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La pesadilla comenzó en el 2006

Un cable filtrado por Wikileaks puso al tanto de la situación a la ONU y Estados Unidos

David A. Jiménez

La historia comenzó el 26 de agosto de 2006 cuando agentes de la extinta AFI, sin uniforme y sin identificarse, realizaron  un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán. Decomisaron la mercancía, lo cual ocasionó la molestia de los pobladores. Las autoridades se comprometieron a regresar lo decomisado y dejaron a Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, agente federal, “como garantía” de que volverían, mismo que no fue herido y volvió por la noche con sus compañeros.

Según la versión del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las fotos publicadas por un periódico local fueron integradas a un expediente en el cual los agentes federales declararon ser privados de su libertad. En dichas fotografías se aprecia a Jacinta Francisco Marcial.

El 3 de agosto de 2006, Jacinta fue engañada al pedirle que debía declarar sobre un árbol que supuestamente taló; ya no regresó a su casa. Teresa fue sustraída de su domicilio y forzada a entrar a un vehículo -que no era oficial- y Alberta fue “secuestrada” cuando regresaba del trabajo. A pesar de no hablar español –y otras irregularidades- se les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud, por lo que fueron condenadas a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil 620 pesos.

El entonces gobernador, Francisco Garrido Patrón, no hizo nada al respecto, tampoco el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Ortega Osorio, quien enfocaba los esfuerzos de la dependencia en programas como “Antro Consentido”.

El caso es abordado por diferentes organizaciones civiles, mismas que exigen la revisión del caso. El tema llega a la agenda nacional cuando el periodista Ricardo Rocha realiza un reportaje con los testimonios de las acusadas, mismas que estaban recluidas en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, en la capital queretana.

El 15 de septiembre de 2009, sale libre Jacinta Francisco Marcial por “falta de pruebas”. El 19 de febrero de 2010, el juez cuarto de distrito en Querétaro ratifica la sentencia a Alberta Alcántara y Teresa González.

La resolución emitida por la SCJN, en el Recurso de Apelación 2/2010, concluyó que existieron irregularidades en el caso de Alberta y Teresa, por lo cual se revocó la sentencia de 21 años de prisión impuesta por el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi.

El 20 de noviembre de 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acordó indemnizar a Alberta y Teresa, así como a reconocer públicamente su inocencia. El mismo Tribunal fallaría lo mismo a favor de Jacinta en mayo de 2014. Fue hasta el 22 de febrero de 2017 cuando se llevó a cabo esta ceremonia en la Ciudad de México.

EE.UU. sabía del caso, según Wikileaks

Bajo el asunto ‘Attorney general overturns flawed conviction of indigenous woman’, el cable 09MEXICO3079_a informó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, sobre el caso de las tres mujeres otomíes inculpadas de secuestrar a seis agentes federales.

Según el cable, filtrado por Wikileaks, una resolución favorable en torno al caso “es otro signo esperanzador que PGR está dispuesta a volcar decisiones dañadas por los tribunales”, en referencia a la liberación de Jacinta Francisco. El cable del martes 27 octubre de 2009 enfatiza que prevalecieron dos irregularidades en el caso: la falta de un traductor al español y la condena a base de pruebas falsificadas.

El informe también da cuenta que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tomó el caso de Jacinta Francisco Marcial a principios de enero de 2009, mismo que reiteró las irregularidades en el proceso. Finalmente cuenta que Marcial fue liberada en septiembre, mientras el “Centro ProDH” sabía tomaba el caso de Alberta y Teresa.

El punto cinco, marcado como “comentario”, indica: “El caso de Marcial –a quien señala como una “vendedora de paletas”- es ilustrativo de algunos sesgos arraigados en el sistema judicial de México”. El autor recordó que las tres mujeres resultaron “especialmente vulnerables” debido a su limitada educación, su incapacidad para comunicarse en español y los prejuicios de la sociedad mexicana y los tribunales contra la población indígena.

El comentario sugiere que a pesar de la implementación del nuevo sistema de justicia en México, serán necesarios más esfuerzos “para abordar las deficiencias y superar las actitudes culturales que socavan el respeto a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas de México”.

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