La voracidad inmobiliaria queretana

Por: Abelardo Rodríguez Macías / Unidad de Investigación Periodística UAQ

Peña Colorada: zona ecológica

El acuífero del Valle de Querétaro está abatido; es uno de los 69  a nivel nacional que se encuentran sobreexplotados. Por esto el 27 de noviembre de 2001 el Municipio de Querétaro declaró a Peña Colorada como zona de conservación ecológica, por su gran importancia para la vida. En su superficie de 4 mil 983 hectáreas se escurren o se infiltran alrededor de 8.25 millones de metros cúbicos de agua pluvial. Sin embargo, en 2005 el Municipio de Querétaro anuló esta declaración.

El 4 de agosto de 2010 de nueva cuenta el municipio planteó, en su Plan de Ordenamiento Ecológico, volver a declarar zona ecológica a Peña Colorada, pero apenas el 2 de noviembre de ese mismo año, autorizó el cambio de uso de suelo y con ello la construcción de 4 556 viviendas. El grupo “Ecologistas de Juriquilla A.C. “pidió la renuncia del entonces alcalde Francisco Domínguez Servién, por “mentiroso, corrupto y ventajoso”.

En este mismo año de 2010, en el que se anuló la declaración de Peña Colorada como zona ecológica, fue nombrado vocal ciudadano del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) el director general de la empresa Desarrollos Residenciales Turísticos (DRT), Víctor David Mena Aguilar, pese a tener varias denuncias por destrucción del medio ambiente.

El rol que juega DRT en este conflicto es central. Este año de 2015, grupos ecologistas y de la sociedad civil ya reunieron 4 mil firmas exigiendo la declaratoria de zona ecológica protegida para Peña Colorada. En esto van de la mano con el Gobierno del Estado (el PRI) y con el partido Verde Ecologista.

DRT: La voracidad inmobiliaria.

Alrededor del 90% de los proyectos que realiza DRT se concentran en Querétaro. Actualmente construyen desarrollos habitacionales y comerciales en los municipios de Querétaro, El Marqués y en Colón, en donde se está gestando otro mega proyecto de DRT, empresa que donó una extensión de 130 hectáreas para el proyecto de Arkansas State University, alrededor de la cual planean un desarrollo inmobiliario de mil hectáreas.

En este negocio también van de la mano con la familia Torres Landa. Pero su desarrollo inmobiliario más importante hasta hace poco, ha sido el fraccionamiento residencial Zibatá, asentado en el municipio de El Marqués, y sobre el cual hay un litigio en el Tribunal Agrario.

Las tierras en disputa corresponden a la segunda Ampliación del ejido Santa Cruz y al ejido Las cruces, con mil 400 hectáreas, las cuales gracias a una resolución presidencial de 1985, se les otorgó a 69 ejidatarios, algunos de los cuales acusan a DRT por despojo y fraude (Ver “El Marqués: Mina de inversionistas y nula prosperidad social”, Tribuna de Querétaro 728, 3 de noviembre de 2014.)

Por otro lado,  en la privatización del agua en el municipio de El Marqués y en una amplia zona conurbada con la ciudad de Querétaro, también está involucrada la empresa DRT.

Gobierno del Estado, por conducto de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y el ayuntamiento de El Marqués, concesionó a la empresa Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V. el servicio de agua potable y su cobro a los usuarios por 20 años.

En el Consejo de administración de esta empresa figuran Víctor David Mena Aguilar como vicepresidente, y Gerardo Proal de la Isla, como tesorero, ambos de DRT.

Tanto PRI como PAN benefician a DRT

Pero su desarrollo más reciente y más lucrativo ahora está en la zona norte de la ciudad de Querétaro, en Juriquilla. Ahí, DRT, en conjunto con la familia Torres Landa, poseen mil 200 hectáreas, en siete fraccionamientos de vivienda residencial. También la plaza comercial Antea LifeStyle Center,  inaugurada en noviembre de 2013, forma parte de los proyectos de la empresa.

Frente a ésta, ya se desarrolla otra gran área comercial denominada Power Town, en donde ya se ubica un Walmart. Detrás de ambos proyectos continuará la expansión de sus negocios, pues habrá hoteles, un hospital privado, viviendas, oficinas y un gran centro deportivo.

Algo que llama la atención a muchos es la capacidad que tiene DRT y en particular su director, Víctor David Mena Aguilar, para lograr cambios de uso de suelo en los municipios de El Marqués y de Querétaro, no importa qué partido, PRI o PAN, los gobierne.

Esto lleva a pensar que los intereses económicos se mueven entre la elite queretana más allá del partidismo político, pues DRT ha hecho negocios tanto con gobiernos panistas como con priistas: Business are business, dirían los clásicos.

