La surreal justicia queretana

Por: Carlo Daniel Aguilar González / Nietzsche Contreras

Franz Kafka se esconde y vive en las agencias del Ministerio Público de Querétaro. También en las oficinas de la delegación de la PGR.

Durante los últimos 12 años, se han registrado casos en los que se ha llamado a declarar a bebés de 7 meses; jueces han acusado a niños de 4 años de dañar una camioneta tras ser atropellados; mujeres indígenas han sido encarceladas por “secuestrar” a seis agentes de la PGR; un joven pasa de testigo a culpable de homicidio en cuestión minutos; y un señor que maneja una camioneta es acusado de “atentar” contra el gobernador, aun sin haberlo lesionado.

Inclusive, el procurador, en una muestra de extralimitación de sus funciones, exonera a un presunto culpable de delito, cuando su deber es dar con el responsable (decir quién fue).

Existen al menos seis casos en los que lo mismo el gobierno de José Calzada Rovirosa, que los de sus antecesores Francisco Garrido Patrón e Ignacio Loyola Vera (ambos del PAN) se han visto envueltos en la polémica, por ‘culpa’ de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) o de la Procuraduría General de la República (PGR).

El ‘absurdo’ de la justicia se incrustó en el estado.

Cuando manejar tu auto se convierte en atentado contra el gobernador

El domingo 11 de noviembre de 2001, Eustacio Yáñez Ledesma viajaba hacia la comunidad de Altamira (municipio de Cadereyta) en una camioneta Pick Up modelo 1989. Cinco motocicletas marca BMW transitaban en sentido contrario a él (en la carretera), con velocidades que se aproximaban a los 200 kilómetros por hora. En una de ellas viajaba el entonces mandatario Ignacio Loyola Vera.

Choque. El impacto ocasiona que dos motociclistas fallezcan al instante.

Dos días después después, como parte del proceso que se sigue para deslindar responsabilidades, comienza su calvario: es acusado de “atentar” contra el gobernador y ser el culpable de los fallecimientos de Alejandro García Alcocer y Julián Segura Sosa.

El juez primero de primera instancia penal en San Juan del Río lo acusa de ser el probable responsable de la comisión de los delitos de homicidio y daños culposos. De esto informa el propio Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social.

Es detenido por agentes de la PGJ, posteriormente torturado y encarcelado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) lo defiende públicamente y considera que su caso es paradigmático respecto a violaciones a los derechos humanos.

Todo por atravesarse en el camino del gobernador Ignacio Loyola (hermano del actual presidente municipal de la capital) y su comitiva de motociclistas.

Fotografías que se escapan del expediente

Abril de 2005. El homicidio de Marco Antonio Hernández Galván atrae las miradas de la opinión pública. Testigos del hecho han señalado al empresario Federico Ruiz Lomelí, del Grupo Fomento Queretano, como presunto responsable del crimen.

Elementos de la Policía Estatal han caído en contradicciones en sus declaraciones ministeriales al explicar por qué lo detuvieron a bordo de su camioneta y lo liberaron minutos después del homicidio, la noche del 27 de noviembre de 2004.

Durante el proceso de averiguación previa han desaparecido fotografías del expediente, no se ha solicitado careo entre el principal testigo y el acusado, y camionetas de la PGJ ‘intimidan’ en las afueras de la escuela donde estudiaba Hernández Galván.

El caso, conocido como ‘el de la BMW negra’, provoca que el procurador Juan Martín Granados Torres convoque a rueda de prensa en Palacio de Gobierno.

El 14 de abril, Granados Torres anuncia, con apoyo de fotografías y videos, que Ruiz Lomelí no cometió el homicidio. Que no fue posible porque se encontraba en otro lugar al momento del incidente de tránsito en avenida Pasteur.

Exonera de toda culpa al empresario.

Tres mujeres indígenas contra seis agentes policiacos

Febrero 2006. En un operativo para decomisar piratería en Santiago Mexquititlán, Amealco, tres mujeres indígenas (Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio) son acusadas de “secuestrar” a seis agentes de la PGR.

