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Ley de Aguas: Clama sociedad civil intervención de AMLO y la ONU

La Contraloría Social del Agua de Querétaro llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a movilizarse contra la Ley que Regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro a través de una acción de inconstitucionalidad.

Al mismo tiempo, el frente social hizo una petición similar a Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que, desde el ámbito de sus competencias, trabaje con el gobierno federal para echar atrás este proyecto que regula las concesiones en Querétaro y evitar futuras violaciones a derechos humanos”.

En su argumentación, la Contraloría Social del Agua señaló que la legislación aprobada en mayo pasado contradice a la misma Constitución y no garantiza el acceso al líquido como un derecho humano, por eso su entrada en vigor constituye una serie de “medidas regresivas”. Al estar ante una posible violación a los derechos humanos, es urgente que el Estado prevenga e investigue cualquier irregularidad, agregaron.

En las solicitudes enviadas el pasado 6 de junio se expone que “las autoridades locales ignoraron la solicitud formal de parlamento abierto, impulsada por 30 entidades colectivas, así como la solicitud formal de veto, cuya versión en línea recabó 3 mil 239 firmas” y que esta ley es desconocida por gran parte de la sociedad. A raíz de esto, desde el 27 de mayo se han levantado movilizaciones organizadas por el Foro Universitario de Sustentabilidad y Agua, la Red en Defensa del Agua y la Vida, organizaciones vecinales de poblaciones afectadas por la privatización y el Frente por la Soberanía Nacional.

Finalmente, en el oficio dirigido al presidente de la República se pidió que exhorte a su despacho a revisar el informe especial “Acaparamiento de lo Público, mercantilización de lo común” que habla sobre la situación de los servicios públicos en Querétaro; esto con el objetivo de que “pueda conocer a profundidad la gravedad de la concesión de dichos servicios en la entidad” y de esta forma reconsidere las declaraciones públicas de su conferencia mañanera del 24 de mayo, cuando señaló que no es de su competencia opinar de la ley promulgada en Querétaro.

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