Los ejidatarios: terceros en discordia

El  gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa ha señalado “que el decreto de Zona Natural Protegida de Peña Colorada será la acción de conservación ambiental, de la zona urbana, más importante de la historia de nuestro estado”.

Sin embargo, en un hecho insólito en la historia reciente de Querétaro, este decreto ha causado en los campesinos afectados un rechazo unánime. Nueve ejidos de los municipios de Querétaro y El Marqués se han unido para impedir que se declare zona ecológica a Peña Colorada, argumentando que “el Gobierno del Estado está violando los derechos de todos los campesinos, están maquillando un proyecto denominado Peña Colorada como una reserva ecológica, pero eso no es cierto, ya que estamos revisando el estudio que hizo la UAQ y ahí directamente dice que entrará la inversión extranjera a nuestros ejidos”.

Don J. Marcelo García Trejo, presidente del comisariado ejidal de El Salitre, señaló que en las aproximadamente 8 hectáreas que ocupa el consorcio de DRT,  Antea LifeStyle Center, “era una zona protegida, llena de árboles (…) no podíamos construir ni sembrar nosotros los ejidatarios, pero el gobierno hizo un trato con el doctor Mena (director de DRT), y tumbaron todo (…) ahora ahí está la tienda (…) pensamos que va a ser lo mismo (con Peña Colorada)”.

Los ejidatarios también mencionan lo que pasó con otras zonas “protegidas”, como El Tángano y el Cimatario, en donde gradualmente se han ido privatizando vía cambio de uso de suelo. Lo que hay de fondo, agregan “extraer el agua para la ciudad”. Ora sí, como dicen ellos, “la mula no era arisca”.

El diálogo entre los ejidatarios y el gobierno no ha sido terso. Los primeros se sienten engañados, pues ni siquiera les avisaron del decreto para declarar a Peña Colorada zona ecológica. Mientras que los segundos suponen “que hay mano negra” en la protesta campesina.

La desconfianza es mutua. Otros involucrados en la discusión son los ecologistas. Estos han pugnado por la protección de la zona. Desconfían igualmente del gobierno y de algunos ejidatarios que han vendido sus parcelas a los empresarios inmobiliarios, como Víctor David Mena. Falta saber la postura de los afectados por el decreto y que no son ejidatarios, sino propietarios de poco más de tres mil  hectáreas, de las 4 mil 983 que constituyen Peña Colorada, y de las cuales el 69.25 por ciento están en el municipio de Querétaro y el resto en El Marqués.

Algunos ejidos carecen de certificados de derechos agrarios o parcelarios, o su situación es irregular. Los ejidos afectados son San José Buenavista, 443 hectáreas, Jurica 436 hectáreas, El salitre 290, Santa Rosa Jáuregui 242, San Pablo 38 (estos primeros cinco en el municipio de Querétaro); San Vicente Ferrer y Chichimequillas, con 131 hectáreas cada uno, San Pedrito el alto, 35 y Tierrablanca, 25 hectáreas, en el municipio de El Marqués.

En total son mil 771 hectáreas. Parcelas ejidales afectadas: 293. Predios particulares  afectados: 67. Además, en la zona hay 13 sitios arqueológicos, en ocho de los cuales se conservan edificios prehispánicos, por lo que el lugar tiene gran potencial turístico, de acuerdo con las autoridades.

Los ejidatarios plantean, en voz de don J. Marcelo García Trejo, Comisariado ejidal de El Salitre, “que si de ecología hablamos, pues los primeros que hemos protegido que destrocen los cerros, somos nosotros”.

Por su parte, el párroco del templo de Santa Ana de El Salitre, el cura Gabino Tepetate, manifestó que: “El territorio para los campesinos es mucho más que un pedazo de tierra (…) la tierra forma parte de su identidad cultural (…) si se les excluye a los indígenas y campesinos de sus territorios, se les está excluyendo de la vida”.

Don Marcelo señaló: “Vuelvo a repetir, estamos en desacuerdo con el gobierno porque lo que en realidad quiere no es una zona ecológica, sino apartar terrenos para empresas nacionales y extranjeras”.

Poco después de decir esto, don Marcelo recuerda que en el reparto agrario, la hacienda de El salitre quedó en manos de los ejidatarios, pero nunca les dieron los papeles.

En los años setenta, durante el sexenio de Antonio Calzada Urquiza, padre del actual gobernador, la hacienda fue dada en propiedad de doña Ángela Urquiza, familiar de ambos.

La desconfianza es larga en el campo queretano.

Nota bene: Ver Radiografías Municipales Querétaro 1, en TVUAQ, por internet.