Irregularidades en resolución del caso “La Laborcilla”

Aunque los acusan de homicidio agravado y tentativa de homicidio, ManuelRincón Martínez y sus compañeros sostienen que nunca dispararon armas y que han recibido amenazas en la cárcel

Por: David Eduardo Martínez Pérez

Luego de que el 19 junio de 2013les fuera dictada formal prisión a 31 personas por la muerte de un joven durante el conflicto por la posesión de predios en el ejido “La Laborcilla”, uno de los sentenciados sostuvo que tanto él como sus compañeros no tienen relación con el homicidio y que fueron presionados para que se declarasen culpables durante el juicio.

En entrevista con la periodista Claudia Ivonne Hernández para “Grupo Imagen” y Megacable,Manuel Rincón Martínez indicó que en realidad fueron él y sus compañeros, todos trabajadores de una empresa de seguridad privada llamada “Primero Protección S.A de C.V”, los agredidos por habitantes de la comunidad; además, no reconocen haber asesinado a alguien.

Señaló que cuando ellos llegaron a la zona del ejido, el 11 de junio, para ejecutar labores de vigilancia en torno a una propiedad que tenían bajo custodia, fueron rodeados por pobladores del ejido, quienes se lo llevaron por la fuerza hasta una de las casas de la comunidad, en donde lo mantuvieron atado de pies y manos, e incomunicado.

“Los vecinos de ‘La Laborcilla’ comenzaron a agredirnos con piedras, palos, varillas, bombas molotov y armas de fuego; varios compañeros salimos lesionados. A un compañero –Moisés López– le lanzaron una bomba molotov sobre su cuerpo, que se estaba incendiando, y logramos sofocarlo.”

“Todos mis compañeros lograron retirarse como pudieron de la propiedad privada, ya que los agresores ingresaron al mismo (el predio). Su servidor fue secuestrado y torturado física y psicológicamente por los agresores. Me ataron de pies y manos. Me llevaron a una de sus casas de la comunidad haciendo mención (de) que me iban a matar.”

Entre las torturas que sostiene haber recibido por parte de los ejidatarios, Rincón Martínez indicó que le golpearon la cabeza con piedras hasta fracturarle el cráneo y que intentaron decapitarlo con un machete que manejaba uno de los habitantes de la localidad, además de que quisieron quemarlo con gasolina.

“Me golpearon con una piedra en la cabeza causándome fracturas en la frente; me lesionaron con machete en la cabeza causándome fractura en cráneo con herida de diez centímetros, aproximadamente. Intentaron con un machete cortar mi cabeza y me causaron fracturas en varias costillas.”

“Una señora me roció gas lacrimógeno a los ojos con dos botes de aerosol. Con una varilla de acero me golpearon reiteradamente en todas mis articulaciones, perdiendo movilidad en mis extremidades y causándome varias lesiones y esguinces. A la fecha, todavía sufro las consecuencias por las lesiones que me produjeron”.

El acusado también manifestó su indignación ante el hecho de que en el Ministerio Público no tomaran en consideración los daños físicos y psicológicos que le produjo su estancia en el ejido, y que una persona de dicha dependencia, a quien todos llamaban “el comandante”, insistió en presionarlo para que se declarara culpable.

“A sabiendas de que me encontraba delicado por las lesiones, en la agencia ministerial, agentes me incriminaban psicológicamente con amenazas y agresiones verbales para que declarara que había detonado un arma de fuego y causado la muerte de un muchacho.”

“Todo esto en presencia de un señor que usa un bastón como apoyo para caminar; le llamaban ‘comandante’. Ese señor dijo que declarara lo que ya sabía, le mencioné que fui torturado y secuestrado y que no conozco eso que me decían los agentes de un hombre muerto.”

“Mencionó el ‘comandante’ que no tenía (derecho) a declarar eso del secuestro porque era mentira, según él. Hasta ese momento se presentó un muchacho a afirmar lo escrito y me dijo que era mi abogado de oficio, y ahora nos tienen detenidos aquí por un homicidio y por tentativa.”

En ese sentido, se quejó de que “no hubo defensa legal, nos incomunicaron, falsearon declaraciones y nos suspendieron los derechos constitucionales”. También rechazó las conclusiones de la prueba de armas de fuego, pues indicó que en la empresa en la que trabajan sus únicas herramientas son gas lacrimógeno y bastones policiales, porque no los dejan portar armas de fuego.

Finalmente, manifestó su profunda inconformidad con la sentencia del Tribunal e indicó que el proceso que debería estar abierto esaquel que investigue las agresiones que sufrieron él y sus compañeros durante su estancia en la comunidad de “La Laborcilla”.

“Nosotros fuimos a trabajar, ya nos estaban esperando, todo eso, nos agredieron. Nosotros fuimos los que pedimos ayuda a la policía y los (que resultamos) detenidos. Los agresores quedaron afuera”, concluyó.

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