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Ley de atención a víctimas, inútil para la realidad estatal: Maricruz Ocampo

La Ley de protección a víctimas, ofendidos y personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro fue publicada en 2014, y tiene como finalidad, garantizar la protección de las víctimas, proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, desde cualquiera de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como de cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Querétaro es uno de los estados con mayor número de casos de violencia contra la mujer. Tan solo en este 2021, se han reportado hasta el mes de septiembre, siente feminicidios y 169 delitos contra la libertad y la seguridad sexual. La pregunta que resuena es si acaso la existencia de la Ley de protección a víctimas, ha sido eficaz y pertinente para atender a las víctimas o sobrevivientes de este tipo de delitos.

En entrevista con Tribuna de Querétaro, Maricruz Ocampo Guerrero, activista defensora de derechos humanos e integrante del Centro Latinoamericano para La Paz, la Cooperación y el Desarrollo, comentó la importancia de aplicar correctamente La Ley de atención a víctimas en el Estado, pues como está planteada y si bien está derivada de la ley nacional, la misma necesita del apoyo de los gobiernos locales para que sea bien aplicada:

Es una ley que considero tiene cosas muy positivas, pero que no ha sido implementada a 100 por ciento como debería ser, tenemos un fondo de atención a víctimas que obviamente no alcanza, lo hemos visto con casos de feminicidio, tenemos casos de víctimas que nunca ha sido registradas, creo que aquí si bien es una ley que en teoría protegerá los derechos de las personas que están implicados como víctimas u ofendidos, no tenemos todavía una conclusión sobre si tiene o no errores, pues no la hemos visto al 100.

Maricruz Ocampo Guerrero

La activista señaló que la ley está aterrizada a la realidad del Querétaro que se vive hoy en día, pero enfatizó la falta de presupuestos como la principal razón de su incorrecto aplicación: «Fíjate que yo creo que sí (está aterrizada en la realidad), de muchas maneras, porque es una ley que deriva de la ley nacional, pero a este nivel también tenemos un problemas porque las instituciones como la Comisión Especial de Atención a víctimas, no están contando con todos recursos que deben de tener.

Es una cosa (el presupuesto) que nos está afectando en todos los ámbitos, a mí me parece que es una ley que tiene muchas bondades, de verdad, me parece que tiene muchas bondades, pero que sin embargo, todavía al no contarse con todos los elementos para su cumplimiento, pues se vuelve muy difícil exigibilidad, entonces se tiene que hacer de amparo, o se tiene que hacer, pues casi suplicando la buena voluntad de las instituciones.

Maricruz Ocampo Guerrero

Maricruz también señaló el problema que se vive a nivel estatal con la instituciones: “en los casos que he acompañado de feminicidio, pues nos ha pasado que logramos que la que la Comisión Estatal de Víctimas haga acciones, pero no solicitándolo, sino a través del Instituto Queretano las Mujeres, pues me parece que tenemos un problema de coordinación de las instituciones (…) porque también la claridad, sobre a quién le toca qué, no está al 100 por ciento”.

Otro aspecto que señala la defensora de los derechos humanos, es cómo se abordan y se tratan los casos de atención a víctimas en la entidad, pues no se puede tratar por igual a todas: “se necesitan arreglar los reglamentos que son donde normalmente podemos ver que efectivamente se hagan las cosas, aquí en Querétaro por ejemplo, en La Sombra de Arteaga, se publicó hace poco en julio, un protocolo único de atención a personas y víctimas de violencia de género, por ejemplo, pero ¿por qué la de víctimas cubre a todo mundo?»

Ese protocolo, por ejemplo, estaba hecho por alguien que evidentemente no sabe de acompañamiento a víctimas, no comprende que se tiene que tener atención diferenciada dependiendo de cuál es la situación (…)  por ejemplo, en el caso de víctimas de violencia de género, no puede atenderse de la misma manera una mujer que está siendo violentada o que ha sido violada, son dos situaciones distintas, entonces ese tipo de discernimientos me parece que son de los que nos faltan, si tú no tienes personas con el conocimiento, se deben ocupar los recursos para atender, si te faltan abogados que tengan conocimiento no nada más de la ley, también de cómo identificar la violencia en condiciones particulares para evitar la revictimización, pues no nos va a servir de nada, por más buena que sea la ley.

Maricruz Ocampo Guerrero

La activista por los derechos humanos, indicó que es esencial reconocer las características individuales de cada víctima para que la reparación del daño y la aplicación de la ley sea acorde al caso y no generalizar: “… por supuesto que no se puede hacer una ley para cada persona, pero sí identificar condiciones particulares (…) para realmente poder efectuar lo que la ley de víctimas tiene como objetivo que es la reparación del daño”. En términos de utilidad Maricruz asegura que a nivel estado, la propia ley: “no está siendo útil”.

Yo creo que no (es útil), y una de las principales agresiones que se están cometiendo en Querétaro son las lesiones dolosas y casos de violencia familiar. Pero no tenemos todos los niveles, ya que si tú lo lees en la Ley de víctimas se les invita a decir si participar en mecanismos alternos de solución de controversia, donde casi que haces llegar a la fuerza a una mujer a una mediación con su agresor en términos de reparación del daño, a mí me parece increíblemente revictimizable.

