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Ley Garrote: Mantienen CNDH y DDHQ pugna contra penas vigentes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) mantienen acciones de inconstitucionalidad contra la denominada “Ley Garrote”, mismas que se encuentra pendientes de discusión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según el propio Poder Judicial.

El recurso de la DDHQ se identifica como 6/2021 y el de la CNDH como 104/2021; éste es posterior a la “contrarreforma” que se impulsó meses después de su publicación, ante la crítica por violaciones a los derechos humanos como seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito.

La “Ley Garrote” se trata de un paquete de reformas legislativas al Código Penal del Estado de Querétaro que el 30 de abril de 2020 fueron avaladas por la totalidad de la Legislatura local; el Ejecutivo hizo una serie de observaciones, mismas que fueron resueltas por los diputados para regresarla al pleno. Entró en vigor el 19 de diciembre de 2020, un día después de su publicación en La Sombra de Arteaga.

En este momento, las modificaciones de febrero de 2021 siguen vigentes en Querétaro, sólo que con penas menores a las originalmente planteadas por la Legislatura del Estado hace casi dos años.

Así quedaron las penas

En febrero de 2021 se llevaron a cabo las contrarreformas, con las cuales se disminuyeron las penas. Por ejemplo, el artículo 289 da de a 1 a 2 años de prisión a quienes impidan la ejecución de una obra o trabajos públicos por medio de “violencia física”, lo cual difiere de la edición anterior, que castigaba si se impedía tal ejecución a través de “actos materiales”, es decir, una categoría más amplia.

Asimismo, en el artículo 127 bis-1 se castiga “de tres a seis años de prisión o de tres a seis meses de trabajo a favor de la comunidad” a quienes incumplan pusieran en peligro de contagio a alguien, y no ambas sanciones, como estaba estipulado antes de las contrarreformas.

La DDHQ va contra 14 artículos del Código Penal de Querétaro, sin embargo, varios de ellos fueron modificados un mes después de ingresar la acción. En tanto, la CNDH, cuya presidenta es Rosario Piedra Ibarra, sólo va contra los 143 y 286, que hablan sobre prisión o trabajo comunitario por omisión de auxilio y pena de cárcel a quien no obedezca medidas de seguridad sanitaria o de protección civil.

Ambos artículos fueron “suavizados” pero mantienen la pena de cárcel. El 143 antes de junio de 2021 imponía de uno a cinco años de cárcel; después de junio de 2021 (cuando entró en vigor la contrarreforma) bajó a una estancia en prisión que iba de seis meses a un año: “la conducta descrita en el artículo 143 tiene una redacción imprecisa y ambigua que no permite conocer con suficiente claridad las conductas efectivamente prohibidas”, advierte el organismo.

La CNDH considera que dichos preceptos vulneran la seguridad jurídica, el principio de mínima intervención en materia penal y el principio de legalidad: “ambas disposiciones tipifican conductas que no deberían de ser sancionadas con el derecho penal, pues existen medidas menos lesivas para lograr el mismo objetivo que persiguen los preceptos combatidos”. El recurso promovido desde Querétaro por el organismo a cargo de Roxana Ávalos Vázquez está en la mesa de la ministra Yasmín Esquivel Mossa; en tanto, el de la CNDH corresponderá la ponencia al magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En ningún caso la SCJN da fecha estimada de discusión.

Cecilia Gabriela Velázquez

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. 23 años; amante del rock clásico.

David A. Jiménez

Jefe de Información de Tribuna de Querétaro y reportero investigador del semanario desde 2014; me especializo en temas de política local y asuntos municipales. Maestrando en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), programa en el cual soy tesista sobre comportamiento electoral y reelección.

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