La comunidad universitaria se moviliza tras atentado a libertad de expresión
La controversia por la detención de un estudiante y reportero durante un operativo policial en Querétaro se extendió durante la semana entre versiones oficiales, protestas estudiantiles y posicionamientos institucionales. Mientras el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, declaró inicialmente que el caso sería analizado, el tema escaló tras declaraciones posteriores del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, quien advirtió sobre denuncias contra estudiantes que participaron en manifestaciones y emitió señalamientos que fueron interpretados como una revictimización del joven detenido.
En tanto, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, Javier Rascado Pérez, tras presentar su informe en la Legislatura, confirmó que el organismo autónomo a su cargo había acompañado al estudiante en su queja y en una denuncia ante la Fiscalía estatal por el caso.
El conflicto alcanzó dimensión nacional cuando el viernes pasado el caso fue planteado ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina. La presión pública continuó con nuevas movilizaciones estudiantiles, que derivaron en una marcha hacia Rectoría para exigir un posicionamiento institucional, mismo que finalmente fue emitido este jueves por la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
El proceso culminó con el pronunciamiento de Silvia Amaya Llano, quien informó que, tras recibir un escrito presentado por integrantes de la organización “En Tejidos” en articulación con colectivos universitarios y comunitarios, se conformó una comisión encabezada por la Secretaría Particular para atender los planteamientos del estudiantado.
En su posicionamiento, la rectora expresó una defensa firme del estudiantado, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta, además de rechazar cualquier forma de criminalización o estigmatización de causas sociales. Asimismo, anunció el fortalecimiento de mecanismos institucionales de acompañamiento y protección para integrantes de la comunidad universitaria, incluyendo el diseño de protocolos para estudiantes que, en el ejercicio de actividades formativas como el periodismo, puedan estar expuestos a contextos de riesgo.
Hasta el momento, y pese a todo lo que el caso ha generado, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, no ha emitido un posicionamiento público sobre los hechos ni sobre las demandas de la comunidad universitaria relacionadas con el caso.
