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Inhiben gobiernos acceso a la información con cuotas económicas

Por Martha Flores

“Información es poder y la solución inventada de los gobiernos para evitar esto, es cobrar para obtenerla, como es el caso de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, donde aún faltan documentos por revelar”, expresó Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive, en entrevista al término de su participación en el evento “La libertad de saber”, organizado por el semanario Libertad de palabra.

Insistir, socializar, utilizar, judicializar y publicar, son los elementos que deben existir, para que se dé la libertad de acceso a la información y por lo tanto democracia, explicó Doyle, quien durante su ponencia en la sala de maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, destacó la problemática de la Universidad en Tailandia, los contratos ilícitos en Sudáfrica y el escándalo Watergate.

La lucha a favor de las normas de transparencia y la obligación del Estado para rendir cuentas, es la que persigue la organización que representa, por lo que aun cuando consideró que a veces es necesaria la fuga de información de casos criminales, desdeñó que sea inminente contar con una especie de Wikileaks en el Estado, con el que se exhiban los abusos y opacidad de la clase política.

“De vez en cuando las fugas sirven muy bien, porque son una vía de información, pero no estoy dedicando mi vida profesional para fomentar las fugas, estoy intentando trabajar con gente seria para cultivar una cultura de transparencia e institucionalizar las normas, regulaciones y leyes que van a obligar a las autoridades a que garanticen nuestro derecho al saber”, señaló.

Hay información pública que los gobiernos mantienen “bajo la caja fuerte”

Documentos como los del Movimiento Estudiantil del 68, son algunos de los que los gobiernos han dejado “bajo la caja fuerte”, explicó la autora del artículo “Los muertos de Tlatelolco. Usando los archivos para exhumar el pasado”.

Consideró que si bien la desclasificación de documentos ha esclarecido sólo un poco la situación, el hecho de que existan varios libros indica que los autores y periodistas han investigado en una manera profunda con base en los documentos desclasificados.

“La realidad es que hay mucho más que hacer y probablemente pensando (en lo particular) en los archivos del Ejército, los documentos militares no están desclasificados, entonces yo podría imaginar una investigación profunda y además un caso judicializado frente a la Corte sobre la falta de documentación del Ejército en ese caso. Hay todavía más investigación que hacer”, puntualizó.

Existen pendientes en la desclasificación de archivos

A 10 años de que se creó el IFAI, la especialista explicó que el panorama de acceso a la información en México representa un paso importante, pues en 1999 ni siquiera se pensaba en la palabra transparencia, los derechos a saber por parte de los ciudadanos ni las obligaciones del Estado; mientras que en el México de hoy, después de una transición política “complicada, imperfecta pero importante”, es enorme la creación de un órgano de garantía como el IFAI.

“Ha sido muy importante en este país. Puedo decirlo con total certeza porque he estado trabajando en países en los cuales tienen una Ley de Acceso a la Información, pero no hay una entidad que garantice su implementación y sufren porque no tiene ninguna figura para cabildear, para intervenir cuando el gobierno rechaza toda información, por eso aunque el IFAI tiene muchos problemas, existen avances que necesitamos impulsar; se queda como una institución importante por el trabajo que está haciendo hoy y por el potencial que tenga para el futuro”, afirmó.

Sin embargo, la Ley de Acceso a la Información, dijo, ha funcionado para abrir más información y documentos coyunturales del momento, pero no para investigar las historias secretas del país, con la decisión del ex Presidente Vicente Fox Quesada de trasladar los documentos de sus dependencias (como los del Servicio de Inteligencia y la Secretaría de Gobernación), al Archivo General de la Nación, por lo que la situación en México en esta materia es complicada, explicó Doyle.

“La desclasificación de documentos en México representó un pequeño paso porque todavía es muy difícil tener acceso a esos documentos que están en el Archivo (General de la Nación), y ésa fue una decisión voluntaria con referencia al artículo en la ley mexicana que dice que la información relacionada a abusos de derechos humanos no puede ser reservada.

“Entonces hay un paso importante, pero todavía hay mucho que hacer sobre la desclasificación de la historia de México”, manifestó.

El acceso a la información es también una tarea individual

Consideró que para hacer efectivo su derecho a ser informados, los ciudadanos en México deben sumar esfuerzos al nivel de comunidad, pero también como una actividad “más individual (…), haciendo fuerza e imponiendo así mayor responsabilidad para los medios de comunicación, las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil”.

Kate Doyle señaló que las universidades deben adquirir mayor responsabilidad al respecto, pues tienen la paciencia y el motivo institucional para hacer ese trabajo.

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