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Ley de Aguas: La legalización de lo irregular se impone en el Congreso

La recién aprobada Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el estado de Querétaro llegó a “regularizar lo irregular”, enfatizó Claudia Romero Herrera, coordinadora de vinculación e incidencia de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro. Al mismo tiempo, consideró que la Legislatura del Estado legitimó un modelo de desarrollo urbano que sólo ha tenido consecuencias negativas al permitir que particulares brinden el servicio a través de concesiones

En su intervención durante el Spaces que Tribuna de Querétaro organizó en Twitter, la doctora en Estudios Interdisciplinarios por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) advirtió que con estas acciones se quita el poder y desmantela el Estado y hay un desequilibrio de poder: “al hablar del orden [para los particulares], lo que están diciendo es nos rebasaron y las tenemos que ordenar porque pues son el poder fáctico. Entonces es delicado”, apuntó.

Este modelo de aguas es preocupante, continuó, ya que en Bajo Tierra Museo del Agua han detectado que existen zonas donde ni siquiera ha habido cambios de uso de suelo y ya se proyectan organismos operadores privados del agua: “en las gacetas municipales están los permisos que se les están otorgando a operadores en tierras hacia Corregidora y hacia El Marqués que no tienen uso de suelo urbano, que no tienen asentamiento humano, que no tienen desarrollos urbanos construidos sin embargo, ya tienen una proyección de operadora privada de agua”, destacó.

Otro gran problema es que estos operadores, ligados a empresas inmobiliarias, se vuelven de facto autoridades intermediarias con la ciudadanía: “ordenar no quiere decir legalizar, dar un espaldarazo y hacer la norma. Legalizar quiere decir poner en orden y fijar la responsabilidad y por supuesto revocar y hacerse cargo de ese abastecimiento que le correspondía al Estado”.

Este modelo entonces está relacionado con afianzar un control territorial de ciertas empresas que tienen un negocio redondo al vender la tierra, casas, negocios y ahora también tienen la posibilidad de vender y suministrar el servicio de agua para bienes inmuebles. En otras investigaciones de Tribuna de Querétaro, se mostró que empresas como DRT sólo surten de agua a sus desarrollos y excluyen regiones aledañas.

En un informe publicado por Bajo Tierra Museo, Romero recuerda que gracias a esos “monopolios del agua” incluso se dibuja una frontera entre zonas con acceso al vital líquido y quienes carecerán de este. Otra gran preocupación es el servicio de saneamiento del agua, una responsabilidad que queda pendiente de atender por parte de los operadores.

Proteger mantos acuíferos, pide Rectora

Por su parte, la Rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, expresó su preocupación respecto a la capacidad de carga y el reabastecimiento de los bandos acuíferos, algo que cuestionó si realmente se incluyó en el proyecto votado el pasado jueves. En el Spaces de Twitter, la académica también indicó que se mantendrán al tanto para continuar los trabajos en lo que calificó, “un tema importante”.

Romero Herrera respondió la inquietud de la Rectora y señaló que de entrada no se muestra un diagnóstico real sobre los mantos acuíferos ni sobre otros aspectos de la realidad del agua en Querétaro, ya que al menos en las iniciativas originales, las preocupaciones se enfocaban en regular a los operadores privados, pero no en el manejo de agua residual, las fuentes de agua, su conservación o recarga.

Finalmente, Romero Herrera consideró que a pesar de los discursos que niegan la privatización, es el término adecuado: “es una necedad negar que es privatización porque ya el relator de Naciones Unidas lo nombró privatización en otros lugares donde se está peleando la misma lucha social sociohídrica, se llama privatización, o sea se puede probar facilísimo”, defendió.

Sin diagnóstico real: Ibarra

En tanto, María de Jesús Ibarra Silva, ambientalista y excandidata a la gubernatura, sostuvo que la urgencia de los legisladores locales era dotar de certeza legal a los desarrolladores inmobiliarios, ya que el proyecto discutido carecía de un diagnóstico real, hecho que también expuso Claudia Romero.

Ibarra Silva recordó que en el contexto de la reforma constitucional que permitió a los municipios de dotar el servicio de agua, éstos debían asociarse con los estados si tenían incapacidad técnica, de ahí que el surgimiento de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para proveer el servicio. No obstante, en los últimos años asistimos a una privatización cada vez recurrente del servicio. “No contaban con esas consideraciones basadas en un diagnóstico real de la situación, de la escasez, de la sobreexplotación etc. Entonces desde ahí las iniciativas carecen de validez de alguna manera porque no están sustentadas”.

Finalmente, lamentó la falta de apertura del gobernador Mauricio Kuri González, con quien no se ha podido comunicar; no obstante, sugirió que la iniciativa de la Legislatura local tiene el aval del Ejecutivo estatal, quien se sumó a la defensa de los intereses de grupos inmobiliarios, los también llamados “poderes fácticos”.

David A. Jiménez

Jefe de Información de Tribuna de Querétaro y reportero investigador del semanario desde 2014; me especializo en temas de política local y asuntos municipales. Maestrando en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), programa en el cual soy tesista sobre comportamiento electoral y reelección.

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Un comentario

  1. Me uno a los conceptos que estos personajes declaran acerca de la promulgada Ley de Aguas, a quienes el Emperador Kuri a calificado como malintencionados, descalificando sus declaraciones tanto técnicas como legales….

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