Insensibilidad y torpeza en caso de la Alameda: González Loyola

Recuerda que no ha existido acuerdo entre comerciantes y gobierno

Manuel Alvarado Salazar

PARA DESTACAR: González Loyola Pérez añadió que la segunda gran falacia del argumento de la obstrucción de la vía pública, es que el andador comercial se ha mantenido cerrado por obras, a pesar de que el contrato con la empresa constructora señalaba que sería concluida el 6 de diciembre de 2016.

Las autoridades judiciales determinaron que la acción de la administración municipal de Querétaro, en la que desalojó a comerciantes establecidos en la Alameda Hidalgo, fue inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, confirmó Pablo Héctor González Loyola Pérez, dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP).

No obstante, el líder de los comerciantes recordó que hasta el momento la sentencia no se ha cumplido y aún no existe un proyecto de reubicación que haya sido aceptado por su organización, aunque las autoridades municipales aseguren que a muchos de ellos ya se les otorgó otro espacio.

González Loyola reconoció que algunos comerciantes afectados ya fueron reubicados, aunque aclaró que se trata de un “grupo minoritario”, el cual labora cerca del edificio de la delegación Epigmenio González; recalcó que hasta la fecha no se ha firmado ningún acuerdo de reubicación.

“No tienen un proyecto. Se nos ha presentado toda una lista de terrenos. Todos estos terrenos están baldíos. Algunos de ellos están con montones de tierra, con hierba, con piedras. Están metidos entre colonias que apenas se están formando. Esa ha sido la propuesta por parte del secretario de gobierno municipal, quien ha conducido el asunto con notable insensibilidad y torpeza. La imposición ha sido la constante”, denunció el exlíder del PRD.

González Loyola Pérez recalcó que los comerciantes desalojados de la Alameda contaban con todas las licencias y los pagos requeridos. “El acto en sí fue una arbitrariedad, y así lo determina finalmente la sentencia de ambos juicios federales. No hubo respeto a los derechos humanos”, sentenció.

“Se hicieron dos juicios de amparo: uno llegó ante la juez tercera de distrito de asuntos federales y fue el número 1241/2016, y el número 1242/2016 sigue ante la juez cuarta de distrito. Este juicio es promovido por los compañeros tianguistas, el último día hábil para poderlo hacer, es decir, 15 días hábiles después del desalojo, tras lograr encontrar un abogado defensor”.

Por otra parte, consideró que el argumento legal, utilizado por las autoridades municipales, quienes acusaron a los comerciantes de obstruir la vía pública es falso: “Una mentira del tamaño del cielo, porque había cuatro andadores instalados por la propia autoridad municipal y está probado en los juicios de amparo, cuando presentamos acuerdos firmados con las administraciones municipales anteriores.

González Loyola Pérez añadió que la segunda gran falacia del argumento de la obstrucción de la vía pública, es que el andador comercial se ha mantenido cerrado por obras, a pesar de que el contrato con la empresa constructora señalaba que sería concluida el 6 de diciembre de 2016. “Se presentan grandes irregularidades, una tras otra”.

El líder de la UCFCP recordó que desde 1990 los comerciantes de la Alameda han llegado a acuerdos con las diferentes administraciones locales, tanto panistas como priistas, para mantener ese espacio como un “santuario” para el comercio popular.

No obstante, la actual administración panista, desalojó dicho espacio en un operativo en el que participaron más de 300 policías estatales y municipales, el cual se ejecutó a las tres de la madrugada, del 19 de junio de 2016.

Tianguis Alameda: un emporio criminal, considera MAV

En declaraciones recientes ante miembros de la Federación de Colegios y Asociación de Profesionistas de Querétaro (Fecapeq), Marcos Aguilar Vega, edil capitalino, recalcó que el espacio anteriormente ocupado por los tianguistas fue recuperado para el bienestar y uso de las familias.

Según la administración municipal, el tianguis de la Alameda Hidalgo era poco menos que un emporio criminal, en donde se practicaba la prostitución, la trata de personas, el narcomenudeo, la piratería y otras actividades ilícitas. “Aunque extraño les parezca podían comprar una granada y una AK-47 y de esto existen pruebas que hemos entregado a la PGR”, declaró.

Pablo González Loyola tiene un largo historial de activismo civil, esto lo ha hecho blanco de acusaciones constantes. Actualmente cuenta con dos procesos en su contra, el primero por motín, derivado del desalojo de los comerciantes de la Alameda y otro más, por el uso de documentos falsos y otros hechos ocurridos hace más de 20 años.

Sin embargo, en el último caso, Pablo González Loyola Pérez fue notificado recientemente sobre una nueva sentencia a su favor, relativa a un juicio de amparo, emitida por el séptimo juzgado de distrito de amparo y juicios federales, con la que se solicita declarar nula la acusación por el uso de documentos falsos y hechos ocurridos en la década de los noventa.