita con el procurador general de Justicia del Estado, Arsenio Durán Becerra, y Calzada “inmediatamente dio la orden de que nos dieran una cita con él y así ocurrió”.

Lo que no le pareció a Dellonce fue que quien lo atendió fue el secretario particular del procurador, por lo que pidió que se le hiciera una cita con Arsenio Durán Becerra, porque deseaba hablar con él, a lo que el secretario le contestó que iba a consultar la agenda del procurador general, porque es un hombre “muy ocupado”.

“El secretario del procurador me dijo que llamara en la semana para ver cuando tenía la cita con Arsenio Durán (…) después de 43 días nos dieron la cita”, recalcó.

Además Dellonce apuntó que para el momento en que se le otorgó la cita con el procurador de Justicia del Estado, ya era muy tarde porque Arsenio Durán le informó que ya habían archivado el caso y que ya no estaba en sus manos. Le recomendó interponer un recurso de revisión ante el juez a quien le habían turnado el caso.

“Tratan de tapar a los policías”

Respecto al tiempo que se han tardado las autoridades para resolver la denuncia que se interpuso, Lanka Juárez señaló que “ha sido un peregrinar para ambos y para nuestra familia, yo creo que ya se tienen los elementos suficientes, ya se entregaron las pruebas a las diferentes instancias para que ya hubiera tomado su cauce”.

La pareja de Dellonce Pérez aseguró que en un principio no sabían por qué les había ocurrido todo ni por qué no se había resuelto, hasta que llegaron a Adrián Saúl Alcántara, actual director de Averiguaciones Previas de la PGJ y director de la Guardia Municipal en agosto de 2009.

“Lo que me viene a la mente es que están tratando de ‘tapar’ a los policías o a alguien más, porque el asunto se ha cerrado tres veces”, refirió.

En cuanto a las acciones que ha tomado el magistrado del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, Óscar García González, Lanka criticó que quien ya estuvo encargado del caso no haya resuelto nada con el argumento que Dellonce sigue aportando pruebas.

“Cuando no es cierto, él ya tiene más de un año que dejó de aportar las pruebas y no ha ido ni para atrás ni para adelante, (el caso) está estancado”.

CEDH cumplió con su parte

Al referirse al apoyo que han recibido por parte de la CEDH, Lanka Juárez aseguró que la institución hizo lo que estaba en sus manos.

“Dio la recomendación y se supone que el presidente municipal la recibió pero parece que no ha acatado todos los puntos que se han dado en la recomendación, lo que se podría pedir de la Comisión es que nos siguiera apoyando, que siga nuestros pasos”, subrayó.

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