Maricruz Ocampo Guerrero

Sobre las acciones que deberían tomar las autoridades, Maricruz señaló: “(…) en la Ley de Víctimas se debería de incluso tener de manera muy explícita que aquellas situaciones donde la víctima sufrió violencia directa por parte del agresor, no podría haber mediación, esto se haría para proteger a la víctima”.

Reiteró el problema de los presupuestos limitados en el estado: «una de las cosas que se tienen que identificar a la de ya, es el fondo para pago de reparación de daños, pues no veo en dónde exista un fondo específicamente, por ejemplo, para la atención de los hijos e hijas de mujeres asesinadas. Entonces eso debería de contemplarse, además de considerar un número suficiente de asesores y asesoras jurídicas especializadas; no puede cualquier abogado asesorar o acompañar a una víctima de violación u otros delitos de esta índole, porque en muchas ocasiones el mismo abogado no está capacitado correctamente y puede revictimizar preguntando a una víctima cosas del tipo ‘¿cómo ibas vestida? ¿por qué estabas en la calle?».

Maricruz Ocampo asegura que para que la ley sea aplicada de manera correcta, hace falta voluntad y auténtico respaldo por parte de las autoridades: «el tema de presupuesto para la correcta aplicación, yo estoy convencida de que uno pone dinero en las cosas que le interesan y son necesarias. Cuando veamos cuánto se le da de presupuesto (a esta ley) entonces sabremos si el gobierno realmente tiene interés en atender a las víctimas o no». Además, hizo una petición abierta, pues la ruta para mejorar la atención a víctimas, es el diálogo entre instituciones, colectivos y la sociedad: «yo creo que la ley no se ha aplicado del todo pues considero, que necesitamos iniciar trabajos coordinados entre las autoridades, que son finalmente quienes tienen la obligación de la aplicación, y las organizaciones de la sociedad civil, que son las que conocemos los casos”.

Fiscalía revictimiza en casos de violencia de género: Alicia Colchado

Alicia Colchado, activista defensora de Derechos Humanos, presidenta de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C. y exlíder del Partido del Trabajo en la entidad, Ariza, ha sido una de las promotoras de la activación de la Alerta por Violencia de Género en el Estado, ante lo que considera un evidente incremento de casos de muertes de mujeres por feminicidio desde octubre de 2015.

Colchado asegura que: “en el arduo camino elegido para lograr la visibilización, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, la Ley de Protección a Víctimas podía ser un instrumento fundamental, sin embargo, carece de perspectiva de género, así mismo ignora la visión pluricultural en la búsqueda justicia” (…) la Ley de protección a víctimas en el Estado, específicamente en su artículo ocho, asegura  que la víctima tiene derecho a la atención médica y psicológica de urgencia desde la comisión del delito y al tratamiento especializado que permita su rehabilitación física y psicológica, pero en realidad en el caso de Laura de 21 años de edad, que fue víctima de violación y (…) que decidió denunciar en la Fiscalía en el municipio de El Marqués con la esperanza de encontrar justicia, la joven fue revictimizada y nunca fue atendida”.

La presidenta de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C menciona que, lo establecido en la Ley de Víctimas en el Estado no se cumplió, Laura fue víctima de violencia de género y de violencia institucional, aspecto que para la activista es la peor de todas las violencias, pues ante el silencio de quienes tenían que brindarle ayuda, ella se quitó la vida.

Alicia asegura que: “ningún artículo de La Ley de Atención a Víctimas menciona la obligación de impartir justicia con perspectiva cultural antropológica, lo que deja a la comunidad indígena y en especial a las mujeres en estado de indefensión y vulnerabilidad. Como el caso de Araceli una niña de 12 años que fue víctima de violación y golpeada hasta casi morir, (que) fue abandonada en un paraje lejano en el Municipio de Amealco y murió después de nueve largos días de agonía”.

Araceli vivía en extrema pobreza, integrante de una familia indígena compuesta por 5 mujeres: madre, abuela, ella y dos hermanas, hablantes del otomí. La fiscalía tardó casi cinco años para completar el procedimiento y que el feminicida fuera sentenciado.

Pues como menciona la activista: “aunque el Artículo siete de los Derechos generales indica el derecho a la asistencia de forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado, (…) con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a la “no repetición, no hay mención a la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género y mucho menos con visión cultural antropológica”.

Araceli y su familia radicaban en una comunidad ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal, el traslado de ellas a la cabecera municipal fue siempre un sacrificio, la “asistencia pronta, oportuna, rápida, gratuita, sin importar el lugar en donde la víctima se encuentre” nunca se cumplió.

La falta de asistencia oportuna para las víctimas, concluyen ambas activistas, es la falta de presupuesto y voluntad. Las autoridades solo declaran que: “no hay personal, no hay presupuesto”, sin importantes lo que suceda con las víctimas. Mientras la estadística crece, la autoridad continua discutiendo presupuestos y reservándose las voluntades necesarias para impartir justicia pronta, humana y expedita.

Rodrigo Mancera

Periodista en proceso. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro; Prensa en la Liga Burócrata Bancaria de Querétaro. 21 años, celayense de nacimiento, chilango por convicción.

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