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Igualdad en la ley no basta para incluir a mujeres en la política, concluyen en foro de la FCPS


Aunque el marco jurídico garantiza la inclusión y protección de las mujeres, hay una violencia que trasciende el ámbito legal y que poco se ha hecho por combatir, coincidieron ponentes en el conversatorio Retos en la Participación Política de las Mujeres que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS).

Tras hacer un repaso histórico acerca de cómo las leyes fueron modificándose para impulsar la participación de las mujeres en la política, Marcela Ávila-Eggleton, directora de la FCPS, cuestionó las estrategias que se han utilizado para evadir una verdadera participación de las mujeres, al cubrir las cuotas de género a partir de suplencias, como últimas opciones o bien asignando candidaturas a mujeres en sitios que están dispuestos a perder.

Por su lado, Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva en Querétaro del Instituto Nacional Electoral (INE), expuso los retos que las instituciones tienen frente a la participación política de las mujeres ya que consideró que la implementación de cuotas de género no es suficiente, sino que falta un largo camino por recorrer. La vocal del INE explicó que es importante avalar no solamente que haya mujeres aportando en el ámbito político, sino que existan las condiciones que garanticen que la participación política de las mujeres sea en circunstancias de igualdad, no discriminación y sin violencia.

Además, añadió que se están ideando estrategias para asegurar el desarrollo pleno de las mujeres en la política, tales como un registro nacional de personas por violencia política contra las mujeres en razón de género lo que da como resultado el asegurar que las personas candidatas no han sido condenadas o sancionadas por violencia familiar, delitos sexuales, intimidad corporal, o deuda alimenticia. Aunado a esto se busca implementar un protocolo específico para quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género.

Ana Lilia concluyó invitando a la reflexión acerca de lo que implica para las mujeres obtener puestos de poder y cómo construir una manera de ejercer que diste de los modos patriarcales; hacer política desde la mirada de una mujer que reconoce la lucha de estar en un espacio de poder y cambio y que da cuenta de la importancia de tomar decisiones a favor de las mujeres.

Tres casos de violencia política

Bajo esta tónica de la violencia institucional contra mujeres, las morenistas Laura Patricia Polo Herrera e Ivonne Olascoaga compartieron su experiencia en la denuncia de violencia política de género. En una mesa de diálogo en Presencia Universitaria, el común denominador fue la dificultad para sacar estos procesos.

La primera en hablar fue la regidora capitalina, Ivonne Olascoaga, quien relató haber ingresado ya seis denuncias por violencia política en razón de género al notar un trato distinto en sus peticiones no sólo por ser mujer sino también por estar con un partido de oposición. La regidora expresó que le negaron información o su entrega era tardía además de que en sesiones de cabildo se sentía incómoda por ciertos tratos de sus compañeros que calificó como micromachismos. A pesar de esto las denuncias no procedieron en razón de género sino únicamente como violencia política.

Un caso similar fue el de Laura Polo, diputada local, quien expresó que a partir de un desacuerdo dentro de una comisión comenzaron las agresiones en su contra en donde no se le permitía expresarse ni dar información sobre el tema que se discutía. La diputada dijo que las autoridades resolvieron que se ejerció violencia política de género contra ella; sin embargo, aunque amonestaron públicamente a su agresor no pasó a más y sigue participando activamente en la legislación.

Algo en lo que coincidieron las participantes fue en que las instituciones encargadas de procesar las quejas y denuncias por violencia política en razón de género no funcionan como deberían; de ahí que repiten prácticas misóginas, ya que entre los mismos miembros se encubren y son amigos de los agresores los encargados de dictar sentencias. Aseveraron que estas instituciones no están preparadas para atender denuncias de esta índole y que les cuesta trabajo entender la violencia política.

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