Más de 100 mil víctimas por culpa del Estado

Son casi 132 mil personas quienes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, durante el año de 1965 hasta 1990, según el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), el cual realizó, durante el periodo de 2021 hasta 2024 alrededor de 148 viajes por 23 Estados de la república, con el objetivo de recopilar los archivos y testimonios que componen a este escrito.

El Estado fue el causante de aquellas violaciones cometidas en contra de los derechos humanos hace más de 50 años, desde el Ejército mexicano y los representantes del poder ejecutivo hasta las policías locales, fueron los responsables de por lo menos once violaciones graves: detención arbitraria, prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, etc. Se identificaron 8 mil 594 personas como víctimas, de las cuales, solo 3 mil 800 pudieron ser reconocidas por nombre, en cuanto a las víctimas por desplazamiento forzado interno, se contabilizaron poco más de 123 mil víctimas, de las que solo se pueden nombrar puntualmente a 760, según lo expuesto en el informe.

Otras de las conclusiones que se presentan en dicho documento derivan en que “fue una violencia sistemática y organizada, no fueron manzanas podridas o excepcional violencia, sino que había operativos diseñados para aniquilar a las guerrillas, para controlar a los partidos disidentes y para violentar a los campesinos que lucharon por la tierra”, además, “las víctimas no solo fueron personas vinculadas a la guerrilla o partidos disidentes, sino que hubo muchas más víctimas que fueron invisibilizadas como periodistas, mujeres, personas de disidencia sexo genérica, entre otros”, expuso Fernández Dávalos, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El informe está dividido en seis volúmenes, que en conjunto suman poco más de 2 mil hojas, las cuales albergan el resultado de la investigación iniciada en febrero del 2022, en donde se trató de rescatar y exponer que ocurrió, por qué, quienes son los responsables y que hacer para que esto no vuelva a suceder en el país. “Empezamos tanto en archivos públicos y privados, como levantando entrevistas a víctimas y familiares, hicimos más de mil 200, algunas de seis u ocho horas”, mencionó el maestro David Fernández Dávalos, uno de los comisionados del MEH.

El tiempo fue un factor importante en la realización de esta investigación, pues se debían realizar los procesos en tiempo y forma para lograr un trabajo detallado y respetuoso durante los tres años en los que se trabajó, sin embargo, esta no fue la única limitante, “hablaría en este momento de dos dificultades mayores, quizá tres, la primera es que todavía hay miedo para hablar, a mí me ha sorprendido, hace 50 años que pasaron muchas cosas y aún hay miedo, una segunda, es que están muriendo los testigos y víctimas, en estos años de S investigación, por lo menos se murieron diez personas, pero quizá la dificultad mayor fue que el ejército no permitió que entráramos con libertad a sus archivos, nos negó información y mutiló algunos archivos”, declaró el Coordinador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.

Este informe tiene una importante relevancia actualmente pues “hemos encontrado muchas cosas que son muy importantes para el día de hoy, sobre todo para entender el presente sangriento y violento del país, la primera es que nunca se castigaron las violencias del pasado, segundo que las instituciones que se crearon para dar seguridad política al estado son las mismas instituciones y una tercera, es que los métodos de la contrainsurgencia se transmitieron al crimen organizado y por eso es que hoy lo tenemos, desbordado en su crueldad”. Respondió en entrevista el Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, David Fernández.

Fue el 6 de octubre del 2021 cuando, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador creó la comisión de la verdad con el objetivo de cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos. Ante esto, el maestro David Fernández Dávalos responde:

¿Cómo hacer para que estas violaciones a los derechos no vuelvan a ocurrir?
Estamos haciendo alrededor de 150 recomendaciones en nuestro informe, dirigidas como a 26 o 28 autoridades, por ejemplo, el Estado tiene que reconocer que cometió estos crímenes y ofrecer una disculpa pública a las víctimas, pero de cara a cara, no en abstracto como lo hizo la presidenta ahora en torno a la matanza del 68, es decir, está bien que lo haya hecho, pero también tiene que hacerlo el ejército, tiene que decir el nombre de las víctimas y de los perpetradores, además de llevarlos a la justicia, que sería la segunda recomendación, la cual se basa en llevar a los tribunales a los aproximadamente 500 involucrados para que se les castigue, aunque sea públicamente. Además, también se debe continuar con las investigaciones, nosotros solo cubrimos 25 años, entonces quedaron muchas cosas fuera.

¿Cree que las disculpas del Estado y del ejército se darán en este sexenio o aún falta para que esto ocurra?
Sí, yo creo que, si se puede, fue un buen inicio, muy insuficiente, el que la presidenta un día después de haber tomado posesión haya ofrecido una disculpa, ya dije que fue insuficiente, pero es un buen comienzo. Tiene que pasar esto para que se logre una recomposición de las relaciones cívico-militares.

¿Cuál ha sido la reacción de las personas que brindaron su testimonio ahora que el informe ya fue publicado?
Algunos colectivos, los colectivos más vinculados con el movimiento político militar de la guerrilla socialista, se sintieron defraudados en cierta medida porque nuestra investigación no se limitó a los y las víctimas de los contextos político-militares o estudiantiles, sino que fuimos a ver a otras víctimas que habían sido tradicionalmente invisibilizadas. Otros, en cambio, vieron con mucha esperanza y con mucho gozo el que pudiéramos recoger sus historias.

Por último y para dejar en claro “la agenda de verdad y justicia no depende de la buena voluntad de los gobernantes, ya probamos nosotros que con un decreto y una instrucción presidencial se nos negó el acceso a archivos fundamentales como del Estado Mayor presidencial y del campo militar número uno, aunque el comandante de las fuerzas armadas mande las cosas, esto no va a ocurrir si no hay una movilización presidencial”, culminó el comisionado David Fernández.