Reformas de AMLO: Horas contadas para la Ley de Aguas, Infoqro y el IEEQ. Así impactarían a Querétaro los cambios a la Constitución

De aprobarse las reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el estado de Querétaro viviría cambios políticos importantes en varios ámbitos. Por un lado, todas las concesiones de agua y la ley en materia de 2022 tendrían que ser derogadas. Al mismo tiempo, el derecho de acceso a la información pasaría a ser garantizado por el gobierno de Mauricio Kuri González a través de la Secretaría de la Contraloría, esto al desaparecer la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (Infoqro).
El pasado lunes 5 de febrero, el presidente de México presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma con las que busca hacer cambios en diferentes artículos de la Constitución Política de 1917, a fin de transformar varias reformas aprobadas durante los gobiernos neoliberales, retomar el humanismo y proteger lo logrado, según sus palabras.
«Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal cuando jamás en 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción, y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría».
Este paquete de reformas incluyeron modificaciones en materia electoral, de agua, pensiones, becas y apoyos, salarios mínimos y máximos, salud integral, vivienda, reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, vías férreas y Guardia Nacional; así como importantes restricciones y sanciones a los organismos federales, a los gastos electorales, al maltrato animal, la minería, las sustancias químicas ilícitas y los cigarrillos electrónicos; y, por último, destacando por la eliminación de los organismos autónomos.
En Tribuna de Querétaro presentamos el análisis que tendrán las reformas constitucionales del presidente López Obrador si éstas fueran aprobadas por el Constituyente Permanente sin ninguna modificación.
Adiós Ley de Aguas
La polémica Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, coloquialmente conocida como Ley Concesiones, tendría que venirse abajo por una reforma al artículo 27 constitucional propuesta por el presidente de la República.
El mismo establece que la única forma de obtener alguna concesión para uso de agua será mediante el Poder Ejecutivo Federal, es decir, directamente del presidente de la República. Cabe recordar que las concesiones que se han dado en la entidad han sido dadas por el gobierno estatal o los municipios, los cuales tienen a su cargo el servicio según el artículo 115 constitucional.
Además, si se trata de zonas con baja disponibilidad de agua, como es el caso de Querétaro, en cantidad y calidad, no se otorgarán dichas concesiones y sólo se utilizarán asignaciones destinadas a centros de población para garantizar el consumo personal o el uso doméstico. El tema del agua y la respectiva ley fueron motivo de manifestaciones importantes durante 2022, las cuales terminaron por reprimir a un grupo de manifestantes que tomaron avenida 5 de Febrero para exigir diálogo con la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
Reforma electoral
Esta reforma consiste en modificar 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las modificaciones más conocidas está la desaparición de los senadores y diputados plurinominales, además de cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) que se reflejarán en el estado.
El INE pasará a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con este cambio se desaparecen todos los órganos públicos locales, en nuestro caso, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo que según los cálculos del Poder Ejecutivo federal implica un ahorro de 295 millones de pesos.
Otro organismo que desaparecía es el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), el cual significa un ahorro de 48 millones de pesos anuales, que fue el presupuesto que la Legislatura del Estado le asignó en 2023. Otras modificaciones serían la disminución del 50 por ciento del presupuesto a los partidos políticos; así, este 2024 se ejercerían sólo 51 millones de pesos de presupuesto local.
El proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, propone también reducir el número de diputados locales, al pasar de 25 a 17 curules, es decir, ocho representantes menos en el Poder Legislativo local; todos serían con voto directo. Estos recortes representarían un ahorro de 765 mil pesos anuales en sueldos.
La reforma explica la nueva conformación de las legislaturas locales: “El número de representantes… no podrá exceder a 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500,000 habitantes adicionales podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45”. De igual manera, se contemplan recortes a las regidurías.
El proyecto señala que sólo habrá una persona síndica y corresponderán hasta nueve regidurías a los municipios cuya población sea superior a un millón 10 mil habitantes, como es el caso de la capital. Así, el Ayuntamiento de Querétaro perdería cuatro regidurías y una sindicatura. Sus integrantes bajarían de 16 a 11.
