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La CEIG debe constituirse como un órgano colegiado para legitimar sus decisiones: Castillo Martínez

El estado de Querétaro tiene una gran oportunidad si genera un órgano colegiado que pueda apoyar el trabajo de un comisionado ejecutivo y que legitime las decisiones que recaen en diversas posiciones que finalicen en un solo consenso, aseguró el presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), Miguel Castillo Martínez.

Luego de recordar que Querétaro viene de una controversia constitucional en donde se había fusionado a la Comisión de Transparencia con la de Derechos Humanos, explicó que su gran área de oportunidad es facilitar la colegiación, porque esto legitimaría más las decisiones del Instituto y permitiría que haya más gente participando en el tema.

En la XII Asamblea de la COMAIP Región Centro-Occidente, en la cual se reúnen los representantes de los órganos de transparencia de Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Zacatecas, el presidente explicó que uno de los temas más preocupantes es el acceso a la información debido a que no es la ciudadanía en general la que hace solicitudes de información, sino que son mayoritariamente los medios de comunicación, investigadores, partidos políticos y políticos quienes lo utilizan y esto se debe a que la gente no le ha encontrado la utilidad pública a la información.

“Si voy a preguntar algo tengo que saber para qué pregunto, qué voy a preguntar y cuál es el beneficio que voy a tener con eso. Por eso trabajamos, para darle al ciudadano ideas de cómo la información pública es importante en la vida cotidiana, cuál es su utilidad y cómo desde ahí se pueden construir mejores políticas públicas”.

Castillo Martínez, quien también es consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán (Inaipy), agregó con respecto a los mecanismos de sanción de los institutos de transparencia que aunque mucho se discute, en su opinión, el acceso a la información tiene que ser una política pública y no judicializarlo, ya que la capacidad de sanción significa volverse el juez de un tema que debe ser un tema de convencimiento.

“La transparencia sola debe de generar opinión pública, no requeriría de sanciones un funcionario para que la ciudadanía se dé cuenta de que no es transparente, y la sanción debe venir en un proceso electoral. El derecho de acceso a la información deriva de otros derechos, después de ejercer el voto nos pasamos cuatro años sin ejercer otros derechos, éste es un derecho que me permite evaluar a mi gobierno y saber si me rinde cuentas y después volver a tomar una decisión electoral, así el castigo viene de la sociedad”.

Por otro lado, expresó que está de acuerdo con las sanciones públicas en algunos casos, pero que éstas deben ser lo suficientemente ejemplares para que el funcionario público se dé cuenta que se desprestigia y se inhabilita, ya que para él, son mas eficientes las sanciones que llevan a cabo inhabilitaciones o suspensiones en la función pública, que las que implican multas económicas u otro tipo de sanciones que sólo genera que paguen el dinero, pero no que entreguen la información.

En cuanto a la COMAIP, el presidente aclaró que se trabaja en buscar una homogeneidad de leyes, buscar que vayan en un mismo sentido. “Hoy la mayoría funcionan con comisionados en órganos colegiados, la mayoría tienen recursos únicos de revisión que resuelven los órganos garantes, en la mayoría sus resoluciones son definitivas e inatacables”.

En ese sentido recordó que la Ley de Acceso a la Información es reciente por lo cual se tiene que ir avanzando poco a poco, demostrar cuál es el modelo de órgano garante que funciona, cuál es el modelo de acceso la información que funciona, cuál da mejores resultados e irlo incorporando.

“Las leyes de acceso han tenido más de 120 reformas en todos los estados, lo que quiere decir que cada una se ha reformado por lo menos tres veces, esto ha sido a base de prueba y error”, comentó Castillo Martínez.

Para estas reformas, puntualizó que hay que ser autocríticos, si algo no está conforme hay que modificarlo con propuestas que tienen que venir del órgano, pero también de la ciudadanía; para esto el ciudadano tiene que vivir el proceso de solicitar información y en base a eso determinar si la ley funciona o no funciona. Además, no basta con buenas leyes, se requiere voluntad política de los gobiernos de poner a su disposición información.

Entre los puntos que se están trabajando, destacó la revisión de que en la función pública los archivos públicos y los documentos se guarden adecuadamente, se ordenen y permitan el acceso. También enfatizó la homologación de leyes que reducen la confusión e incertidumbre del ciudadano ante los mecanismos de acceso a la información y la promoción de éstos, ya que de nada sirven los derechos de acceso a la información si los ciudadanos no hacen uso de éstos.

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