Ley de Identidad de Género: 9 años en el limbo

Afuera de la Legislatura parecía escena de “Los Simpsons” en donde grupos religiosos gritan: ¿alguien quiere pensar en los niños? Y todo porque este 30 de abril se discutió la llamada Ley de Identidad de Género y uno de los argumentos de la derecha era que iba a perjudicar a las infancias en su pleno día.

El sol de abril pegaba directo sobre la fachada del Poder Legislativo y hacía parpadear a quienes llevaban rato parados en la banqueta. Se formaron pequeños grupos. De un lado, personas que rezaban en voz baja y por momentos en coro: pedían al Espíritu Santo que “iluminara” a los diputados, en especial a quienes respaldarían la reforma. Del otro lado, activistas y acompañantes sostenían consignas breves y directas: “dignidad para las vidas trans”. No había confrontación física, pero sí una tensión sostenida, marcada por la distancia y el contraste de mensajes.

La jornada transcurrió sin incidentes mayores, aunque los accesos al recinto operaban con protocolos reforzados: venían de una sesión previa marcada por un zafarrancho durante el relevo en la dirigencia legislativa y esta vez el Congreso no quería otra imagen de desorden.

Un largo camino

Pero esta historia, que culminó este jueves 30 de abril, no empezó en el pleno ni en la votación. Arrastra casi una década de intentos fallidos. El primer registro está fechado el 10 de julio de 2017, cuando se presentó por primera vez una iniciativa para reconocer la identidad de género en Querétaro. Colectivos empujaron el tema desde entonces, pero el Congreso, con mayoría panista durante esos años, lo tenían en la banca, para usar términos mundialistas. No avanzaba o no se quería avanzar.

De 2017 a 2026, la discusión entró y salió del recinto legislativo sin resolverse. Pasó por tres legislaturas consecutivas sin alcanzar el pleno. Se quedaba en comisiones, detenida, congelada o desechada. El tema estaba ahí, pero no terminaba de cruzar el umbral político necesario para votarse.

El proceso tomó un nuevo impulso el 27 de enero de 2025, cuando se ingresó otra vez la iniciativa para reconocer la identidad de género mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil. Era la cuarta ocasión en que el Congreso local se enfrentaba formalmente al tema. Esta versión retomaba criterios ya definidos a nivel nacional: eliminar el requisito judicial y permitir la rectificación de documentos por la vía administrativa.

El dictamen finalmente avanzó el 22 de abril de 2026, cuando la Comisión de Administración y Procuración de Justicia lo aprobó y lo envió al pleno. Ocho días después, en una sesión larga, atravesada también por otros asuntos, el tema volvió a colocarse en el centro, más por el rezago acumulado que por novedad. La discusión ya no giraba en torno a si existía el derecho, sino a si el Congreso iba a seguir postergándolo.

La votación cerró el ciclo que llevaba años abierto: 14 votos a favor y 11 en contra. Tras casi una década detenida en el Congreso, la iniciativa fue aprobada.

En ese trayecto, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro jugó un papel importante. Bajo la conducción de Javier Rascado Pérez, presentó una iniciativa junto con colectivos y organizaciones civiles para reconocer la identidad de género autopercibida mediante trámite administrativo y armonizar el Código Civil con criterios de la Suprema Corte. La Defensoría empujó el tema dentro y fuera del Congreso: lo colocó en la agenda y presionó para que se dictaminara.

Afuera, cuando el resultado se conoció, quienes habían seguido el proceso durante años lo recibieron en silencio, de pie en la misma banqueta donde habían estado horas antes.

Así se votó

No fue un proceso rápido, pues hubo intervenciones y respuestas constantes por más de una hora entre la bancada de Morena a favor y del PAN en contra.

Andrea Tovar y Arturo Maximiliano fueron los principales quienes defendían la iniciativa, basándose en el respeto y la protección a los derechos humanos; por otro lado, Juliana Hernandéz y Luis Antonio Zapata tomaron el micrófono múltiples veces para rechazar la iniciativa, comentando problemas con terceros por los cambios de documentos y la posibilidad de que la iniciativa propuesta cambiara a futuro para incluir a las infancias, hecho que condenaba rotundamente.

Antes de la votación final, después de horas de debate y respuestas por parte de los diputados, hubo un último intento para congelar el voto por parte del diputado Enrique Correa Sada, quién a pesar de estar en muletas, subió nuevamente al estrado para sustentar una moción suspensiva que finalmente fue rechazada por la mayoría, dando pie finamente, a la votación.

El resultado fue de 14 votos a favor, por parte de Homero Barrera McDonald, María Blanca Flor Benítez Estrada, Claudia Díaz Gayou, Paul Ospital Carrera, María Eugenia Margarito Vázquez, Arturo Maximiliano García Pérez, Ulises Gómez de la Rosa, Georgina Guzmán Álvarez, Edgar Inzunza Ballesteros, Sully Yanira Mauricio Sixtos, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, Eric Silva Hernández, Andrea Tovar Saavedra y Rosalba Vázquez Munguía.

Los 11 diputados que votaron en contra fueron Perla Patricia Flores Suárez, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Teresita Calzada Rovirosa, Mauricio Cárdenas Palacios, Enrique Antonio Correa Sada, Guillermo Vega Guerrero, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Juliana Rosario Hernández Quintanar, María Leonor Mejía Barraza, Adriana Elisa Meza Argaluza y Luis Antonio Zapata Guerrero.

Cuando el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil, anunció que el dictamen quedaba aprobado en lo general y lo particular, el recinto estalló. Mientras el bloque del PAN se retiraba con rostros serios, en las galerías se escuchaba un sólo grito que resumía casi diez años de espera “YA ES LEY” algo que se escuchó adentro del recinto, en las escaleras de la entrada y afuera en la calle, donde la gente celebraba que después de casi una década, en Querétaro por fin se respetan las identidades trans.

¿Qué sigue?

Pero el cierre legislativo no garantiza el desenlace. El antecedente inmediato en Querétaro es la reforma que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo quedó detenida en el Ejecutivo. El gobernador saliente Francisco Domínguez Servién no la publicó; ya en el relevo, Mauricio Kuri González tampoco lo hizo de inmediato. La norma entró en vigor por una vía alterna, después de que la presión social forzó el desenlace.

Ese precedente marca el riesgo de esta nueva ley. Aunque el Congreso ya votó (14 a favor y 11 en contra), el proceso aún depende de su publicación en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga. Sin ese paso, la reforma quedaría en un limbo jurídico.

Por eso, el resultado de este 30 de abril no cierra la historia, sino que abre otra fase: la de la voluntad del Ejecutivo. En ese tramo se definirá si la ley se aplica sin obstáculos o si recorre el mismo camino que otras reformas que, aun aprobadas, tardaron en materializarse.