INPI desestima autoridades indígenas en Querétaro y reprime la protesta
Representantes de comunidades indígenas del noreste de Guanajuato y del semidesierto queretano denunciaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión actos de represión, omisión institucional y violaciones a sus derechos por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en su delegación de Querétaro, donde comunidades tomaron pacíficamente las oficinas de representación y fueron desalojadas con el uso excesivo de la fuerza.
Durante la rueda de prensa, encabezada por la diputada federal Alma Rosa de la Vega Vargas, estuvieron presentes autoridades indígenas como Genaro Nieves Cruz, del Consejo Otomí-Chichimeca de Bernal; Antonio Ramírez, de San Miguel de Allende, Guanajuato; la activista jurídica Guadalupe Camacho, promotora de un amparo en favor de las comunidades indígenas; y Doroteo Mendieta Osornio, extitular injustamente cesado del INPI en Querétaro y Guanajuato, así como originario de la comunidad hñahñu de Tierra Blanca, Guanajuato.
Una serie de abusos respaldados por las máximas autoridades
En ese espacio, Doroteo Mendieta denunció su destitución forzada e injustificada de la titularidad de la oficina regional del INPI, al no prestarse a la búsqueda de una extensión indebida de funciones para controlar recursos de las comunidades por parte de la coordinadora del Plan de Justicia Otomí-Chichimeca, María del Carmen Álvarez, que ha tenido el respaldo de la ex senadora Jesusa Rodríguez Ramírez y el director general del INPI Adelfo Regino Montes.
Tras las “intromisiones, omisiones e invisibilización de derechos” de las poblaciones indígenas a las que debía representar, los integrantes de diversas localidades queretanas y del guanajuatenses respondieron con la toma pacífica de las oficinas del INPI en Querétaro desde el 24 de marzo para exigir la destitución de María del Carmen Álvarez Juárez como titular y la transparencia en el manejo de recursos destinados a las comunidades.
Como parte de la manifestación en las oficinas de representación asistieron integrantes de localidades queretanas como Colón, Santiago Mexquititlan, Chiteje de Garabato, Amealco, Ezequiel Montes, Bernal, San Francisquito y La Zorra. Así como de Guanajuato se unieron pobladores de Misión Chichimecas, San Luis de la Paz, Tierra Blanca y San Miguel de Allende, entre otras.
Casi un mes después, el 23 de abril, más de 100 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y corporaciones policiacas estatales y municipales realizaron un operativo para desalojar por la fuerza a los manifestantes. Según los denunciantes, no se les ofreció diálogo ni interlocución con autoridades competentes para atender las exigencias sobre el respeto a sus derechos constitucionales.
“Nos respondieron con Ejército, drones y amenazas, no con diálogo. Fue una represión brutal que no puede seguir ocurriendo en pleno siglo XXI”, expresó Doroteo Mendieta,. Además, responsabilizó públicamente a altos funcionarios del INPI si llegaran a existir represalias contra su familia o contra los miembros de las comunidades movilizadas.
Genaro Nieves Cruz, autoridad indígena de Bernal, respaldó la denuncia y señaló que han sido “minimizados e ignorados” por las autoridades que deberían estarles respaldando, pero que en cambio, han decidido desconocer a las representaciones electas por las asambleas comunitarias conforme a sus sistemas normativos. Acusó que el INPI sólo reconoce a representantes impuestos por autoridades municipales, lo que viola el artículo 2 de la Constitución y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Una lucha legal por la autodeterminación de los pueblos: el amparo en Guanajuato
En contraste con la represión en Querétaro, representantes de comunidades indígenas de Guanajuato informaron sobre un avance legal significativo: la obtención de un amparo que obliga al gobierno estatal a incrementar en 10% el presupuesto destinado a pueblos originarios, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
La activista Guadalupe Camacho explicó que el recurso legal, promovido el 30 de octubre de 2024 contra la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a la que cuestionario por su falta de respeto a los derechos de autonomía, libre determinación y formas propias de organización social, política y económica de los pueblos originarios, ya que fue impuesta sin consulta a sus sujetos de derecho.
Camacho explicó que este precedente legal debe celebrarse y replicarse en otras entidades con presencia de comunidades otomí-chichimecas, como es el caso de Querétaro que jurídicamente es un “tercero interesado” por lo que debería homologar los acuerdos legales resultantes.
Por su parte, Doroteo Mendieta Osornio advirtió que las acciones de las autoridades estatales y del INPI contravienen la reforma al artículo 2 constitucional, la cual garantiza el reconocimiento de las formas de autogobierno indígena. Por lo que conseguir el amparo a favor de las comunidades es un paso importante que debe respaldarse con una actuación digna, pero que sigue pendiente el establecimiento de diálogo y la rectificación de los abusos regionales.
Las y los denunciantes exigieron el cese de la represión, el respeto a sus formas de organización comunitaria, el reconocimiento de sus autoridades legítimas y la apertura de un diálogo efectivo con el gobierno federal para resolver las tensiones generadas por el actuar del INPI en la región.
Tribuna de Querétaro intentó contactar a las oficinas regionales del INPI vía telefónica y por correo electrónico, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
