Jubilaciones doradas y nuevos nombramientos: ¿Maniobra estratégica del Poder Judicial?
Desde el pasado 15 del mes en curso, se anunció que cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Maricela Sandoval López, Armando Licona Verduzco, Leticia de Lourdes Obregón Bracho, Juan Ricardo Ramírez Luna y Laura Angélica López de la Fuente Gómez, iniciaron su proceso de jubilación que por ley les correspondía y así poder gozar de una pensión de más de 130 mil pesos mensuales.
Los últimos tres jueces mencionados, corresponden a la primera sala civil que compadece al TSJ y que la presidenta correspondiente, Laura Angélica López de la Fuente Gómez, quién fue designada por unanimidad de votos por el Pleno de la Legislatura llevaba tres años ejerciendo su cargo desde el 18 de febrero del 2021. Días posteriores en los que se había aprobado un aumento al salario de los magistrados por 40 mil 941 pesos mensuales, por el Pleno del TSJ, presidido por José Antonio Ortega Cerbón.
Jubilación exprés
No es la primera vez que jueces buscan una jubilación anticipada, antes de cumplir los 60 años. En diciembre del 2015, 7 magistrados solicitaron la jubilación exprés: Arturo González de Cossío, Juan Ricardo Jiménez Gómez, Araceli Aguayo Hernández, María de Lourdes Portillo, Carlos Septién Olivares, Basílica Balderas Sánchez y Celia Maya García, morenista quién desistió a última hora su solicitud. Con esto, 6 magistrados del estado mantuvieron su pensión mayor a los 42 mil que planteó la aprobación de Ley en materia del Trabajadores del Estado.
Entre los nuevos magistrados aprobados por el pleno de la LX Legislatura del Estado de Querétaro el 22 de agosto, se encuentran: Gabriela Fernández de Cevallos Álvarez, egresada en la Maestría en derecho por la UAQ campus San Juan del Río y quien ha desempeñado todos los cargos dentro de un juzgado, teniendo una trayectoria de 22 años al servicio del Poder Judicial; Aída Irasema Corona Martínez, quien fuera actual consejera de la Judicatura del Poder Judicial miembro de la Comisión de Disciplina, juntando casi 28 años de servicio; Ana Cristina Solórzano Gallego, jalisciense y Mtra. en derechos humanos, y egresada por la UAQ quien ingresará como meritoria en el Juzgado Segundo civil en SJR desde 1996; Carlos Arturo Juárez Morales iniciando su carrera en el poder Judicial como secretario proyectista en Primera Instancia en 2002 y siendo juez mixto de primera instancia en Jalpan de Serra, desde 2017 y, finalmente, a Carlos Rubén Eguiarte Mereles, nacido en 1974 en Morelia y egresado de derecho por la UAQ, quien ha desempeñado funciones públicas en Consejo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. (IEEQ).
Ante esto, la primera en pronunciarse fue la diputada de la bancada morenista Laura Andrea Tovar Saavedra, quién galardonó las pronunciadas trayectorias de los colegiados y advirtiendo: “Sólo lo que están ahí saben lo que pasa ahí (…) ustedes le van a abonar al poder judicial,” agregó.
Por último, el 23 de agosto, el pleno de la LX Legislatura, entrevistó a José Alberto Bravo Morales y licenciado en Derecho por la UAQ, quién fuese también Magistrado Municipal del Tribunal de Responsabilidad de Actividades Administrativas en el periodo del 2016 al 2018 y Consejero Jurídico desde 2021. Mismo que ha sido electo hasta el año 2036 como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ante ello, el diputado Manuel Pozo manifestó que: “En esta legislatura buscamos a través de una ley de prestaciones de servicios y servicios de agua, buscar cuidar los intereses de los particulares respecto a los servicios prestados por parte de privados, de concesionarios en la prestación de servicios de agua”.
A lo que el magistrado electo respondió: “Es un tema que en los últimos meses y años ha sido álgido y sobre todo ahora con la ley que tenemos en el estado. Evidentemente las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa, tienen que ser enfocadas a velar en primer lugar con el ciudadano. Y si como consecuencia de este acto administrativo en materia de agua como lo estas comentando, hay alguna violación desde el punto de vista administrativo, evidentemente debería de recaer en la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa.” Reconoció que la sala especializada en responsabilidad administrativa “es un área de oportunidad importante” al no contar con este órgano interno en el TJA y aseveró que a pesar de que la efectividad del Tribunal Superior de la Justicia: “es buena”, no estaría demás poderla mejorar: “¿Por qué el juez federal te revoca tu sentencia como tribunal? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿qué es lo qué es lo que está faltándonos? ¿Qué es lo que está fallando?”, cuestionó.
