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Hace eco represión normalista michoacana

Las medidas tomadas por las policías federales y estatales han tenido como respuesta una serie de protestas no sólo en ese estado

Por: Alfredo Rodríguez / Especial

Morelia, Michoacán.- La intervención de policías federales y estatales en tres normales del estado de Michoacán, y la posterior detención de más de 170 estudiantes, desataron la indignación de varias organizaciones sociales que respondieron con marchas multitudinarias, plantones, tomas de casetas, el cierre dependencias y otras acciones que han puesto en jaque al gobierno del priista Fausto Vallejo Figueroa.

A las protestas de los estudiantes, pertenecientes a ocho normales del estado, se unieron otros grupos.

El más poderoso de ellos, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien sólo como inicio de sus acciones, paralizó el sistema educativo básico en la entidad, lo que dejó sin clases a más de 30 mil alumnos.

Desde el desalojo de los normalistas, las manifestaciones se han presentaron en diversos puntos del estado y las acciones van subiendo de tono.

En distintas regiones, maestros, padres de familia, así como habitantes inconformes, se armaron de palos, piedras y machetes para tomar las oficinas de las presidencias municipales, retuvieron camiones particulares, tomaron casetas y bloquearon caminos.

Además, el conflicto provocó reacciones en otros estados. En Oaxaca, maestros pertenecientes al CNTE protestaron en las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública, secuestraron autobuses y cerraron carreteras.

En el Distrito Federal, integrantes del movimiento #YoSoy132 se manifestaron frente a la sede del PRI. Mientras tanto, en Tlaxcala, estudiantes normalistas tomaron el plantel Benito Juárez, en protesta por el desalojo de los estudiantes en Michoacán.

 

El desalojo de los normalistas

Previo a que estallara el conflicto, la exigencia principal de los normalistas era posponer la modificación al plan curricular de estudios durante un año. Los estudiantes no están de acuerdo con la reforma, ya que, entre otras cosas, les quitaría la posibilidad de obtener una plaza directa al terminar sus estudios.

Ante la negativa de las autoridades para atender sus inconformidades, los alumnos comenzaron a tomar las instalaciones de las ocho normales. La respuesta del Gobierno Estatal fue deslindarse del caso, argumentaron que era un problema de competencia federal. Sin embargo, cuando los estudiantes comenzaron a retener vehículos particulares y conforme creció la presión de los empresarios para resolver el conflicto, Fausto Vallejo lanzó un ultimátum a los normalistas.

El gobernador declaró ante los medios que los estudiantes tenían hasta las 10 pm del domingo 14 de octubre para liberar las unidades o de lo contrario intervendría la fuerza pública. Los normalistas se negaron a entregar los vehículos y por la madrugada policías federales y estatales comenzaron una operación conjunta en tres planteles.

El principal enfrentamiento se presentó en el plantel de Tiripetío, en donde finalmente los policías detuvieron a 168 estudiantes, entre los que se encontraban mujeres y menores de edad. El lugar fue rodeado por 600 elementos policiacos, quienes lanzaron desde el exterior gases lacrimógenos para replegar a los manifestantes. Desde el interior los normalistas respondieron con bombas molotov, piedras e incendiaron vehículos.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en el evento solamente hubo siete estudiantes que presentaron lesiones secundarias, producto de golpes, quemaduras y descalabros, mientras que otros 25 jóvenes tenían heridas menores.

El organismo apuntó que el caso más grave se presentó en el operativo de Tiripetío, donde un policía recibió un disparo en la cabeza.

 

Población respalda a normalistas; empresarios al Gobierno Estatal

Al día siguiente, varios sectores de la sociedad michoacana (entre ellos medios de comunicación, empresarios y políticos del PRI y del PAN) aplaudieron la determinación de las autoridades para aplicar la ley.

Incluso, el argumento utilizado por el gobernador del estado, fue que la decisión de realizar el desalojo estuvo basada en la opinión “de la gran mayoría” de la sociedad michoacana, quien exigía que se aplicara el “Estado de derecho” contra los normalistas.

También, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial del estado de Michoacán, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel local, emitieron su postura y felicitaron al Gobierno Estatal por la decisión de aplicar la legalidad.

Igualmente, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados a nivel federal aplaudió la decisión de Fausto Vallejo.

Sin embargo, la respuesta por parte de ciudadanos y organizaciones indignados fue muy distinta. En Morelia un grupo de personas inconformes, armadas con palos y tubos, llegaron hasta la sede de la Procuraduría de Justicia del Estado y amenazaron con entrar violentamente si no soltaban a los detenidos.

En poblaciones indígenas como Nahuatzen, Cherán y Paracho, comuneros se armaron de palos y piedras para tomar las instalaciones de las presidencias municipales, retuvieron vehículos, entre ellos una camioneta de valores, una pipa de Pemex y una patrulla a la que finalmente le prendieron fuego.

Ese día, las policías federal y estatal volvieron a intervenir en el conflicto y enfrentaron a manifestantes que cerraron una carretera de acceso a la ciudad de Morelia. Luego de ser desalojados, los normalistas entraron a diversas colonias y tomaron camiones de transporte público y de carga, en los que se trasladaron a la sede del CNTE.

Los policías llegaron hasta las instalaciones del CNTE y entraron al lugar para detener a varias personas, entre ellos, al dirigente y al ex dirigente de la organización.

Los líderes horas después fueron liberados y se les ofreció una disculpa, sin embargo, los agraviados anunciaron que se paralizaban las actividades educativas en el estado e incluyeron dentro de sus exigencias la renuncia del gobernador del estado, Fausto Vallejo, por los actos de represión, la detención de líderes y el allanamiento de la sede del CNTE.

 

Crecen las protestas

Con esos acontecimientos al día siguiente, las protestas incrementaron notablemente. Docentes de 22 regiones del estado tomaron 16 casetas de cobro de las autopistas del estado de Michoacán, se suspendieron las clases en las escuelas públicas y se presentaron protestas que incluyeron la toma de las presidencias municipales en municipios como Uruapan, Nahuatzen y Cherán.

En algunos puntos los habitantes amenazaron con realizar acciones más radicales en caso de que no se liberara a los estudiantes.

En el municipio de Paracho, los habitantes aseguraron que de no encontrar una solución, acudirán al Cerro del Águila y derribarían las antenas de telecomunicaciones y repetidoras que pertenecen al gobierno y a empresas particulares.

El discurso de las autoridades ante la escalada de protestas siempre fue rechazar las peticiones de los manifestantes.

José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Educación Pública a nivel federal, apuntó que no cedería a chantajes y que no habría marcha atrás a la reforma curricular. Igualmente, el gobernador del estado, Fausto Vallejo, ante la presión de los normalistas, manifestó que de ninguna manera se negociaría la libertad de los estudiantes consignados.

Sin embargo, la presión social aumentó y para el miércoles 17 de octubre, unas 40 mil personas –según estimaciones de los manifestantes–, realizaron marchas simultáneas en Morelia, las cuales partieron desde los cuatro principales acceso de la ciudad.

Los contingentes llegaron hasta el centro, donde anunciaron la instalación de un plantón definitivo. A la movilización se unieron estudiantes de las normales de Chiapas, Puebla, Guerrero, Durango y el Distrito Federal.

Al día siguiente, el jueves 18 de octubre, sólo ocho de los más de 170 estudiantes detenidos en los operativos de las normales continuaban sin recuperar su libertad.

Los inconformes de inmediato moderaron sus acciones, no obstante, amenazan con realizar acciones cada vez más radicales, hasta que sean cumplidas todas sus demandas. Aseguran que de no ser escuchados, tomarán oficinas de gobierno y negocios particulares, como tiendas de autoservicio, además de vías de comunicación como carreteras y las vías del tren.

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