Son llevadas con engaños a la capital. La PGR acusó a Teresa González y Alberta Alcántara de los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio a servidores públicos; y en el caso de la segunda, agregó el de posesión de cocaína.

En agosto las encarcelaron en el Centro de Reinserción Social Femenil de San José el Alto.

En enero de 2009, fueron condenadas por el secuestro de seis agentes de la AFI; sin embargo, tres meses después, un tribunal ordenó un nuevo juicio. Jacinta fue liberada la noche del 15 de septiembre de ese año.

Por su parte, Teresa y Alberta fueron liberadas el 28 de abril del 2010.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las declaró inocentes de los cargos que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR) y ordenó su inmediata liberación.

El testigo que también era el acusado

Enero de 2012. Riña en la comunidad de El Colorado al término del partido Gallos Blancos vs América. Muere un aficionado del club de Coapa, de nombre Christian Bringas.

Días después, personal de la PGJ regresa al lugar del incidente y entrevista al joven José Miguel Urbina Franco. Lo suben a un vehículo en calidad de testigo.

Minutos después, ya en la capital, su estatus jurídico sufre una metamorfosis: de testigo pasa a ser principal responsable del homicidio. Lo torturan para que admita su culpabilidad (Tribuna de Querétaro 649), le ponen una playera de Gallos y lo presentan ante los medios de comunicación como el culpable.

Desde el 11 de enero de 2012 se encuentra en el penal de San José el Alto. Su madre y su abogado defensor han insistido en su inocencia y en que el proceso se ha distinguido por las anomalías e irregularidades. Urbina Franco cumplió ya dos años en el Cereso.

Una bebé en los tribunales

12 de abril de 2013. María del Carmen Carrera Samperio, titular de la agencia IIIA del Ministerio Público en la capital, cita a comparecer en calidad de testigo a una bebé de siete meses, por un hecho que ocurrió en el hogar de su padre cuando ella tenía dos meses.

Carrera Samperio advierte al padre de la menor que, de no llevarla, podría utilizar la fuerza pública para hacer que rindiera su declaración.

“A su vez se le apercibe que en caso de no comparecer el día y hora señalada sin causa justificada, se aplicará en su contra como medida de apremio que autoriza el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, una multa equivalente a 30 días de salario mínimo o, en su caso, ordenar su presentación forzosa con el auxilio de la fuerza pública”, señala el oficio que les envían a los papás.

Con el fin de evitar una multa de 30 días de salarios mínimos, los padres de la bebé deciden llevar a su hija a la agencia del Ministerio Público.

El caso trasciende fronteras y es retomado por diarios y revistas de circulación nacional.

El caso del niño que se atropelló sólo

29 de julio de 2013. Un menor de 4 años de edad juega con su triciclo al interior de un condominio de la capital. Ana Debbie Lira Williams, conductora de una camioneta Mazda CX9 y vecina del lugar, lo atropella y le provoca “múltiples lesiones”.

Al día siguiente, el padre del menor acude a la Agencia Especializada en Delitos de Tránsito y se encuentra con la sorpresa que inició una constancia de hechos AEDT-CH/1952/2013 en la que su hijo es señalado como conductor del vehículo. Es decir, que se causó lesiones él mismo.

María del Carmen Morales Ortiz, agente del Ministerio Público encargada del caso, no atiende al señor, por lo cual es acusada de corrupción.

La Defensoría de los Derechos Humanos entra en escena el 27 de septiembre de 2013.

El 6 de enero de 2014, emite la recomendación 1/2014 contra la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la que puntualiza que se cometieron violaciones a los derechos humanos del menor y pide a la dependencia encabezada por Arsenio Durán Becerra que en un plazo no mayor de 15 días inicie una investigación sobre “la probable responsabilidad penal” de dos agentes de la Procuraduría y un perito involucrado en el caso.

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