Por:Víctor López Jaramillo

La mayoría panista nunca se planteó hacer un proceso abierto para la selección de los nuevos comisionados, que por la reforma constitucional, tendrían que ser electos para empezar funciones el primero de febrero.

En diciembre, el PAN instalado en el poder Ejecutivo tomó por asalto el poder legislativo. La semana pasada hizo lo mismo con la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental (CEOG). El PAN en el poder no puede evitar la tentación autoritaria. ¿Qué organismo autónomo seguirá?

Pero eso no es lo peor, sino que no hay una oposición política que le haga frente porque en la Legislatura, el poder que debiera ser el contrapeso del Ejecutivo, son mera comparsa.

Ya hemos comentado con lujo de detalle lo sucedido esos días de fines de diciembre cuando, ante la jubilación de magistrados del Poder Judicial, se renovaron seis magistraturas y en un proceso oscuro, de espaldas a la sociedad, los partidos políticos se repartieron las nuevas posiciones, con clara mayoría para los filopanistas.

Ahora, en plena renovación del organismo garante de la transparencia en el estado de Querétaro, se cernían las nubes de la duda.

La mayoría panista nunca se planteó hacer un proceso abierto para la selección de los nuevos comisionados, que por la reforma constitucional, tendrían que ser electos para empezar funciones el primero de febrero.

Sólo ante la presión ciudadana y la postura de organizaciones que llevan años trabajando en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, como es el caso de Locallis, los diputados se vieron obligados a simular un proceso.

Pero, al igual que la elección de los magistrados, resultó ser un proceso de espaldas a la sociedad. Los plazos para la elección se realizaban en menos de una semana. Los apologistas del proceso argumentan que es tiempo suficiente para evaluar a los aspirantes.

Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, ya que al parecer no hubo mucha evaluación porque desde el poder Ejecutivo, María Elena Guadarrama, asesora jurídica de la oficina del gobernador Francisco Domínguez, fue electa por dedazo como comisionada para garantizar la transparencia.

¿Con que ánimos y cartas legítimas puede ella llegar a la CEIG para garantizar el derecho a la información si su anterior patrón es ahora contra quien tendrá que tomar determinaciones políticas y legales?

Desde el mismo poder ejecutivo se consumó el asalto a la CEIG imponiendo a la asesora del gobernador, María Elena Guadarrama Conejo, quien en entrevista con este reportero admitió que su experiencia era principalmente en el área de Derechos Humanos.

¿A alguien le queda dudas de que no fue un dedazo e imposición?

Hasta la tarde de este domingo 31 de enero, el PRI se acordó que era oposición y protestó por la imposición pero no por un acto de equilibrio político, sino porque ellos esperaban que esa posición fuera para una correligionaria suya, cosa que el PAN avasallador no permitió.

Sin embargo, la ausencia de Mauricio Ortiz Proal, el pastor priista en la legislatura, sembró dudas de que tan fuerte era su oposición. Y más cuando días después anunció que no impugnarían el proceso cuando tenían esa herramienta legal y legitima. Nuevamente, un pacto entre las élites para adueñarse de un organismo que, en teoría, debiera ser ciudadano.

Esto no ha pasado inadvertido a nivel nacional, toda vez que el observatorio Designaciones Públicas, conformado por las organizaciones Artículo 19, Borde Político y Fundar, señaló lo siguiente:

“La actuación del Congreso del estado en torno a dicho proceso de designación de los nuevos comisionados para la CEIG Querétaro no solo pone en riesgo la legitimidad del proceso mismo, sino la independencia y la institucionalidad del organismo autónomo del estado para velar por los derechos de acceso a la información pública de la ciudadanía.”

Así las cosas con este nuevo episodio del PAN en su tentación autoritaria del poder.

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