Municipios: cuna de la irresponsabilidad política
El cambio de estafeta de las administraciones municipales dejó en evidencia múltiples irregularidades en la mayoría de los municipios
Por: Víctor Pernalete
El pasado 1° de octubre las administraciones municipales de Querétaro llevaron a cabo su cambio de gobierno para los próximos tres años. Para buena parte de los municipios, ha sido un alivio el que los anteriores presidentes municipales hayan dejado sus cargos.
Y es que los últimos tres años han tenido como principales protagonistas a los malos gobiernos municipales, que han dejado hipotecado el futuro de sus territorios.
Los argumentos están en las últimas cuentas públicas entregadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) o incluso, en la voz de las nuevas autoridades, que han lamentado las condiciones en las que han tomado la estafeta de gobierno.
Uno de los casos es el del municipio de Corregidora, donde diversos actores políticos, entre ellos Antonio Zapata Guerrero, actual presidente municipal, han denunciado los supuestos actos de corrupción cometidos por el anterior edil, Carmelo Mendieta Olvera.
Zapata Guerrero declaró recientemente que la deuda dejada por la administración priista saliente es de 70 millones de pesos, lo cual tiene virtualmente parada la administración del municipio, por lo que indicó que solicitará un empréstito, al que denominó PRI-Carmelo, esto a pagar durante las próximas cuatro administraciones.
Entre las deudas que tiene Corregidora, está un pasivo laboral de casi seis millones de pesos, y que además tienen una demanda de 25 millones de pesos, por parte de un particular, debido a la presunta falta de pago de terrenos, en donde se encuentra el ICATEQ y parte del Libramiento Sur-Poniente, aunque aclaró el edil que esa deuda no es de Carmelo Mendieta.
Además, la ESFE ha entregado las fiscalizaciones realizadas a Corregidora, la última de ellas en el periodo que comprende entre el 1° de enero y el 31 de junio de 2011, y destacan observaciones que refieren a un desvío de recursos de más de 90 millones de pesos, la omisión del registro de 13 ejemplares caninos con un valor de 305 mil pesos en total, compensaciones fuera de ley por 915 mil pesos para funcionarios de primer nivel, entre otras.
El Marqués, también con problemas
Otro municipio conurbado que presenta problemáticas en su administración saliente es El Marqués.
Enrique Vega Carriles, del Partido Acción Nacional (PAN), regresa a la alcaldía tan sólo tres años después de haber entregado la administración al priista Rubén Galicia Medina.
En el primer semestre de 2011 se tienen observaciones de la ESFE que muestran el pago de hasta 40 mil pesos a trabajadores con puestos como asistente, una plaza que no paga más de tres mil pesos. También se llevó a cabo el pago de las colegiaturas en favor de un regidor, por 30 mil pesos, algo prohibido por ley.
A 24 personas contratadas por honorarios se les pagó cerca de cuatro millones de pesos, si bien la entidad fiscalizadora no pudo comprobar la existencia física de los trabajadores ni las funciones que realizan dentro de la administración.
Para el segundo semestre del mismo año, se refiere un déficit presupuestal de 83 millones de pesos, pago de beneficios sociales irregulares por más de cuatro millones de pesos, la presencia de 39 presuntos “aviadores” con una erogación de más de seis millones de pesos, el pago de beneficios a regidores por dos millones de pesos e incluso, la compra de 233 mil pesos de material de construcción que fue adquirido particularmente por un regidor del municipio.
Tequisquiapan y su ingobernabilidad
Antonio Macías Trejo, ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se hizo de la administración de un municipio que demostró graves problemas de ingobernabilidad en los últimos tres años.
La crisis se ha llevado por delante las arcas municipales, porque la Entidad Superior de Fiscalización del Estado no tuvo benevolencia al exponer los malos manejos en Tequisquiapan: movimiento irregular de personal, cuatro “aviadores” que ganaron 391 mil pesos en total, 23 millones de pesos de déficit presupuestal y partidas sobregiradas por 36 millones de pesos son sólo algunas de las observaciones que forman parte de la cuenta del segundo semestre de 2011.
Por si todo esto fuera poco, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) cortó hasta en un 70 por ciento la presión en el servicio de agua potable para el municipio de Tequisquiapan, esto por una deuda de tres millones 800 mil pesos que se arrastra desde 2009.
