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Iniciativa de Braulio, podría terminar como “Ley chayote”

Gobierno buscaría sustituir obligaciones patronales que le corresponden a las empresas de comunicación: Leopoldo Maldonado

Por: Miguel Tierrafría

El capítulo VIII del proyecto de iniciativa de ley de protección al ejercicio periodístico impulsado por el diputado Braulio Guerra Urbiola (PRI) pudiese conducir a una “Ley chayote”, consideró Leopoldo Maldonado, abogado integrante de la organización Artículo 19, la cual se dedica a vigilar el cumplimiento de la libertad de expresión en el país.

De acuerdo con el integrante del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, entrevistado en el noticiario Presencia Universitaria de Radio UAQ, con el capítulo titulado “Del acceso a los servicios de salud y seguridad social”, el gobierno buscaría sustituir obligaciones patronales que le corresponden a las empresas de comunicación de la entidad, lo que en otros estados se ha denominado “Ley chayote”.

“Preocupa también esta parte, que si bien en un primer momento puede verse como positivo (todas estas prestaciones sociales atendiendo a la capacitación a la vivienda, a la salud, que prevé la ley), existen leyes en otros estados con similares disposiciones que se les han nombrado la ‘Ley chayote’ porque en sí las prestaciones sociales corresponden a los patrones.

“Entonces aquí pareciera que el gobierno al establecer un mecanismo de protección social pretende o quisiera tener ciertos mecanismos clientelares. Es muy preocupante, hay que tomarlas con mucha reserva, en Baja California existe una ley así, una normativa que pretende prestaciones sociales para periodistas, eso sí, es evidente el objetivo que tiene la legislación (…) hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede prestar a malas interpretaciones.”

Faltan mecanismos que regulen comisión

Con respecto a la comisión estatal para la protección del ejercicio periodístico, que está propuesta en la iniciativa, Maldonado aseguró que a dicha comisión establecida en el proyecto de ley le hacen falta mecanismos que regulen sus responsabilidades, así como los procedimientos contra quien atente al ejercicio periodístico en la entidad.

“Falta establecer con claridad los mecanismos, los tiempos, las medidas que se van aplicar, la responsabilidad administrativa y penales contra quien incumpla esas medidas de protección.

“Es decir, falta desarrollar mucho esa parte que pueda dar mucha mayor claridad y certeza jurídica a quien reciba una amenaza, quien está siendo hostigado o incluso quien tiene en peligro su vida y acuda a esta comisión estatal”, explicó.

En este tema de la comisión, que estaría vinculada a la Secretaría de Gobierno y que sería esta instancia gubernamental la que defina quiénes integrarán la comisión, el abogado aseveró que este tipo de mecanismos, en donde se busca combatir una problemática, siempre se busca tener mayoría de servidores públicos, por lo que se tendría que alcanzar un equilibrio entre éstos, integrantes de la sociedad civil y medios de comunicación.

“A nosotros la propuesta de comisión nos parece que en realidad no garantiza la efectividad de las medidas. Al contrario, se necesita una representación más nutrida de la sociedad civil, en concreto de las y los periodistas; ahí pone condicionamientos: son dos periodistas de gran prestigio, lo cual puede ser muy subjetivo y también establece dos representantes de los medios de comunicación y cinco representantes del estado.

“Entonces a mí me parece que sí es necesario que esté equilibrado, que haya más representantes de la sociedad civil y que tampoco pongan cuestionamientos.

“El trabajo periodístico tiene que ser protegido o tiene que tener mecanismos que se tienen que activar por gente que conozca los peligros inherentes a la labor informativa, a mí me parece que la prevalencia de representantes del Estado finalmente puede generar una cierta racionalidad política y discrecionalidad en la implementación de medidas”, señaló.

Ambigüedades en la interpretación de la iniciativa

Leopoldo Maldonado expresó sus percepciones sobre la iniciativa de ley para la protección del ejercicio periodístico en Querétaro, en las cuales advirtió que pudiese haber ambigüedades en la interpretación del contenido del proyecto de iniciativa de ley.

“La definición de periodista es demasiado estricta; está muy por debajo del estándar internacional, establece que el periodista es aquella persona que ejerce la profesión de manera permanente y remunerada.

“Recordemos que a nivel internacional el requisito de permanencia y remuneración no es necesario, es decir, la definición es que dedica parte de su tiempo a recabar, difundir o proveer información. Aquí la ley hace una separación porque establece el concepto de colaborador periodístico: el que se dedica, digamos, de medio tiempo o de manera voluntaria a recabar y difundir información.

“Sin embargo esa separación conceptual no existe a nivel internacional, la protección y tutela va para el periodista en un sentido amplio, no es nada más quien lo ejerce de manera profesional sino también quien lo ejerce de medio tiempo, como una manera de aportar el debate de las ideas”, dijo.

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