Magistrados electos al vapor
Algunos de los magistrados que ejercen hoy en día, no cuentan con la experiencia o conocimientos marcados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por: David A. Jiménez
El pasado 11 de diciembre de 2015, día previo de la aprobación a la reforma a la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, que entre otras cosas fue impulsada por el gobernador Francisco Domínguez y pone como tope 42 mil pesos las pensiones, los magistrados Basilisa Balderas Sánchez, Arturo González De Cosío Frías, Carlos Manuel Septién Olivares, Araceli Dolores Aguayo Hernández, María de Lourdes Portillo Coronado. Juan Ricardo Jimenez Gómez y hasta hace unos días, Celia Maya García, solicitaron su jubilación con el fin de mantener una pensión de 146 mil pesos, salario mensual que percibían.
El 23 de diciembre de 2015, se publicó en el periódico oficial La Sombra de Arteaga un decreto que nombraba como nuevos magistrados propietarios a Juan Ricardo Ramírez Luna, Alfonso Jimenez Campos, Greco Rosas Méndez, Leticia de Lourdes Obregón Bracho, Cecilia Pérez Zepeda y Mariela Ponce Villa, mismos que fueron electos por todos los grupos y fracciones legislativas, salvo Morena, de entre 22 aspirantes.
Esa misma edición, incluye los decretos que concede las pensiones de 146 mil pesos a los –ahora- magistrados jubilados que prestaron su servicio al poder ejecutivo hasta por 38 años, 10 meses y 25 días como es el caso de Araceli Dolores Aguayo Hernández.
Las críticas por los nuevos magistrados surgieron a partir de la revisión de sus currículos, pues varios de ellos cuentan con una experiencia en organismos electorales o en la administración pública.
El perfil profesional requerido para ser magistrado en un estado, incluye conocimiento de las ramas civil, penal y mercantil, según el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo los seis nuevos magistrados designados en diciembre por la LVIII Legislatura han ejercido principalmente en el ámbito electoral y docente.
Por si fuera poco, algunos han sido partícipes durante el último año en gobiernos estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dando a entender que el Poder Judicial tendrá una relación con el Ejecutivo al momento de ejercer su labor.
Del mismo modo, la magistrada Celia Maya denunció el 5 de enero pasado que el reparto de salas del Tribunal se hizo desde el 24 de diciembre de 2015 por iniciativa de la presidenta del mismo, Consuelo Rosillo, sin tomar en cuenta los perfiles propios de cada uno. Juan Ricardo Ramírez Luna tiene carrera política en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre los que resaltan Secretario General, de Acción Electoral y secretario Jurídico. En lo laboral ha sido desde mecanógrafo en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y docente hasta secretario Ejecutivo del Consejo General –del entonces- Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) así como director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno estatal en el sexenio del priista José Calzada.
También parte de la administración calzadista, Alfonso Jiménez Campos se desempeñó como subsecretario de gobierno en dicho sexenio. Asociado en dos despachos en el Distrito Federal a fines de la década de los setenta y en 2003 fundador de la firma “Jiménez, Márquez, Sentiés, Reyes Retana, S.C.” en Querétaro; a la par se ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro desde 1992 y otras instituciones.
Greco Rosas Méndez hasta hace poco se desempeñaba como subsecretario de gobierno en el gabinete del gobernador, Francisco Domínguez. Fungió como representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el IEQ. También fue auxiliar de Comunicación Social y Oficial Mayor en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ). Apoyó en materia de estadística y ecología en distintas legislaturas locales. Actualmente se encuentra en la Segunda Sala Penal.
Hoy se encuentra en la Primera Sala Civil, Cecilia Pérez Zepeda quien cuenta con experiencia en materia electoral. Fue Magistrada Presidenta del TEEQ al igual que Secretaria Ejecutiva, Consejera Electoral, Presidenta Consejo General en el proceso electoral 2009, entre otras en el IEQ entre 2003 y 2010.
Mariela Ponce Villa pasó a la Primera Sala Penal después de trabajar desde 2008 como Juez de Primera Instancia Especializada en Justicia para Adolescentes. Dicha designación fue cuando su esposo, el actual secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres era titular de la PGJE. Su currículum publicado en La Sombra de Arteaga destaca 21 años de antigüedad en el poder Judicial, pero no se especifican sus funciones.
Leticia de Lourdes Obregón Bracho fue nombrada Magistrada Supernumeraria en 2013. Con 22 años de servicio en el Poder Judicial, Obregón Bracho ha sido Actuaria, Secretaria de Audiencias, de Incoaciones, de Acuerdos, Juez de Primera Instancia y Juez del Sistema Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, último cargo que tuvo antes de incorporarse como magistrada en la Sala para Adolescentes del TSJ.
Los nuevos magistrados ejercerán hasta diciembre de 2018, teniendo posibilidad de reelegirse por otros nueve años según la Constitución Local.
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