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Llaman la atención a SSPM de SJR por impedir manifestación de damnificados

La DDHQ emitió una recomendación tras comprobar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río impidieron a vecinos de la colonia Manantiales salir de su propio fraccionamiento para manifestarse en la Presidencia Municipal.

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) acreditó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río bloquearon la salida de la colonia Manantiales para evitar que quienes habían sido afectados por las lluvias de septiembre de 2017 acudieran a la Presidencia Municipal para exigir apoyos sociales.

“Como resultado de las investigaciones realizadas durante la integración del expediente de queja DDH/317/2017, esta Defensoría tiene por acreditadas violaciones a los derechos humanos de libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad personal, legalidad y seguridad jurídica de varios quejosos, así como de otro más por la violación a su derecho a la integridad y seguridad personal”, detalla el documento oficial.

Estas violaciones son imputadas a Wilfredo Pérez González, Jesús Mendoza Vega, Israel Lugo Reséndiz, Constantino García Gálvez, Graciela Azucena Mejía Herrera y Aracely Anais Rangel Zúñiga, policías adscritos a la corporación municipal.

Hechos

El 3 de octubre de 2017 vecinos de la colonia Manantiales sostuvieron una reunión con el objetivo de exteriorizarle a personal de la Secretaría de Desarrollo Político de la administración municipal sus peticiones e inconformidades en relación con los apoyos que estaban entregando a los damnificados por las inundaciones ocurridas en la ciudad durante el mes de septiembre.

Al no encontrarse de acuerdo con las propuestas realizadas por el personal de dicha Secretaría, los colonos decidieron trasladarse a la Presidencia Municipal a efecto de manifestarle directamente sus preocupaciones al alcalde; sin embargo, elementos policíacos les impidieron la salida de la colonia con el bloqueo los accesos con unidades de patrulla y culminando en la detención y posterior puesta a disposición ante el Juzgado Cívico Municipal de ocho ciudadanos.

El mismo día se publicó en la cuenta de Facebook “Obture Press Agency” una nota que denunciaba la desaparición de un fotoperiodista, detenido por la policía municipal de San Juan del Río en la colonia Manantiales, mientras ‘El Universal Querétaro’ realizó una transmisión en vivo que daba a conocer que cómo se impidió la manifestación.

Ante estos hechos, la autoridad emitió una respuesta con el oficio número ST/DJ/0829/2017 signado por Arely Patricia Rodríguez Ley, directora Jurídica Municipal de San Juan del Río, quien indicó que los arrestos se dieron por faltas administrativas que alteran el orden público al causar escándalo en la vía pública, faltas que afectan la tranquilidad, integridad y seguridad personal por dirigirse a alguna persona con frases o ademanes groseros y poner en riesgo la integridad física personal, la seguridad de los peatones y conductores de vehículos y faltas que afectan la prestación de los servicios públicos.

Además, en el informe SSPM/DSP/JSO.II/T.I./3316/2017 aseguran que encontraron un grupo de personas que incitaban a los colonos a realizar una manifestación en la Presidencia Municipal y habían bloqueado la vía principal de acceso, por lo que los elementos intentaron disuadir a dichas personas de manifestarse.

Sin embargo, esta información no fue corroborada en las comparecencias de los policías involucrados, pues no realizaron declaración alguna, ni aportaron ningún otro medio de prueba.

En contraparte, los afectados entregaron 17 fotografías y un video en las cuales se ve primero una reunión entre vecinos, quienes idean el traslado a la Presidencia; después se escucha a personas pedir que se retiren las patrullas; posteriormente se aprecia el altercado sobre la calle de varios individuos con elementos de seguridad pública, ahí se observan ocho policías y seis patrullas, una de las cuales bloqueaba el paso vehicular.

La DDHQ verificó que las personas, número de patrullas y lugares observados en las imágenes coinciden con lo estipulado en los diferentes expedientes citados. Derivado “de las circunstancias en que se dieron los hechos se desprende también que la actuación tuvo que haber derivado de una orden jerárquica superior”.

Entre las inconsistencias detectadas está que se extendió en exceso el tiempo entre la detención de los arrestados y su puesta a disposición ante el juez cívico: el tiempo varió por cada uno de los detenidos entre 2 y 6 horas; por lo que queda la interrogante sobre dónde se encontraban los ciudadanos.

Sumado a esto, una de las detenidas fue evaluada en una clínica privada, en donde manifestó haber recibido contusiones al momento de su detención por parte de un elemento policiaco; además, presentaba dolor en la parte derecha de la cadera, lo cual coincide con diversos testimonios, los cuales señalan que una de las policías, Graciela Azucena Mejía Herrera, la “pateó en la espalda y cadera”.

Ante estos hechos, la Defensoría recomendó se dé inicio a las investigaciones correspondientes a afecto de deslindar responsabilidades; que instruya a su personal sobre su obligación legal de colaborar en todo momento con esta institución y que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal diseñe e implemente un programa de formación en materia de derechos humanos y seguridad pública.

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