Más irregularidades en el caso “El Tortilla”

Pese a encontrarse preso, Miguel Urbina “El Tortilla” fue notificado de la imputación de un segundo delito por lesiones dolosas

Por: Noé Girón / Isamar Cabrera

A dos años de que José Miguel Urbina Franco, “El Tortilla”, fue encarcelado en San José el Alto acusado del homicidio de un integrante de la porra del América, el proceso jurídico se ha tornado irregular y de cualidades “kafkianas”, pues Miguel fue notificado de la imputación de un segundo delito por lesiones dolosas cuando ya estaba en prisión, advirtió Arnulfo Moya Vargas, abogado defensor de Urbina Franco.

“De repente, así como de esas historias kafkianas, un día por la mañana le comunican que han iniciado un nuevo proceso por el delito de lesiones. Los mismo hechos, el mismo día, las mismas circunstancias falsas de pretender que, a principios de enero de hace dos años, él hubiera cometido también el delito de lesiones contra el joven Julio César Juárez Martínez (testigo del crimen)”, manifestó Arnulfo Moya.

El litigante puntualizó que esta notificación (de la cual este medio posee una copia) ocurrió el 18 de octubre de 2013, cinco días después de que él y la madre del joven, doña Ofelia Franco, se reunieron con el gobernador José Calzada Rovirosa para pedirle su ayuda para revertir la “injusticia” contra José Miguel y así poder conseguir su pronta liberación.

Un día después (14 de octubre), se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), magistrado Carlos Septién Olivares, pero la situación y el panorama no han cambiado. El proceso judicial  sigue plagado de irregularidades, afirmó el abogado.

Para Arnulfo Moya Vargas, la imputación del segundo delito (lesiones dolosas) contra Miguel fue “fabricada” por la procuraduría para justificar su trabajo, hecho que a su parecer suma más irregularidades al proceso.

La acusación del delito se presentó después de que la entonces Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) reconociera la tortura infligida a Miguel Urbina por tres agentes ministeriales; lo cual implica que el proceso es irregular, por lo que Miguel debería ser liberado.

Ante esto, la Procuraduría inició un juicio administrativo ante estos tres agentes ministeriales, pero hasta la fecha no se ha castigado a los responsables.

Sin sanciones, el proceso no se puede declarar ‘irregular’.

Aquí inició la acusación y aquí se tiene que aclarar

Otra irregularidad, ocurrida de junio de 2013 a la fecha, consiste en que el juez sexto de primera instancia penal, Arturo Ugalde Rojas, ha querido trasladar, dos veces, el caso al Distrito Federal, bajo el ‘argumento’ de que allá viven dos de los principales testigos. Esta situación, consideró Moya Vargas, carece de argumento “legal” o “constitucional”.

“Afortunadamente, en el Distrito Federal, el juez XVI en materia penal le ‘enmienda la plana’ en dos ocasiones y le instruye y le dice que no debe de trasladarse hasta allá el proceso, dado que aquí inició la acusación y que aquí se tiene que aclarar. En ese sentido, estamos en espera de que el juez proporcione fecha para desahogar esos testimonios”.

El abogado de Miguel Urbina enfatizó que los testimonios de José Gabriel Martínez Olivos y Julio César Juárez Martínez son “importantes”, porque hace dos años otorgaron una descripción “muy diferente del probable responsable” del crimen, que no coincidía con la estatura, el color de piel ni el peso de Urbina Franco.

Se necesita sentencia contra los torturadores

El abogado defensor espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante un caso similar de tortura, en el que tampoco se ha sancionado a los responsables.

“En este momento, la moda que campea en el sistema judicial es que mientras no haya una sentencia en contra de los funcionarios que cometieron el acto de tortura, el juez no puede considerarla como una causa para terminar el proceso. La Corte va a resolver si, en un caso similar al de José Miguel Urbina, el hecho de que exista la tortura pero no exista sentencia en contra de los funcionarios es suficiente para invalidar un proceso.

Una resolución a favor de la corte obligaría al juez a ordenar la liberación inmediata de José Miguel Urbina. El caso que se discutirá este año ocurrió en Oaxaca.

“Para mí, inclusive desde este momento, él podría hacerlo, porque si bien no tenemos una sentencia en el sentido formal y material del término, es decir, que un juez hubiera sancionado a los dos oficiales aprehensores, sí tenemos una resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la queja 185/2012, que determinó que había la responsabilidad y ordenó a la Procuraduría que emitiera un acuerdo de responsabilidad, que en términos materiales viene a ser una resolución, aunque sea administrativa.”

A pesar de que el juez sexto penal que llevaba en un principio el juicio fue sustituido, no se han presentado sanciones contra los responsables de la tortura.

Finalmente, Arnulfo Moya expresó que, a pesar de la acusación de ser responsable de “lesiones dolosas” iniciada contra “El tortilla”, él puede quedar libre si se declara la nulidad del proceso.

{loadposition FBComm}