Antonio Macías junto a su Ayuntamiento acordaron presentar un convenio a la CEA para poder resolver la situación, esto como una de sus primeras acciones de gobierno.
San Juan del Río, la misma tendencia
Gustavo Nieto Chávez sorprendió a todos con su lengua enredada cuando llevaba a cabo el protocolo en la sesión solemne del pasado 1° de octubre, en la que entregó la estafeta del municipio San Juan del Río a Fabián Pineda Morales.
Minutos después, fue brevemente entrevistado a la salida del recinto sobre las irregularidades de su administración, a lo que respondió “todo se solventará”, mientras despedía un fuerte olor a alcohol.
En su cuenta pública del primer semestre de 2011, la ESFE muestra irregularidades en el municipio, entre las que destacan erogaciones fuera de ley en concepto de prerrogativas para regidores por dos millones de pesos, adjudicaciones de contratos fuera de la ley, el pago de 42 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para cubrir servicios personales o la rifa de cuatro vehículos y una casa habitación entre ciudadanos, y sólo beneficiando a dos en particular, para premiarlos por el pago en tiempo de su impuesto predial, sin que esto esté previsto por la ley.
José Luis Aguilera Rico, ex diputado local de Movimiento Ciudadano y actual regidor de la capital queretana, dedicó parte de sus esfuerzos durante sus tres años de trabajo legislativo para hacer evidentes las irregularidades en San Juan del Río y recibió por ello en su momento amenazas del propio Gustavo Nieto para que guardara silencio.
Recientemente, la tienda departamental Liverpool abrió una nueva sucursal en San Juan del Río, esto en medio de acusaciones de tráfico de influencias por parte de autoridades del municipio para la venta y la regularización de los terrenos en los que se construyó.
Colón: facturas apócrifas y traspasos a cuentas personales
Al seguir con el viaje por los municipios, otro de los que destaca por una oscura administración es Colón. Como en los pasados casos, es la Entidad Superior de Fiscalización del Estado la encargada de mostrar las irregularidades del gobierno que recientemente dejó Víctor Alonso Moreno.
Al panista lo persiguió la sombra de la corrupción durante prácticamente todo su mandato, y destaca el préstamo por casi 20 millones de pesos que recibió el pasado 14 de julio de 2011, sin contar con el permiso ni de su Ayuntamiento, ni de la Legislatura del estado, entidad que resuelve si se puede o no solicitar empréstitos.
También se refiere, en la cuenta del segundo semestre de 2011, el pago de tres millones 128 mil pesos por concepto de asesoría financiera, sin embargo, se presume que la factura es apócrifa, ya que no se encuentran registros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El déficit financiero de Colón ascendió a 55 millones de pesos, y aún así, se encontraron traspasos a cuentas personales, a nombre del oficial mayor, el secretario privado del presidente, su secretario particular y del mismo presidente municipal, Víctor Alonso Moreno, por la cantidad de 980 mil pesos.
Por último, se presume un desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por 382 mil pesos, para pagar playeras, asesoría legal y pago de asistencia a un congreso de contralores en Puerto Vallarta.
La Sierra no está lejos de las irregularidades
Cerrando el viaje por los municipios de Querétaro, están Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, localidades serranas que también mostraron problemas en sus administraciones.
Recientemente, Gilberto Pedraza Núñez, nuevo diputado del XV distrito local, denunció las problemáticas que viven dichos municipios.
En el caso de Jalpan de Serra, los regidores se adjudicaron un bono de 135 mil pesos al final de la administración, aún siendo un municipio que había manifestado problemáticas financieras. Además, el tesorero del municipio se adjudicó una liquidación de 435 mil pesos al terminar su periodo.
Jalpan de Serra sufre además por las deudas de impuestos, ya que debe cinco millones de pesos en el ámbito estatal y cuatro millones en lo referente a la federación, además de que se perdió un litigio, que tiene que ver con el mercado del municipio, por 15 millones de pesos.
Por último, y de acuerdo a Pedraza Núñez, Pinal de Amoles vendió injustificadamente 24 vehículos propiedad del municipio, esto para pagar las liquidaciones de parte de su personal al momento de terminar la administración.
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