‘Ley Guaruras’ se impone a Ley de Responsabilidades Administrativas federal
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que “los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación de seguridad”.
La reforma a las Leyes de Seguridad, de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, aprobada ‘fast track’ en el congreso local, difiere en algunas de las modificaciones realizadas a nivel federal para otorgar seguridad a funcionarios públicos, las cuales constan del mes de noviembre del año pasado.
La iniciativa de reforma a las Leyes previamente mencionadas, recibida el 12 de febrero de 2019 y aprobada el 19 de febrero, no delimita el tiempo en el cual un funcionario que labore en temas de seguridad estatal (secretarios, subsecretarios, vice fiscales, directores, etc.) pueda contar con los servicios de alguna corporación para su protección personal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Ángel Torres Olguín, subrayó que dichas reformas fueron para armonizarse con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; no obstante, en el artículo 53 de dicha Ley (federal), se establece que “los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación de seguridad (…) en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal salvo que la normativa lo contemple”, situación que contradice a la nueva legislatura del estado, la cual permite esta actividad incluso si el funcionario concluyó sus labores.
Torres Olguín justificó que esta iniciativa se aprobara de manera “exprés” debido a que, al tratarse de un tema modificado a nivel federal, “por ley y obligación constitucional”, tiene que pasar por las cámaras legislativas de los estados del país, por lo que en Querétaro no existía “otra alternativa” para los diputados locales al momento de discutir y aprobar las reformas.
Así mismo, calificó de “totalmente falso” que las reformas aprobadas por el Pleno de la LIX Legislatura del estado de Querétaro, pretendan otorgar seguridad personal vitalicia a los funcionarios del gabinete estatal; sin embargo, los cuatro artículos de la iniciativa aprobada abren la posibilidad de proveer este servicio al funcionario en materia de seguridad “que considere necesario” estando ya fuera de funciones sin especificar algún periodo temporal. Así mismo, deslinda la justificación de estas designaciones a los titulares de las instituciones de seguridad, al fiscal General o al secretario de Seguridad Ciudadana.
Por otra parte, el diputado Hugo Cabrera Ruiz anunció que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estas reformas, debido a que las consideró violatorias de las garantías de igualdad establecidas en la Constitución Federal, mismas que tienen como objeto evitar privilegios injustificados de funcionarios públicos.
