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Morena y la intervención kafkiana del TEPJF

Además, esta determinación del tribunal es inconstitucional pues viola el artículo 41 de la Constitución en lo relativo a la autodeterminación de los partidos políticos.

En una pesada, insólita, inédita, ilegal e inconstitucional intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la vida interna de un partido político, el pasado 20 de agosto de este año, dicho tribunal emitió una sentencia en la que obliga a Morena a renovar dos cargos de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la presidencia y la secretaría general, a pesar de que el proceso electoral 2021 ya inició desde la primera semana de septiembre y de que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) impide la renovación de dirigencias partidistas una vez iniciados los procesos electorales nacionales y a pesar de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

Sólo estos dos últimos hechos bastarían para afirmar que los únicos que tienen prisa para renovar dichos cargos en Morena son seis de los siete integrantes del tribunal (que son los que votaron a favor de la sentencia, pues uno de ellos se opuso).

Además, esta determinación del tribunal es inconstitucional pues viola el artículo 41 de la Constitución en lo relativo a la autodeterminación de los partidos políticos.

Morena debería haber renovado a todas sus dirigencias (nacional y estatales) en octubre-noviembre del año pasado y de hecho inicio su proceso con la realización de asambleas distritales para elegir a sus consejeros estatales (una asamblea por cada uno de los 300 distritos federales). El proceso ya llevaba un 70 por ciento de avance, es decir, ya se habían realizado 210 asambleas distritales cuando el TEPJF paró en seco el proceso aduciendo como pretexto problemas con el padrón de Morena. Es así que Morena se haya en esta situación por culpa del mismo tribunal, que, en vez de parar un proceso electivo ya muy avanzado, debería haber ordenado reponer aquellas asambleas en las que se comprobaron irregularidades o no se llevaron a cabo.

Una vez interrumpido el proceso de elección, la máxima autoridad de Morena en absoluto, su Congreso Nacional se reunió el 26 de enero de este año para suplir las vacantes que había en su CEN, eligiendo a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente y a otros miembros del Comité cuyas carteras estaban acéfalas.

Esta nueva dirigencia debería de haber conducido el proceso de renovación. Sin embargo, el primer contagio de COVID-19 en México llegó a finales de febrero. A partir de esa fecha el número de contagios y fallecimientos ha aumentado rápidamente por lo que las autoridades sanitarias del gobierno federal instrumentaron la campaña de la sana distancia y otras medidas relativas.

En este contexto, para Morena era imposible cumplir con la ruta estatutaria para llevar a cabo la renovación de sus dirigencias pues el proceso inicia con la realización de las 300 asambleas distritales, a las que acuden, en promedio, entre 400 y mil 200 afiliados (el primer número para los estados más pequeños, como Querétaro y el número más grande para los estados más densamente poblados, como Ciudad de México o el Estado de México). Como tantas otras actividades, a nivel mundial, ésta también se debería haber suspendido hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran pues es un enorme riesgo para la salud y por encima de los derechos político-electorales de algunas personas, está el derecho a la vida y a la salud de las personas.

Nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, aquí es donde entra la mano pesada de los seis magistrados del TEPJF al empecinarse, de manera absurda, en que Morena debe cambiar a sus dos cargos principales en su CEN, a pesar de violar flagrantemente su estatuto y a pesar de la pandemia.

 

anbapu05@yahoo.com.mx

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