Cuestionada del tema, Grisel Muñiz comentó que esta no es la primera vez que el presidente busca eliminar los organismos públicos locales electorales, pues en su primera reforma electoral intentó hacer los mismos cambios. En este sentido, recalcó que el proyecto representaría un retroceso.
“Hay que ser enfáticos en que la democracia desde lo local tiene tintes que si se van al plano nacional o se unifican o se homologan se desdibujarían las características propias de cada una de las entidades federativas recordando que cada una de las entidades federativas es soberana y que contar con una ley electoral propia permite matizar a cada una de las entidades con su contexto local”.
A su vez, Luis Octavio Vado Grajales, profesor de la Escuela Judicial Electoral, señaló que la desaparición de organismos autónomos como el TEEQ y el IEEQ, la disminución de diputaciones, regidurías y sindicaturas a nivel local significa no sólo la reducción de cargos públicos, también la tendencia a ser un sistema bipartidista, como el norteamericano. En entrevista con Panorama Informativo Querétaro, expresó que es poco factible que la reforma se publique sin cambios, por el proceso que lleva la aprobación legislativa.
“En particular la [reforma] electoral, ya la vivimos en 2022 con esta misma Legislatura, con estos mismos partidos, y en 2022 no transitó. Yo no vería el día de hoy las posibilidades de que transite, pero habrá que ver como quedan integradas las cámaras después de las elecciones de este año”.
Reducción salarial
Otro de los impactos dentro de los organismos gubernamentales a nivel estatal y local, podría ser la disminución salarial de los funcionarios que tuviesen un monto superior al que está estipulado para el presidente. Dicha reforma busca modificar los artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134, a fin de imponer el principio de austeridad republicana, establecer el monto salarial presidencial en 73.04 UMAs, y que ningún integrante de los poderes judiciales federal o locales puedan aspirar a una percepción mayor.
Si bien, la disminución salarial no sería durante el transcurso de las administraciones actuales, sí se modificaría al finalizar las antes mencionadas.
Esta nueva Ley Federal de Austeridad Republicana afectaría a los 13 magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes reciben 151 mil 95 pesos mensuales, 30 mil pesos más que los casi 130 mil que obtiene mensualmente el habitante de palacio Nacional.
Según la revisión de Tribuna de Querétaro, ninguna otra persona titular de organismos autónomos o poderes públicos recibe una percepción mayor ordinaria a la del presidente de la República.
Transparencia, bajo control de Kuri
La reforma en materia de Simplificación Orgánica, que propone el presidente López Obrador menciona que algunos organismos autónomos no siguen los lineamientos de austeridad que tiene el proyecto de la 4T, es por ello por lo que deben desaparecer. Esto, aunado a que no representan los intereses de la ciudadanía, sino el de un grupo de personas.
Entre los organismos que se pretenden desaparecer están la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de la Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Las obligaciones que tienen estas instituciones pasan a ser de distintas secretarías cómo la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, entre otras, o a otras instituciones cómo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A nivel local, estas reformas tendrán su impacto en el derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo sexto constitucional.
Así como el INAI pasará a formar parte de la Secretaría de la Función Pública, en la administración federal, en el plano local pasan a contralorías o áreas homologadas al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto quiere decir que el derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales pasan a ser parte de las responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, que forma parte del gobierno encabezado por Mauricio Kuri González.
Reforma Ferroviaria
La reforma al transporte ferroviario trae modificaciones al artículo 28 de la constitución para hacer del tren de pasajeros una prioridad para el país. Esta actualización tiene como principales proyectos en puerta las primeras siete líneas del tren de pasajeros, entre las que se encuentran dos rutas que pasan por el estado: el tren México-Querétaro-León-Aguascalientes y el tren México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales.
Reforma judicial
En tanto, la reforma judicial del presidente de la República plantea la elección de los integrantes de este poder con voto popular. Así, ministros, magistrados y jueces tendrán que someterse al escrutinio de la ciudadanía para llegar a sus cargos. A nivel local, esto implicaría que las 13 magistraturas que tiene el Tribunal Superior de Justicia tengan que ser votadas en las urnas, al igual que los jueces de distrito.



